La actividad parlamentaria de Montoro abre la puerta a un posible conflicto de intereses. Entre las preguntas parlamentarias que presentó en el año 2007 y 2008 figuran las referidas a la propiedad de los mercados de electricidad y gas y a los mercados de petróleo en los meses de octubre y noviembre de 2007.

Una denuncia de Eusko Alkartasuna sobre el antiguo frontón de La Esperanza ha puesto el foco en el armazón clientelar jeltzale, fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas y diseñado para distribuir subvenciones y contratos públicos entre las bases del partido, cuyos militantes más jóvenes luego son recolocados en la administración.

Más de veinte asociaciones de amigos de los caminos de Santiago, una patronal de albergues privados y varios colectivos vecinales expresarán mañana su oposición a los proyectos de Altri para una celulosa en Palas de Rei, de Atalaya Minning para reabrir la mina de cobre de Touro y a la línea de alta tensión que promueve Red Eléctrica Española pasando por Angueira do Castro, cerca del Castro Lupario . Los tres proyectos se sitúan próximos a algunas de las principales vías jacobeas.

Una cadena de correos electrónicos de altos cargos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria revela que un letrado del Tribunal Constitucional filtró información al Ministerio de Cristóbal Montoro. 'Este es el recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos contra la Ley de Contratos del Sector Público', especifica un email dirigido a un alto cargo del Ministerio

La sentencia del TJUE sobre la ilegalidad del tramo autonómico de Hidrocarburos supone una presión adicional

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que a diferencia de la AJFV y la APM es de corte progresista, defiende también "renovar el CGPJ con la regulación actual". Sin embargo, el viceportavoz de la asociación, Edmundo Rodríguez, contempla la fórmula que proponen Sumar y Podemos. "Si renovar con el sistema actual no es posible, el Parlamento tendrá que tomar algún tipo de medida. Una de ellas es rebajar las mayorías", expone Rodríguez

La Asociación Profesional de la Magistratura y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han instado este lunes a los dos principales partidos políticos del país --PSOE y PP-- a que lleguen a un acuerdo para poder avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Tendrá que ser posible (...) la situación es insostenible", ha señalado la presidenta de la APM, María Jesús del Barco.

En esa fecha, el 21 de enero de 2015, el juez Pablo Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no estaba formalmente personada ni acusada en la causa. Un email, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que no estaban personados en la causa.

El correo de la cúpula de Hacienda ocho meses antes de la detención: "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”. "Rodrigo Rato sí presentó 720 [Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero]. Hemos pedido a la AEAT la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado y te entregamos, por si hay alguna errata que corregir", especifica un email dirigido al entonces ministro de Hacienda.

Correos electrónicos en poder de un juez de Tarragona ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda trató con el exministro las opciones que podían ofrecer al juez Pablo Ruz sobre la posible imputación de un delito fiscal al PP. Estos ponen de manifiesto que la cúpula de la Agencia Tributaria trasladó al exministro de Hacienda las opciones que podían dar al juez sobre un posible delito fiscal del PP: "Ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez

Si volviéramos al sistema de que los vocales del CGPJ de extracción judicial fueran elegidos por sus pares, el Consejo tendría siempre mayoría conservadora y elegiría siempre para la cúpula judicial magistrados mayoritariamente conservadores, lo que implicaría siempre una interpretación conservadora de los valores superiores constitucionales. Lo que sería contrario al pluralismo y a la doctrina constitucional de que el CGPJ debe reflejar también “el pluralismo existente en el seno de la sociedad”.

“Esta actitud constituye una presión intolerable que coarta la libertad de prensa y atenta contra el derecho a la información veraz de los ciudadanos que consagra la Constitución”, afirman ambas organizaciones en un comunicado conjunto. La FAPE y la APM “exigen a Rodríguez que rectifique en el marco de la relación de respeto que debe primar entre políticos y periodistas” y han puesto a disposición de elDiario.es sus servicios jurídicos.

Declara inconstitucional los topes a la compensación de las bases negativas, pero no será retroactivo.

Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo han reclamado este martes a los partidos políticos que "deroguen o anulen" la Ley de Amnistía de 1977 y han pedido a la Administración de Justicia que investigue los crímenes contra la Humanidad cometidos por la dictadura de Francisco Franco

La fiscal, encargada del macrosumario sobre la trama Púnica, entre otros procedimientos, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de obtener respaldo a su intención de practicar una serie de diligencias que el responsable no veía necesarias. Buscaba reclamar al juez que se dirigiera a la Agencia Tributaria y defendía que había indicios de revelación de secreros en esos emails, con datos de periodistas y políticos.

Ángel Toirán, condenado en 2007 a 14 años de cárcel, regularizó 90.000 euros en noviembre de 2012, semanas después de salir de prisión; es el primer narco conocido en la lista secreta de amnistiados, condenado en 2007 a 14 años de cárcel, regularizó 90.000 euros en noviembre de 2012, semanas después de salir de prisión; es el primer narco conocido en la lista secreta de amnistiados.