El Gobierno ha justificado que se multe con 6.000 euros (210.000 total) a los activistas antitaurinos que impidieron la celebración de un festejo de toro embolado en 2015 en Olocau del Rey (Castellón) porque se trata de un delito tipificado en la Ley de Seguridad Ciudadana. El Ejecutivo contesta así a una pregunta escrita del senador Carles Mulet representando a la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA) sobre las multas de 6.000 euros impuestas por la subdelegación del Gobierno en Castellón a cada uno de los 35 activistas.

La polémica Ley de Seguridad Ciudadana aprobada con el único apoyo del Popular, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, considera las acciones de protesta en los actos públicos como graves, sancionables con multas de hasta 30.000 euros. Sin embargo, a partir del 10 de abril, la Policía Nacional ya podrá actuar contra las manifestaciones antitaurinas frente a las plazas de toros