La negativa impide a las mujeres disponer de estructura jurídica para reivindicar la propiedad de los inmuebles y de los bienes de la comunidad religiosa que, según el Arzobispado, han dejado de pertenecerlas al ser excomulgadas.

Fue la denuncia de una exmonja del convento presentada el pasado 7 de enero en Madrid la que desató los acontecimientos. La denuncia ante la brigada de extranjería llegó a Santiago y la jueza del juzgado de instrucción número 1 autorizó un dispositivo para comprobar si las religiosas de origen indio estaban retenidas en el convento de clausura.