El expresident ve en la última petición del juez para que diga si ha recurrido la sentencia que le retiró la inmunidad un aviso de que el Supremo puede irrumpir en las conversaciones sobre la investidura

El magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha acordado este jueves en una providencia tener por presentadas las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular para que se reactiven las euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el ex conseller Antonio Comín, pero establece que resolverá sobre las mismas cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos pueden presentar

El partido de extrema derecha ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo con el que fuerza al juez a pronunciarse sobre los 3 eurodiputados, y pide su detención para poder ser juzgados en España. Si finalmente se reactivan, se convertirían en las cuartas euroórdenes contra los dirigentes independentistas en el exilio. De momento, después de la sentencia del TGUE ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se han pronunciado, y no tienen un plazo para hacerlo.

Carles Puigdemont afronta una semana clave para su futuro judicial. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) publicará este miércoles la sentencia sobre la inmunidad del expresident como eurodiputado. La decisión judicial, de importancia para la reactivación del proceso de extradición del ahora europarlamentario de Junts, se emitirá en un contexto político de alto voltaje: España acaba de estrenar la presidencia del Consejo de la UE y la campaña electoral del 23J arrancará un día después del fallo europeo.

El juez Pablo Llarena ha emitido este miércoles una orden de detención española contra Clara Ponsatí, después de que la exconsellera optara el pasado 24 de abril por no presentarse ante el Tribunal Supremo. En un comunicado, Llarena apunta que la también eurodiputada no ha justificado con ninguna "causa legítima" el motivo de su plantón a la justicia española.

El magistrado del Supremo aparece como titular único en una cuenta de VP Bank de OP Liechtenstein, siendo beneficiario de 8 depósitos de 250.000 € y fechados en septiembre de 2020, por un importe total de 2 Millones de euros.

Tras cinco años huida por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O, la exconsellera regresó a España el pasado 28 de marzo y fue detenida en Barcelona. La exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí ha ignorado este lunes al magistrado Pablo Llarena y no ha acudido al Tribunal Supremo. Llarena había citado a Ponsatí a las once de la mañana para tomarle declaración como procesada por un presunto delito de desobediencia por el 1-O, pero según ha confirmado ella misma a través de redes sociales, se encuentra ya de vuelta en Bélgica.

«Tengo otras cosas a hacer«. Esta es la respuesta de la ex consejera de Enseñanza al exilio, Clara Ponsatí, ante la citación que tiene con el juez instructor de la causa del Proceso, Pablo Llarena, este lunes al Tribunal Supremo. La también eurodiputada de Libras por Europa dejaba entender que no se personaría ante el magistrado para responder a la imputación de desobediencia que le plantean por su participación en el gobierno del Primero de Octubre. La voluntad de Ponsatí es no presentarse, del mismo modo que hizo en su visita en Barcelona...

Los fiscales del 1-O han recurrido la decisión del instructor del procés, de no atribuir a los huidos del 1-O el delito de desórdenes públicos. Los fiscales han recurrido el auto de Llarena porque consideran que cuando se vayan a cursar de nuevo las euroórdenes frente a los fugados, en aras del principio de doble incriminación y de que en el futuro juicio los huidos puedan ser acusados del delito de desórdenes públicos agravados, se les debe atribuir ahora ese nuevo tipo delictivo.

«La justicia tiene que administrar justicia y los políticos legislar conforme a nuestra escala de valores», dice María Jesús Montero

Llarena ya ha aplicado la reforma del Gobierno. Ante la derogación de la sedición, los hechos son ahora subsumibles en un delito de desobediencia, pero no en el de desórdenes públicos agravados que introduce el Ejecutivo. Así, mantiene el procesamiento del expresidente catalán por malversación y cambia la sedición por desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel y deja sin efecto las euroórdenes y las órdenes nacionales e internacionales de detención que estaban dictadas contra contra Puigdemont y los otros cuatro procesados.

El juez Llarena caracterizado como Manolo "el del mazo"

Marchena (mediante el texto alternativo a la sentencia de Ángel Hurtado), se cita a sí mismo en una sentencia que acabó siendo impugnada por el Constitucional español. Y lo hace para recuperar esta parte del texto que escribió en 2017 y que habría querido aplicar a Tamara Carrasco: “La extensión actual de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación intensifica exponencialmente el mal de las afirmaciones y mensajes que, en en otro momento, podrían haber limitado sus efectos perniciosos a un grupo de destinatarios reducido y ...

La intención de ERC es evitar que Puigdemont pueda recuperar la legitimidad como líder del independentismo que ha ido perdiendo con su "exilio" en Waterloo, por lo que confía, tras la charla de ayer entre los dos presidentes, que de su negociación con el Gobierno se evite que el dirigente de JxCat acabe juzgado en España. "Puigdemont no volverá. Sánchez encontrará una salida, interesa a todos", aseguran fuentes del Govern.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que la decisión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que defiende que hace falta demostrar que hay "deficiencias sistémicas" en el sistema judicial del Estado para rechazar las euroórdenes contra los líderes independentistas reclamados por el 1-O, es una "mala noticia".

El alto tribunal ha anulado la condena a 7 años de prisión que el Tribunal Superior de Castilla y León impuso a un hombre por abuso sexual continuado a una mujer con discapacidad psíquica que residía en un centro en el que él trabajaba al estimar que las relaciones sexuales mantenidas fueron consentidas.

Lo mismo defendieron el fiscal español, Fidel Cadena; la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, y la representante del partido ultraconservador Vox, Marta Castro, que insistieron en que al entrar a cuestionar este aspecto se pone en juego el principio de cooperación judicial y de confianza entre los estados de la Unión Europea. "La ejecución de la euroorden es un principio, la denegación de la ejecución, una excepción", ha dicho Castro.

Llerena, una localidad del sur de Badajoz de algo menos de 6.000 habitantes asiste atónita y cada vez más enojada al deterioro asistencial de una de sus joyas sociales: un hospital general, de funcionamiento prácticamente intachable durante décadas, que cubre una población de unas 44.000 personas de varios pueblos

Ahora la nueva abogada del estado, Andrea Gavela , se encontrará con el destrozo jurídico que esto significó, y tendrá un papel difícil en la vista oral si se plantea esta contradicción. Habrá que ver hasta qué punto todo ello se traslada en el fondo de las cuestiones que están en juego, en las respuestas que el TJUE dé a Llarena sobre los motivos que pueden justificar la denegación de una euroorden, sobre el riesgo de violación de derechos fundamentales en caso de extradición, sobre el cuestionamiento del Supremo como tribunal competente

El vicepresidente del TGUE considera que no se pueden ejecutar las órdenes del juez Llarena

Al acto han acudido entre otros rostros conocidos de la magistratura la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith.

La Fundación Villacisneros ha galardonado al magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, con su premio anual «en reconocimiento a su trabajo en defensa del Estado de Derecho». Se lo entregará el próximo 16 de noviembre, en un acto en Madrid. Uno de los apartados del decálogo en los que basa su actividad la Fundación Villacisneros es la defensa del Estado de Derecho porque «sin ley y sin separación de poderes no hay democracia, solo su respeto asegura la convivencia pacífica».

Pablo Llarena lo ha intentado de todas las formas posibles para tratar de sentar a Carles Puigdemont en el banquillo. El juez del Tribunal Supremo no ha podido contra toda la maquinaria estatal de dos países como España e Italia, que han puesto todo tipo de barreras para evitar la entrega del fugado de la justicia y expresidente de la Generalitat. La primera vez, hace una semana, Llarena se encontró con la barrera de la Abogacía del Estado. Tal y como afirmó en su oficio, la orden europea de detención estaba en vigor y Puigdemont...