El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), institución dependiente del Estado, deberá pagar a Caixabank -entidad que se quedó con Banco de Valencia por un euro tras su rescate, previa inyección de 4.500 millones de euros- otros 20 millones de euros por el esquema de protección de activos que le otorgó a la entidad en 2012. Esta cantidad se une a la ya pagada en los últimos dos años cuando el Estado tuvo que hacer frente al pago de otros 93 millones de euros.