Evaristo Soler Cardona, al que el Seprona acusa de un delito contra el medio ambiente por fondear sobre una planta marina protegida. Pasó a amenazar tanto a la concejala de Medio Ambiente como a dos funcionarios.“Te espero con la escopeta reforzada que tengo”, “pasaré por tu casa, pero iré de noche”, “tengo muchos amigos mafiosos rusos y a los políticos corruptos se los manda a la mafia”, “Sant Josep tiene muchos bosques y la maleza es un combustible excelente”. También está condenado por intimidar a un grupo de voluntarios.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de publicar el mapa con la ubicación de las viviendas de uso turístico legales de la ciudad, que ascienden a 1.008 inmuebles, la mayoría de ellos ubicados en el centro. Según los datos aportados por el propio Consistorio, el 92% (13.502) de los 14.699 establecimientos turísticos que operan a día de hoy en Madrid son VUT; sin embargo, tan solo 941 operan con licencia municipal (contando con los 151 que se encuentran en fase de tramitación). De este millar de VUT que funcionan con licencia, el 15,67 % se localiza

Los polémicos jinetes que llevan días escandalizando a la opinión pública de Mallorca han decidido, de nuevo, encaramarse sobre sus majestuosos caballos y, ataviados con sus mejores galas deportivas, jugar un partido de polo ilegal en sa Barralina. elDiario.es ha comprobado que este viernes varios jugadores han disputado otro encuentro en el campo de polo ilegal construido en suelo rústico cuyas instalaciones fueron precintadas en 2017.

Alberto González Amador multiplicó por diez el coste declarado de la obra después de que un funcionario del Ayuntamiento de Madrid rechazase su primera declaración responsable. La reforma llevó a cabo importantes demoliciones en el inmueble pese a los informes contrarios de los técnicos.

Nuevos datos sobre las obras en el piso de Alberto González revelan la inacción del Ayuntamiento que ni siquiera notificó algunos de los requerimientos de los técnicos de urbanismo y que aún no ha enviado inspectores a la vivienda.El punto de partida es el registro de una solicitud de declaración responsable que Alberto González presenta el 4 de agosto de 2022 para unas obras de “acondicionamiento puntual de vivienda”. Los trabajos consisten en la demolición de tabiques, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, alicatados y sani

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2023 que limitan a 15 años el plazo de actuaciones contra obras ilegales en la costa. De este modo, estima el recurso de inconstitucionalidad promovido por Gobierno central contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley gallega (Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas). La magistrada Laura Díez Bueso ha sido la ponente.

Las obras de construcción de un hotel de lujo junto a la playa de La Tejita, una de las últimas sin masificar de la isla de Tenerife y que cuenta con un espacio protegido para salvaguardar su paisaje dunar, han estado acompañadas de polémica desde que el Ayuntamiento de Granadilla anunció, el día de Navidad de 2015, que iba a concederles licencia. En aquel momento el alcalde era Jaime González Cejas, del PSOE, que después fue procesado por varios delitos relacionados con la corrupción.

La comunidad de un bloque en la calle Toronga denuncian la "pasividad" en el control del Ayuntamiento de Madrid, en una planta de 800 metros cuadrados que no admite el uso residencial, después de elevar varias denuncias a distintos organismos de control municipal: "Es pura especulación"

En la isla de Eivissa proliferan los contratos cortos, a pesar de que la Ley de Vivienda obliga a un mínimo de cinco años de vigencia. "Quieren echarnos para alquilar las casas en plan turístico o para cobrar el doble de lo que pagamos ahora", lamenta Sonia, una de las afectadas

La justicia ha ordenado desmontar el Eje Verde de Comte Borrell impulsado por Ada Colau, como ya hizo con el de Consell de Cent. En una sentencia, a la cual ha tenido acceso Efe este viernes, la jueza ha revocado otro acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona por el cual se aprobó este Eje Verde al concluir que no se podía tramitar como una obra ordinaria: para convertir una calle en zona peatonal, había que modificar el Plan General Metropolitano (PGM). Da así la razón a la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona (Barcelona Oberta)

El caso del peaje del Huerna viene de lejos. La denuncia, que interpuso en su momento Podemos, con Dani Ripa al frente, fue admitida a trámite en 2021, al considerar esta fuerza política, hoy en el grupo mixto, que es ilegal que Aucalsa siguiese cobrando el peaje hasta 2050. Aquella ampliación que tuvo lugar en el año 2000, con un gobierno popular presidido en ese momento José María Aznar, sin que hubiese concurso público, lo que motivó la citada denuncia al conocer Podemos el precedente de Galicia.

Un informe señala que un 30% de los centros concertados, los más grandes, cobra pese a recibir suficientes fondos públicos del Estado. La cuota media se encuentra entre los 680 y los 860 euros al año por alumno.

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como para un subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, al considerar que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del exdiputado del PP Álvaro Gijón.

La organización que la Guardia Civil da por desarticulada se dedicaba a suministrar motores de alta potencia que grupos de narcotraficantes del sur de España usaban para sus transportes en el Estrecho de Gibraltar y en aguas internacionales. Además del tráfico de droga, las mismas embaraciones eran usadas para el traslado ilegal de emigrantes desde África hasta la península.

Un grupo de activistas ha entrado este jueves en las obras de construcción de un hotel en la playa de La Tejita, situado en el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife, y ha paralizado las tareas de construcción de parte del complejo en su sección más cercana al mar porque, esgrimen, “vulnera la legalidad” al afectar a una zona de “dominio público terrestre”. Las obras, que habían sido paralizadas, fueron reanudadas por la empresa a principios de marzo alegando que podía hacerlo según cuatro sentencias del TSJC.