La Fiscalía General de la Unión Europea no actúa si los indicios de comisión de delitos contra los intereses de la UE no son sólidos y, en el caso de la esposa de Pedro Sánchez, esos indicios apuntan a la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. la Fiscalía Europea trabaja en serio, investiga en base a indicios sólidos y tiene la capacidad de análisis jurídico para entender que, en muchos casos, la falta de ética puede ser causa delictiva.

“Te va a salir muy caro”; “no conozco a nadie que deje cadáveres y le vaya bien”, son algunas de las amenazas que presuntamente recibió el inversor Eduardo Díaz del Río, mientras participaba en la subasta del aeródromo público de Ocaña, en la que resultó ganador. Las amenazas procedían de otro pujante que participaba en la misma subasta, según documentos donde se denuncian estos hechos a los que ha accedido Newtral.es.

La Fiscalía General del Estado rechaza ilegalizar a Bildu. El ministerio público asegura que es una formación política democrática y que por tanto no hay indicios racionales para su ilegalización que habían pedido varias asociaciones. “Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad”

Las sospechas sobre algunos movimientos que, de forma más o menos directa, ha llevado a cabo el Ejecutivo regional en torno a esta asunto se incrementaron cuando la que fuera conselleira con el actual líder nacional del PP dejó la política en 2020 (siendo diputada autonómica) para integrarse en los órganos directivos de Greenalia. Beatriz Mato entregó su acta de parlamentaria ese año, después de que su intento por hacerse con la alcaldía de A Coruña se quedase en el limbo.

La Audiencia de Madrid ha acordado este viernes respaldar las revisiones a la baja de las condenas firmes por delitos sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, más favorable al recoger penas más leves. La decisión supone ir en contra del criterio que esta misma semana ha ordenado respaldar la Fiscalía General del Estado, que rechaza rebajar las condenas por el hecho de que se hayan reducido las penas mínimas de prisión.

La Fiscalía General del Estado ha remitido este jueves un oficio a todos los fiscales territoriales de España, en el que pide que le remitan las distintas sentencias que hayan supuesto una reducción de penas con condenas firmes por violencia de género tras la entrada en vigor de la nueva ley, así como los informes de los emitidos por los representantes del Ministerio Público en cada caso.

La abogacía del Estado ha presentado una demanda contra los herederos de Franco reclamando la propiedad del Estado sobre 564 bienes muebles. Esta demanda llega tras la petición de la familia del dictador para llevarse esos bienes del pazo de Meirás que no fueron reclamados por el Estado.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha incluido entre sus enmiendas a la ley concursal una que establece que si la fiscala general del Estado es miembro de la carrera fiscal, adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesado del cargo. De salir adelante esta modificación, posibilitará que la actual fiscala general Dolores Delgado sea fiscala de Sala del Supremo cuando abandone el cargo.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado en costas a la Fiscalía General del Estado por haber negado al fiscal Ignacio Stampa acceso a la documentación donde figuraban las «sugerencias» que el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, estaba enviando al fiscal Jefe de Madrid para que siguiese investigándole por revelación de secretos, cuando él pedía cerrar el asunto.

(Relacionada: Facebook permitirá temporalmente publicaciones que llamen a la violencia contra los rusos o pidan la muerte de Putin [EN] www.meneame.net/story/facebook-permitira-temporalmente-publicaciones-l )

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, encuentran varias lagunas en el comunicado de archivo de la investigación de la Fiscalía General del Estado sobre la veracidad y cuantificación de las regularizaciones complementarias del IRPF del rey emérito Juan Carlos I, por lo que solicitan que se haga pública una mayor información de los decretos que han motivado el archivo del Ministerio Público.

Un escrito a los fiscales de Madrid, Barcelona y Castilla-La Mancha ordena que se remitan más datos. Ello permitirá “proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela” que el ministerio fiscal les debe dar.

Antes del 1 de junio deben elegirse cinco magistrados de la Corte Suprema que terminarán sus funciones, entre ellos, a quien reemplazaría a José Armando Pineda Navas, que actualmente preside la Corte y la Sala de Constitucional. En septiembre deberán nombrar a los siete miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura, organismo clave en el proceso para elegir jueces y magistrados del Órgano Judicial. Antes que finalice diciembre, los diputados deberán de elegir al sucesor Raúl Melara, actual Fiscal General.

La “agenda institucional” de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que cuelga del portal de transparencia de la institución, es llamativa por su absoluta falta de contenido y su opacidad. En octubre de 2020, Delgado concedía su primera entrevista a periodística a Infolibre + Eldiario.es y declaraba: “Me gustaría tener un Ministerio Fiscal más transparente, moderno, del siglo XXI, comprometido, internacionalizado y especializado”. Su agenda por contra está casi vacía y los actos que se muestran no contribuyen a esa transparencia...

Tres veces ha sido requerida la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que entregue documentación sobre su gestión de la pandemia, y tres veces ha hecho caso omiso al Defensor del Pueblo. Francisco Fernández Marugán ha advertido a Díaz Ayuso de las consecuencias legales que puede tener su falta de colaboración con la institución constitucional. Lo hace en un informe, en el que desglosa las peticiones de información al gobierno madrileño sobre los medios destinados a la detección y seguimiento epidemiológicos y refuerzo en atención primar

La Fiscalía General del Estado ha contestado a María Mercedes Bueno Morales, coordinadora de la plataforma Foro Internacional de Víctimas por las Desapariciones Forzadas Infantiles, con el compromiso de analizar los 58 casos denunciados “para determinar el alcance penal” de los hechos. Además, las víctimas exigen "responsabilidad para aquellos que decidieron ocultar, alterar o modificar la verdadera identidad de un hijo, entregándolo a terceros", siendo dicha acción un delito internacional de "desaparición forzada infantil".

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propone que la nueva regulación de esta carrera de cara a los cambios por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuye a los fiscales la instrucción penal, incluya la transparencia de las comunicaciones entre Gobierno y la figura del fiscal general, de modo que toda comunicación se realice por escrito.

También propone incluir como motivo de discriminación el idioma y el origen territorial dentro de España para abarcar delitos cometidos contra otras personas "por ser catalán, vasco, andaluz, etcétera".

La orden de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido inmediata tras conocerse el resultado positivo de una prueba contra el virus practicada a uno de los agentes judiciales que se encargan de repartir la documentación y la distribución de escritos entre los distintos despachos.

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones para investigar la posible filtración de información por parte de los fiscales de Anticorrupción que investigan el caso Villarejo a la abogada de Podemos personada en la causa como acusación y que ha venido representando al vicepresidente Pablo Iglesias y su exasesora Dina Bousellham.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue si la falta de material de protección que están sufriendo los profesionales sanitarios con motivo de la crisis del coronavirus podría ser constitutivo de un delito contra la seguridad en el trabajo, según los artículos 316 y 317 del CP. Así,instan de nuevo a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de la "situación de desprotección" que ha generado el uso de mascarillas defectuosas

Dice que ante la terrible situación debería demostrarse "un mínimo conocimiento del funcionamiento, extensión territorial y competencias específicas de otras instituciones constitucionales"

Resalta que ninguno de los delitos por los que pidió hasta 27 años de prisión supuso una violación grave de derechos humanos. La Fiscalía presentó en su día un escrito de acusación que reclamaba 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y ocho para otros cuatro. El Ministerio Público considera que las actividades de la célula radical surgida de los CDR, autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida), supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de los investigados, también de tenenc

La Fiscalía calcula que, a fecha de junio de 2022, el periodista contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros y le acusa de un delito de frustración de la ejecución -antes denominado alzamiento de bienes-. Por ese delito pide para él 4 años y 6 meses de prisión, una multa de 31.500 euros y el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,3 millones de euros, que presuntamente habría evadido entre 2011 y 2014.

Haber pasado la noche del 19 de junio en Nobu, frente a la bahía, sale por alrededor de mil euros en la habitación más pequeña. Una denuncia de Áncora, asociación ciudadana para la conservación de patrimonio, ha propulsado que se examine si hay delito en las obras sobre la antigua villa donostiarra. Áncora, además del daño al patrimonio también denuncia actividad hotelera entre agosto y noviembre de 2023 careciendo de licencia.

EL MUNDO accede a los mensajes que envió García Ortiz a la fiscal superior de Madrid para ordenarle que difundiera datos reservados de Alberto González

Ve "claro" que no se ha causado "de forma intencionada" una "grave violación de derechos humanos". | La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que amnistíe el terrorismo que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg y a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar el desmentido remitido a distintos medios de comunicación desde el Ministerio Público para combatir una información falsa difundida a distintos medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

“La orden es improcedente y contraria a las leyes”, afirman los fiscales del Supremo. Álvaro García Ortiz convoca a los fiscales de Sala a una junta el próximo martes.

Tanto la responsable de dicha territorial, Almudena Lastra, como su director de comunicación se negaron entonces a publicar la nota y éste, también citado este jueves a declarar en sede judicial, amenazó con dimitir si la misma llegaba a emitirse con el sello institucional porque, para ambos, «estaba claro que suponía una lesión absoluta de la confidencialidad prevista en la ley» para las negociaciones incluidas en los pactos de conformidad que, además, era «completamente innecesaria» a todos los efectos.

La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción numero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la parte principal del caso en la que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han informado fuentes jurídicas.