La Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar en respuesta a más de 60 denuncias presentadas desde finales de marzo por la posible mala gestión de las autoridades en relación a la pandemia de coronavirus, a la que se le atribuyen más de 29.000 fallecidos en Francia.Según el fiscal de París, Rémy Heitz, el objetivo de las pesquisas será determinar "los procesos de toma de decisiones seguidos durante la crisis sanitaria para arrojar luz en cualquier delito penal que pueda haberse cometido", sin entrar en más valoraciones.

La revista Paris Match ha publicado un reportaje sobre el atentado en el que se incluyen imágenes de las cámaras de vigilancia. La Fiscalía considera que estas imágenes atentan contra la dignidad de las víctimas y sus familiares, y que podrían haber violado el secreto de instrucción. La revista sostiene que las imágenes han sido "ampliamente publicadas" por otros medios y que no es posible identificar a las víctimas en las imágenes publicadas.

El fiscal general de París, François Molins, ha informado que los cuatro rehenes muertos en el supermercado del barrio parisino de Vincennes tomado por Amedy Coulibaly ya habían fallecido antes de que comenzara el asalto.En una rueda de prensa, Molins ha explicado que al entrar al kosher las fuerzas de seguridad han encontrado los cadáveres de estos cuatro rehenes, que ˜probablemente» fueron ejecutados por Coulibaly al principio del secuestro.

Un informe de Greenpeace señala que solo dos comunidades, Asturias y Navarra, tienen un objetivo de reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París.

La Fiscalía calcula que, a fecha de junio de 2022, el periodista contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros y le acusa de un delito de frustración de la ejecución -antes denominado alzamiento de bienes-. Por ese delito pide para él 4 años y 6 meses de prisión, una multa de 31.500 euros y el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,3 millones de euros, que presuntamente habría evadido entre 2011 y 2014.

Haber pasado la noche del 19 de junio en Nobu, frente a la bahía, sale por alrededor de mil euros en la habitación más pequeña. Una denuncia de Áncora, asociación ciudadana para la conservación de patrimonio, ha propulsado que se examine si hay delito en las obras sobre la antigua villa donostiarra. Áncora, además del daño al patrimonio también denuncia actividad hotelera entre agosto y noviembre de 2023 careciendo de licencia.

Ve "claro" que no se ha causado "de forma intencionada" una "grave violación de derechos humanos". | La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que amnistíe el terrorismo que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg y a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.

En mayo, Francia canceló la participación de ejecutivos de la industria armamentística israelí después de que la fuerza aérea del país bombardeara un campo de refugiados en Rafah, matando al menos a 45 civiles. The Times of Israel citó al organizador de Eurosatory, Charles Beaudoin, diciendo que 74 empresas israelíes, entre ellas los principales industriales de defensa del país, habían querido participar. Rusia y Bielorrusia tampoco estarán presentes. Pero según la lista oficial de expositores, China, que apoya a Rusia en su guerra de Ucrania,

Amnistía Internacional, HRW y otros grupos han pedido al presidente del COI que ayude a revocar la prohibición de que las atletas francesas lleven hiyab, alegando que socava los primeros Juegos con igualdad de género. “La discriminación del país contra las mujeres y niñas que usan el hiyab es particularmente preocupante dada la celebración del COI de París 2024 como los primeros “Juegos con Igualdad de Género”. “Este importante paso garantizaría que los Juegos dejan un verdadero legado hacia la igualdad de género en Francia”, dice la carta

Lia Thomas, nadadora estadounidense transgénero, no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 después de que el Tribunal Arbitral del Deporte desestimará su apelación por sentirse "excluida" de las competiciones femeninas. La World Aquatics ya anunció en enero restricciones para las transgénero en alta competición femenina. Thomas apeló esta decisión ante el TAS para poder participar en clasificatorias femeninas y lograr plaza en París 2024. Tras comenzar en categoría masculina con malos resultados, pasó a femenina donde quedó campeona.

Tanto la responsable de dicha territorial, Almudena Lastra, como su director de comunicación se negaron entonces a publicar la nota y éste, también citado este jueves a declarar en sede judicial, amenazó con dimitir si la misma llegaba a emitirse con el sello institucional porque, para ambos, «estaba claro que suponía una lesión absoluta de la confidencialidad prevista en la ley» para las negociaciones incluidas en los pactos de conformidad que, además, era «completamente innecesaria» a todos los efectos.

Muchas de las competiciones deportivas se celebrarán en estructuras temporales levantadas en medio de la ciudad o en espacios preexistentes, convirtiendo a París en un escenario de lujo sobre el que los deportistas hagan historia.A los pies de la Torre Eiffel se levantarán unas gradas que permitirán a los asistentes disfrutar del voley playa y en los nobles jardines del Palacio de Versalles tendrán lugar los deportes ecuestres. A nivel fotogénico, estos juegos serán imbatibles.

La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción numero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, la parte principal del caso en la que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han informado fuentes jurídicas.

La Fiscalía Europea investiga no sólo un supuesto delito de tráfico de influencias para averiguar el peso de la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, sino una presunta prevaricación y presunta malversación. La malversación de fondos europeos es uno de los pilares de la existencia misma de la Fiscalía Europea que investiga en España supervisada por un juez de garantías.