El sindicato USO denuncia ante la Inspección de Trabajo que la empresa dejó de abonar a sus casi 2.000 vigilantes de seguridad en un periodo de 3 años más de 20 millones de euros en aplicación de un convenio que ha sido anulado por los tribunales.El escrito relata el periplo judicial que ha tenido esta empresa, vinculada al empresario Miguel Ángel Ramírez, persona cercana al PP y al exministro José Manuel Soria y a la que la reforma laboral del Gobierno de Rajoy de 2012 abrió las puertas para abaratar las nóminas de sus trabajadores..

El M. de Defensa ha vuelto a prorrogar los contratos para la seguridad de sus instalaciones a la empresa ‘low cost’ Marsegur (ahora Novo Segur). Lo hizo en diciembre renovando los servicios para el Ejército de Tierra y tres días después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la AN en la que declara nulo el convenio aplicado por esta empresa a sus trabajadores;el Congreso aprobó en Septiembre una proposición no de ley instando al Ministerio a rescindir los contratos con dicha empresa;los trabajadores califican de “fraude de ley"..

La empresa calificada como de seguridad 'low cost' Marsegur, relacionada según los sindicatos con Miguel Ángel Ramírez, ha implosionado esta semana después de muchos meses en la cuerda floja con una huelga que han secundado una gran mayoría de sus 1.500 empleados y que ha afectado especialmente en el Ministerio de Defensa, uno de sus principales clientes con quien en enero se adjudicó un contrato de 15 millones de euros

El Congreso de los Diputados ha pedido este martes al Ministerio de Defensa que rescinda el contrato que mantiene con la empresa que presta servicios de seguridad privada a sus edificios y organismos autónomos, acusada de imponer "precarias" condiciones laborales a sus trabajadores. Marsegur es una empresa que "maltrata" a sus trabajadores y sus derechos laborales recortándoles el sueldo hasta un 40 por ciento, retrasándose en el pago de las nóminas o incumpliendo las sentencias que han anulado el convenio laboral.

Las compañías 'pirata', que pueden pagar a los trabajadores por debajo del convenio colectivo, roban espacio a las grandes que no pueden hacer eso.