La historia de Santa Comba de Naves, cuyo origen se remonta como mínimo al año 888, giró abruptamente en el siglo XIX. Las sucesivas desamortizaciones cuestionaban las ingentes propiedades de la Iglesia. Fue el caso. El lugar quedó abandonado. Hasta que, en 1906 y mediante subasta, el tatarabuelo de Artur Iglesias se hizo con él, según figura en un documento de compraventa. La familia Iglesias litiga ahora con su actual propietario, que lo adquirió en 2015. La Diócesis de Ourense, que lo inmatriculó 15 días después de asegurar que no era suyo.

El Obispado negó ser el titular de un cenobio en ruinas cuando la Administración le requirió que limpiara la zona y meses después lo traspasó a un inversor. Una familia reclama su propiedad

El Congreso español admitió a trámite una solicitud presentada por los partidos Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión parlamentaria que investigue los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica. El Partido Popular y Vox votaron en contra. A su vez, la Fiscalía General del Estado decidió centralizar todas las denuncias.

En la provincia de Cuenca se inmatricularon 669 bienes entre 1998 y 2015

La conferencia episcopal niega a TV3 la apropiación indebida de ninguna propiedad a pesar de lo que dieron a enteder los medios después de la reunión con Pedro Sánchez. Por lo que no se espera la devolución de ninguna de las propiedades por parte de la iglesia.

Después de un trabajo de años y decenas de reuniones de la comisión creada para este asunto, el Gobierno ha logrado que la Iglesia española admita que al menos un millar de los 14.000 bienes (sin contar los templos) que inmatriculó de forma extraordinaria a partir de 1998 aprovechando la reforma de José María Aznar no son suyos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, se han reunido este lunes en la sede de esta organización para sellar el acuerdo por el que

Los obispos han registrado desde el año 1900 más de 4 millones de metros cuadrados de terreno rústico y urbano en la comunidad foral, según un nuevo y exhaustivo informe elaborado por la Consejería de Justicia.

Muchos municipios que no disponían de escrituras han perdido sus camposantos en beneficio de los obispos aunque siguen haciendo frente a los gastos de mantenimiento de lo que históricamente ha constituido un servicio público. De ninguno de ellos, la Iglesia tenía prueba documental de dominio, más allá de la tradicional afectación religiosa del camposanto y la autocertificación del obispo.

Los vecinos de Son Rapinya han acudido a la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía para recuperar la plaza Vicari Josep Llinàs, inmatriculada por la Iglesia en 2015 (vea aquí las fotos de la plaza), una apropiación «fraudulenta», según la Associació Son Quint-Parc natural de Ponent, que anteriormente había denunciando este caso al Ayuntamiento sin obtener resultados.

¡Menudo negocio con las entradas para visitar templos constando como donación! “Un negocio brutal”. Además cualquier monasterio, catedral, iglesia, ermita o torre “se puede vender”, comenta radiofónicamente Raquel Ortiz, de Valencia Laica.

La mayoría de los obispados y cabildos imponen tiquets de dos a diez euros por visitar fuera de los horarios de culto las seos cuya posesión han ido anotando a su nombre y que a menudo han sido rehabilitadas con fondos públicos

El diputado Francisco Déniz resalta que la plaza "fue inmatriculada por la Diócesis de Canarias en 1985 al amparo de la Ley Hipotecaria preconstitucional de 1946"

EH Bildu y ERC han presentado una iniciativa conjunta en la que reclaman al Gobierno español que haga pública la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en tres meses y habilite los mecanismos necesarios para que los legítimos titulares los recuperen.

La Generalitat Valenciana ha puesto la lupa en el patrimonio de la Iglesia. La Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez ha solicitado por carta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dependiente del Ministerio de Justicia la relación de los inmuebles u otras posesiones que se haya apropiado la Iglesia en la Comunitat Valenciana entre los años 1996 y 2015.

Era una de las inmatriculaciones de la Iglesia católica, conforme una ley de 1946 que les concedía privilegios para obtener la titularidad de fincas. Este terreno, que aparecía en los catastros como «Plaza de la Virgen de los Reyes, 6», era, nada más y nada menos, que la catedral de Sevilla, e incluía la «parroquia del sagrario de la Catedral y las dependencias anexas», según el Registro de la Propiedad 8 de Sevilla. En sus 22.914 metros cuadrados se incluía la Giralda y el Patio de los Naranjos. Actos parecidos han sucedido unas 35.000 veces..

La Iglesia católica ha inscrito 3.722 inmuebles a su nombre en Cataluña, sin ningún título que acredite su propiedad, según ha informado hoy jueves el Govern.

La inmatriculación por la Iglesia de los bienes del arte prerrománico asturiano, tal como ha revelado Público, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la propiedad del patrimonio histórico español. Tres juristas, dos medievalistas y un ex ministro de Cultura examinan aquí una cuestión trascendental para el enorme tesoro arquitectónico y artístico privatizado de facto por el Vaticano

cuesta comprender por qué 30 años después, cuando solo el 22% de las bodas se celebran bajo el rito católico, la mitad de los bebés quedan sin bautizar, España se sitúa en el puesto 16 de los estados menos religiosos del mundo, y solo un 13,9% de los españoles acude a actos religiosos con cierta frecuencia, incluso los gobiernos de izquierda se siguen mostrando remisos a dar el paso.