El Gobierno de la Comunidad de Madrid parece legislar en contra de la ola general que trata de poner coto al poder de las plataformas. Existen tres aspectos que podrían interpretarse como una uberización por la puerta de atrás del servicio del taxi en Madrid.

Blanca de la Mata: de familia aristócrata y mujer del expresidente del Congreso, mantiene con su familia empresas en paraísos fiscales; tiene a sus pies uno de los grandes imperios de las bebidas alcohólicas: Varma SL,de hecho,su empresa es la principal distribuidora de estos productos dentro de las fronteras españolas. Hija del Marqués de Vargas,Hilario de la Mata y Sáenz,desde que este falleciera en mayo de 1976, el título quedó en manos de su hermano mayor,el varón primogénito Pelayo.Su negocio se valora cerca de 260 millones de euros..

Proinsa, Promotora Inmobiliaria del Este, ha entrado en concurso de acreedores. La compañía está presidida por Rafael Santamaría, el que fuera uno de los 'señores' del ladrillo del pasado boom inmobiliario -junto a Joaquín Rivero, Enrique Bañuelos, Luis Protillo o Manuel Jove- y presidente también de Reyal Urbis, que en 2016 protagonizó segunda mayor disolución de una inmobiliaria después de la de Martinsa Fadesa.

Un pago bajo sospecha en el 'caso del tres per cent' y el pelotazo de una subcontrata sin experiencia en la trama del Canal de Isabel II generan inquietud en el grupo ACS, señalado también por Francisco Correa como presunto pagador de comisiones al PP en un episodio que no puede ser investigado y cuyo presidente ha tenido que declarar como testigo en la Púnica por una contratación del Real Madrid.Las salpicaduras de dos de los casos emblemáticos de tramas de corrupción en España, Lezo y el tres per cent, generan inquietud en ACS, la constructo

La Iglesia admite 24.000 parroquias y monasterios, a lo que habría que sumar pisos, garajes, cementerios, colegios o casas del cura en pueblos, pero no hay registros públicos. Aznar cambió la ley y permitió a los obispos inscribir bienes inmuebles sin más requisito que su firma, como si fueran notarios. Ahora el Gobierno dice que elaborará una lista de estas propiedades inmatriculadas (se estima que 4.500) entre 1998 y 2015, entre ellas la mezquita de Córdoba, que se registró por 29 euros