“Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Este es el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad de 1986. Y a ese artículo hay que volver, en palabras de los colectivos que han estado luchando contra el Real Decreto 16/2012 de Rajoy que supuso un recorte en el acceso universal a nuestro sistema.

"Hacer ley el lema que tanto han repetido en años de lucha las mareas blancas: la sanidad pública no se vende, se defiende". Ese es el espíritu, en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, de la futura norma de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Cuando vea la luz verde pondrá "coto", añadió, al "lucro incesante de las diferentes formas de gestión" sanitaria y dará a su vez "carpetazo" a la normativa que hasta ahora había permitido el "beneficio obsceno" de las empresas privadas.

El proyecto de ley ampliaría el acceso a la sanidad a todos los migrantes residentes en España, aunque estén en situación irregular.

"Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha expresado, en declaraciones en los medios que han tenido lugar en el marco del 'I Foro de Salud Pública. Una salud a futuro', organizado por la Fundación para la Investigación en Salud.

El viceconsejero de la Sanidad madrileña hasta el pasado 23 de noviembre, Juan José Fernández Ramos, fichó a los pocos días de su salida del Gobierno regional por la filial española de Dedalus, una de las proveedoras de soluciones tecnológicas de salud digital más grandes del mundo. Él mismo publicita en sus redes sociales, desde diciembre, su nuevo cargo en esta empresa del sector sanitario como «gerente senior de desarrollo de negocio»

Las autoridades locales han ordenado levantar varias mesas con urnas durante la votación, pero gracias a la resistencia de los voluntarios, sólo lo han conseguido en dos. Rel: menea.me/29exk

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros del próximo martes, 14 de junio, aprobará una ley para evitar que se “privatice” la sanidad pública en España.

En el punto de acceso al aborto, el objetivo de Igualdad es que se siga garantizando el derecho individual del personal facultativo a la objeción de conciencia pero proteger, asimismo, que esa objeción no obstaculice la interrupción voluntaria del embarazo. La fórmula, similar a la de la Ley de Eutanasia, debe garantizar que haya personal disponible, evitando así la derivación de esa interrupción del embarazo a la sanidad privada. Con la ley, se exigirá que los médicos y facultativos que se declaren objetores también lo sean en la sanidad priva

Las Leyes Ómnibus son leyes “oportunistas” como las Leyes de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado que aprovechan la urgencia con el que se tramitan al final de cada año, para aprobar variados contenidos que tenían poco que ver con la materia presupuestaria. Pues bien, la Comunidad propone una Ley oportunista que pretende modificar de una tacada unas 36 leyes autonómicas y siete decretos, ¡y se presenta con carácter de urgencia! a final de año a pesar de que llevaban preparándola desde 2020.

El Ministerio de Sanidad debatirá la próxima semana con sociedades médicas y asociaciones civiles, en el marco del congreso que celebra el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la actualización de la nueva ley del tabaco y de productos dispensadores de nicotina. Entre otras cuestiones, la nueva ley pretende prohibir fumar en las terrazas y accesos a los edificios públicos, como hospitales, concejalías y delegaciones de Hacienda, y ampliar los espacios sin humo.