Presenta "nuevos y relevantes elementos probatorios" contra María José García Pelayo en adjudicaciones irregulares a la red de Correa cuando era alcaldesa de Jerez.La causa fue archivada en 2016 por no haber pruebas de que fuera consciente del delito al firmar, pero un nuevo testimonio la sitúa en las reuniones de los amaños.Rajoy la situó de número dos por Cádiz en 2015 y siguió en el Congreso después de que Pablo Casado la ascendiera al primer lugar de la lista en las elecciones de abril..

El ex ministro de Justicia sacó su plaza de fiscal en la provincia en la década de los 80, pero está en excedencia desde 1993. Ahora podría volver si no emprende una aventura en el sector privado.

Resalta que ninguno de los delitos por los que pidió hasta 27 años de prisión supuso una violación grave de derechos humanos. La Fiscalía presentó en su día un escrito de acusación que reclamaba 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y ocho para otros cuatro. El Ministerio Público considera que las actividades de la célula radical surgida de los CDR, autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida), supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de los investigados, también de tenenc

José Luis Ábalos fue arrendatario gratis durante al menos medio año de un chalet de lujo en Cádiz propiedad de una empresa vinculada a Víctor de Aldama, una de las principales caras del 'caso Koldo'. Es la información que publica este domingo el diario 'El Mundo', que detalla que el exministro dispuso de esa casa entre los años 2021 y 2022. De Aldama habría adquirido esa casa en junio de 2021 y un mes después, el 1 de julio, se la habría alquilado a Ábalos, quien todavía era ministro.

La Fiscalía calcula que, a fecha de junio de 2022, el periodista contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros y le acusa de un delito de frustración de la ejecución -antes denominado alzamiento de bienes-. Por ese delito pide para él 4 años y 6 meses de prisión, una multa de 31.500 euros y el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,3 millones de euros, que presuntamente habría evadido entre 2011 y 2014.

Haber pasado la noche del 19 de junio en Nobu, frente a la bahía, sale por alrededor de mil euros en la habitación más pequeña. Una denuncia de Áncora, asociación ciudadana para la conservación de patrimonio, ha propulsado que se examine si hay delito en las obras sobre la antigua villa donostiarra. Áncora, además del daño al patrimonio también denuncia actividad hotelera entre agosto y noviembre de 2023 careciendo de licencia.

Ve "claro" que no se ha causado "de forma intencionada" una "grave violación de derechos humanos". | La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que amnistíe el terrorismo que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg y a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.

María Muñoz Ladrón tiene 88 años y es vecina del barrio gaditano de El Pópulo desde antes de la llegada de la democracia. La octogenaria lleva 57 años residiendo en el mismo hogar, del que paga rigurosamente y mes tras mes una renta antigua. Sin embargo, la avaricia de la propietaria del edificio iba a dejarla en la calle el próximo 26 de junio, día en el que la vivienda pasaría a ser de uso turístico. Sin embargo, un actor inesperado entraba en la ecuación, a modo de salvador: el Cádiz CF.

Antonio Gallardo, líder de la Plataforma de vecinos y amigos de El Pópulo, no cabe en sí de gozo. María Muñoz, de 88 años, no será deshauciada de su vivienda en el señero barrio gaditano. Gallardo relata a VIVA CÁDIZ en conversación telefónica que la Fundación Cádiz CF ha comprado el piso de esta vecina, que se veía en la calle a final de mes, a sus propietarios, la familia Beltrami, cuyo objetivo era destinar el inmueble a fines turísticos.

La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha solucionado el problema que desde hace años acuciaba a María Muñoz, una vecina de Cádiz de 88 años que iba a ser desahuciada de su vivienda el próximo 27 de junio, ya que ha comprado el piso para que la mujer pase en él el resto de su vida.

Tanto la responsable de dicha territorial, Almudena Lastra, como su director de comunicación se negaron entonces a publicar la nota y éste, también citado este jueves a declarar en sede judicial, amenazó con dimitir si la misma llegaba a emitirse con el sello institucional porque, para ambos, «estaba claro que suponía una lesión absoluta de la confidencialidad prevista en la ley» para las negociaciones incluidas en los pactos de conformidad que, además, era «completamente innecesaria» a todos los efectos.