La empresa pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos nucleares, ha formalizado el primer contrato con el que dará comienzo a su plan de desmantelamiento y clausura de la central nuclear de Santa María de Garoña, situada en el municipio burgalés de Valle de Tobalina. Lo hace a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Transición Ecológica otorguen la autorización definitiva que permita transferir la titularidad de la planta, actualmente en manos de Nuclenor.

La Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) tiene desde hace una década en su plantilla, con un cargo medio-alto, a un hijo de Juan Carlos Lentijo, desde hace algo menos de un año presidente del Consejo Regulador Nuclear (CSN), el organismo responsable de la protección radiológica en España que supervisa toda la actividad que realiza la empresa pública que gestiona los residuos nucleares en el país.

La empresa pública de gestión de residuos radioactivos mantendrá una vigilancia activa hasta la clausura definitiva de la instalación nuclear en 2053 y la compañía Iberdrola cederá la titularidad de la planta valenciana en once años

Las centrales "utilizan un combustible que se convierte en un residuo de alta actividad y muy larga vida, del que es imposible precisar el coste de su gestión. Si bien "los titulares de las centrales pagan a la empresa pública Enresa una prestación patrimonial destinada a la financiación de la gestión de estos residuos y el desmantelamiento de las centrales", esa falta de experiencia "hace que sea el Estado el que, finalmente, haya de asumir las incertidumbres económicas existentes en relación con el coste final de su gestión".

La Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha reivindicado un único almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos en vez de varios almacenes individuales (ATI), como planea el Ejecutivo central, por motivos de seguridad, y ha advertido de que hará lo posible para paralizar este modelo. A pesar de estar pensados para ser operativos a largo plazo, los nuevos ATI no estarán equipados con celdas calientes, cámara blindada para contener la radiación. Ha tachado de incomprensible el cambio de estrategia.

Enresa ha presentado hoy al Ministerio para la Transición Ecológica la documentación para hacerse con la titularidad de la central nuclear de Garoña e iniciar la primera fase de desmantelamiento. El Ministerio, una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear, y previos los dictámenes e informes que correspondan, incluida la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental(DIA), adoptará la oportuna resolución.

La instalación se encuentra en situación de parada definitiva desde 2017 y encara ya su desmantelamiento. De hecho, Enresa, la empresa pública encargada de hacerlo, indica que ultima la documentación para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica que Nuclenor le ceda la titularidad de la central, algo que espera hacer durante este trimestre. El borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos señala que el coste de desmantelar todas las centrales del país ascenderá a unos 4.224,9 millones de €, sin considerar gestión de residuos

Las cantidades diarias que el Gobierno abona al país galo por almacenar los residuos de alta actividad de la central de Vandellós I durante 2018 y 2017 han sido de 74.887 y 73.044 euros respectivamente, según los datos recogidos en la memoria anual de 2018 de Enresa. En España el combustible nuclear gastado en las centrales se almacena de dos maneras: en las piscinas de la propia instalación que lo ha producido, y en almacenes temporales individualizados (ATI) dentro de contenedores específicamente diseñados para refrigerar, confinar y mantene

Han pasado dos años desde que el Gobierno de Rajoy anunciará el cierre de la central de Santa María de Garoña (Burgos), un hecho que si se ha producido pero que ahora se ha paralizado a la espera de saber que hacer con los residuos tras el anuncio del ejecutivo de Sánchez de paralizar la construcción del cementerio nuclear que se había planeado instalar en Cuenca. Actualmente, dichos residuos se encuentran almacenados en las piscinas de la misma central a la espera de que la empresa pública Enresa -Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.

La agencia de calificación S&P ve "muy probable" que la tasa nuclear que cobra la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a las compañías con centrales nucleares se incremente desde los 6,69 euros actuales por megavatio hora (MWh) hasta los 8 euros/MWh, lo que estima más probable, y 19 euros MWh para hacer frente al cierre de plantas. Cuando se cierra una planta nuclear, su propiedad se transfiere a Enresa, que es la responsable de su cierre definitivo y se encarga del almacenamiento y tratamiento de los residuos nucleares.

La ministra de Transición Ecológica confirmó la intención del Gobierno de no prolongar la vida útil de las centrales pero admitió que es difícil saber el coste de la medida. El último plan de gestión de residuos radioactivos habla de más de 19.000 millones en total. Y Enresa es incapaz a día de hoy de cubrir la factura

Enresa calcula que el déficit del fondo de gestión de residuos se convertiría en superávit si las plantas funcionan hasta los 50 años.

La Ley 15/2012 justifica los gravámenes atómicos al objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar. Sin embargo, destina esta recaudación al sistema eléctrico (más de 5.000 millones de euros al año dedicados a las primas a renovables) no a Enresa.

"Si un cliente lleva su dinero a un banco y la entidad no lo gestiona bien se tendrá que hacerse responsable. Es como si el sistema de pensiones no responde y la responsabilidad fuera de los ciudadanos después de haber hecho sus aportaciones durante tantos años", apuntó Nadal ante el supuesto de que los fondos de Enresa no fuera suficientes para atender el coste de cerrar las centrales.

La autorización de desmantelamiento deberá ser solicitada por la Empresa estatal de Residuos (ENRESA), empresa encargada de realizar estas actividades. Además, tendrá que pedir la transferencia de titularidad de la central. Antes de la concesión de esta autorización y del traspaso de titularidad, se abrirá un periodo previo de desmantelamiento. Tras este periodo el Ministerio de Energía deberá emitir la declaración de clausura. Será entonces cuando ENRESA devuelva el emplazamiento a su titular, en este caso Nuclenor.

La empresa pública sigue estudiando los suelos del ATC cinco años y medio después de la elección de Villar de Cañas. Saca a concurso un nuevo informe para tener "un mejor conocimiento del comportamiento" de las aguas subterráneas del emplazamiento. Las características de los suelos están entre las principales preocupaciones del regulador nuclear en el proceso de licenciamiento del cementerio

El coste de reabrir Garoña es de más de 400 millones, mientras que su desmantelamiento ronda los 600 millones, de los que las empresas habrían de asumir cerca de 100 millones y la sociedades estatal Enresa el resto. Se ve complicado sacarle rendimiento teniendo en cuenta que no se espera que opere más allá de 2031 y que no se pondría en marcha antes de 2019. El patrimonio neto de la empresa se encuentra situado por debajo de la mitad del capital social.

A pesar de que Enresa reconoce que la paralización del proyecto no ha cambiado, sigue adjudicando nuevos contratos ligados a la futura construcción del cementerio nuclear de Cuenca.

El proyecto sigue en marcha a pesar de la proteción ambiental de los terrenos decretada por el gobierno de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción denuncia que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) continúan con el proceso de licenciamiento y las licitaciones para el Almacén Transistorio Centralizado de residuos nucleares (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), a pesar que el gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido la paralización legal del proyecto mediante la protección ambiental de...

El catedrático Javier Dies Llovera ha trabajado en varios proyectos de investigación con Enresa, la empresa estatal que construirá el polémico cementerio nuclear y que financia una Cátedra en la Politécnica de Cataluña, de la que procede el nuevo miembro del CSN. El objetivo del Gobierno, que ahora 'controla' tres de los cinco consejeros del supervisor, es darle un acelerón al proyecto.

El contrato consistió en un servicio de "asistencia técnica" adjudicado en octubre sin publicidad y por el procedimiento "excepcional" a la firma IQ228; es el segundo que esta empresa logra desde compañías de la SepiIQ228 fue constituida en octubre de 2013 por Ramón Cerdá, un gestor dedicado a la creación y venta de sociedades de forma "inmediata" y garantizando la "confidencialidad de los socios

La gestora de residuos radiactivos paga 11.500 euros por una "Estrategia integral de responsabilidad corporativa" a IQ228, constituida en octubre de 2013 por Ramón Cerdán.

El pasado viernes se descubrió un enorme socavón de 10x10 metros de lado y 8 de profundidad en una carretera cercana a los terrenos del ATC. Ante esta situación y una nueva dimisión en Enresa, la Plataforma quiere poner de manifiesto una vez más, la falta de rigor en el desarrollo de este procedimiento y solicita su paralización definitiva.