El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha absuelto al magistrado Miquel Florit, quien ordenó controlar los móviles de dos periodistas de Mallorca y varios listados de llamadas, aunque la sentencia considera probado que, con tal fin, dictó cuatro resoluciones injustas.

El juez Miguel Florit se enfrenta a 42 años de inhabilitación en el juicio que se celebra el próximo jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Balear

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado declarar la jubilación voluntaria anticipada del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miguel Florit, en respuesta a la solicitud realizada por el magistrado. El pasado 14 de noviembre, el CGPJ ya certificó que Florit, acusado por el conocido como 'caso Móviles', cumplía todos los requisitos para poder jubilarse de manera anticipada el 31 de enero de 2020.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha notificado este viernes un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el magistrado Miguel Florit, y contra el Estado como responsable civil subsidiario, por la incautación de móviles a redactores que cubrían el caso Cursach.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares quiere juzgar al juez que instruye el caso Cursach, Miquel Florit, por ordenar la requisa de móviles a periodistas. En un auto dictado hoy miércoles, se le acusa de cuatro delitos: prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista y por interceptación ilegal de comunicación. La magistrada concluye en su auto que la medida de interceptación de comunicaciones y teléfonos a los periodistas..

En más de un año desde que asumió la instrucción, Miquel Florit ni siquiera ha abierto el armario donde siguen bajo llave los miles de folios del sumario del caso Cursach, pero se ha dedicado a indagar posibles irregularidades de la investigación sobre la trama mafiosa, arriesgándose a invalidar las actuaciones judiciales. El juez incluso ha recibido una reprimenda del Tribunal Superior de Baleares por no presentar una exposición razonada de las imputaciones contra los que le precedieron.

Los más de 40 empresarios de Palma y Calvià que fueron víctimas de las operaciones policiales mafiosas al servicio del "rey de la noche" B.T. Cursach han tenido que soportar en silencio las amenazas, coacciones y chantajes de esa organización criminal como califica el macro-informe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Pero ya no pueden más y han decidido pasar al contraataque, en vista de que el nuevo juez de la causa –Miquel Florit– está tapando los informes de la Policía y Hacienda sobre esa gigantesca trama de corrupción.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau y el juez que investiga al empresario Bartolomé Cursach declararán como imputados ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) por la denuncia judicial derivada de laincautación de teléfonos móviles a periodistas de las Islas que informaron del caso, uno de los escándalos más sonados de los últimos años.

El juez del caso Cursach, Miguel Florit, pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia EFE en Baleares y de las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación judicial. Lo hizo con el argumento de que "todavía no está identificado el autor o autores de la filtración" de un informe fiscal.

El magistrado que instruye el caso Cursach, Miquel Florit, revocó el pasado 21 de diciembre la decisión de intervenir los móviles y dispositivos de almacenamiento de información y documentos de dos periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press que había ordenado diez días antes.

¿Necesitas saber quién ha filtrado un dato secreto a un periodista? Pues incautas e intervienes los teléfonos y dispositivos del periodista. La existencia del artículo 20 de la Constitución no es obstáculo. La actuación unilateral,prepotente y anticonstitucional de un juez de Instrucción no sólo vulnera los derechos de dos compañeros de Diario de Mallorca y de Europa Press sino que pone en riesgo los derechos de todos los periodistas y,por ende,de todos los ciudadanos de este país. Florit ha encontrado la vía fácil pero prohibida y no sabemos..