En dos sentencias sobre varios casos planteados por tribunales británicos, franceses y belgas, la Corte estimó que el Derecho europeo se opone en general a que los Estados obliguen a los operadores de telecomunicaciones a transmitir o conservar de forma generalizada e indiferenciada los datos sobre el tráfico y localización de las comunicaciones. Esto es así aún cuando lo hagan por motivos de seguridad nacional o para perseguir en general las infracciones puesto que se trata de injerencias graves en los derechos fundamentales, explicó en un co