Antonio C. volvió a España en marzo de 2022. Aterrizó desde Perú con algo de dinero y alquiló una habitación en A Coruña por la que pagaba 200 euros. La casera no quiso hacerle un contrato y cuando fue a empadronarse para decir a la administración española que había regresado –ya había vivido doce años en Galicia hasta marchar a su país en 2015– no pudo hacerlo sin su permiso.

Las habitaciones que se alquilan sin derecho a empadronarse generan un nuevo mercado: viviendas con derecho a padrón, pero no a vivir.

La ley obliga a todas las personas que viven en España a inscribirse en el padrón de su municipio habitual, pero hay viviendas que no permiten al inquilino empadronarse, "Hay propietarios que no empadronan por miedo a Hacienda. Meten a seis personas, cobran en negro y, al no estar empadronados, no figura nada. Así surge el caso opuesto: te dejan empadronarte, pero no vivir". También "sucede porque los que viven alquilados con contrato no tienen derecho a subarrendar y si se empadronan varias personas el propietario se puede enterar".

La cuenta atrás a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo cada vez se hace más corta y, por ello, las fuerzas políticas cargan pilas y ultiman detalles para llamar a la ciudadanía al voto. No obstante, en algunos puntos del país se está detectando un fenómeno anómalo: el engrosamiento de la demografía de algunos municipios en vísperas de la cita en las urnas.

Es por ello que el dirigente socialista ha autorizado a los servicios jurídicos del partido para que inicien las acciones legales que estimen oportunas, ya que, a su juicio, “podríamos estar ante un presunto delito de fraude y llegaremos hasta las últimas consecuencias en la defensa de los intereses de Alcalá del Valle y de la legalidad”. Intuye el portavoz del PSOE que estas maniobras de dudosa legalidad tienen un único objetivo y es votar en las próximas elecciones municipales.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Yunus, ha desarticulado una organización criminal por favorecer el empadronamiento fraudulento de migrantes en situación irregular. Han sido detenidas nueve personas por realizar más de un centenar de fraudes a víctimas migrantes que buscaban regularizar su situación en España y a las que cobraban entre 500 y 700 euros por tramitar el empadronamiento en domicilios de localidades de la Comunidad Foral de Navarra.

La Justicia de Castilla y León obliga a un pequeño Ayuntamiento leonés a empadronar a un hombre en una aldea abandonada. Hay más en juego de lo que parece

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una vecina de Gijón, de 74 años, acusada de los delitos de falsedad documental continuada y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, al empadronar en su domicilio, a cambio de dinero, a inmigrantes que nunca residieron en su vivienda.

El Ayuntamiento de la localidad granadina examinará si se ha producido una supuesta "inscripción indebida" de la candidata de Vox en Andalucía.

Oficialmente vivían en dos pisos de las calles Pío Baroja y Pintor Berrueta de Irun, aunque para la mayoría de ellos no era su domicilio real, ya que residían en otros municipios, comunidades o incluso países como Francia y Argelia. Un total de 75 personas fueron empadronadas en el curso de un año en esas dos viviendas.

Siete meses le ha costado a Vicente Tortajada empadronarse en el trastero en el que vive desde hace dos años. Siete meses de gestiones, llamadas, esperas, escritos, quejas enmarcadas en pandemia para conseguir un papel con el que pedir ayudas o una vivienda social. Porque sin padrón no hay nada. Los ayuntamientos deben permitir el empadronamiento en cualquier lugar -el banco de un parque, un cajero automático, una habitación de alquiler- para evitar que los vulnerables se queden sin ayudas. Se denomina empadronamiento especial, pero no funciona

El art. 3 de la Ley electoral de la CAM reconoce el sufragio pasivo a los electores, es decir, a quienes tengan la condición política de ciudadanos de la CAM, o sea, quienes estén empadronados en algún municipio madrileño. Quizás esté empadronado en algún municipio de la CAM y no haya problema. Pero siendo como era hasta hace poco tiempo diputado en la Comunidad Valenciana, donde para ser candidato se exigen los mismos requisitos (estar empadronado en un municipio valenciano), me suscita la duda.

La entidad Hogar Sí, que lucha contra la exclusión social de las personas sin hogar, ha enviado una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para advertirle de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "no funciona" porque "excluye" a las 33.000 personas en situación de sinhogarismo. "Le hablamos de las personas en situación de sinhogarismo Sr. Ministro, porque el diseño del Ingreso Mínimo Vital las excluye y ninguna de las sucesivas reformas que han ido aprobando ha solucionado las barreras que se encuentran",

Al inicio del presente mandato, este pasado año, la Diputación de Málaga se propuso como prioritaria la lucha contra la despoblación. Prácticamente no hubo tiempo material para poner en marcha la mayoría de medidas, muchas vinculadas a las nuevas tecnologías de la información, que tenían que servir para mejorar la competitividad de unos pueblos que ahora, libres o casi libres de coronavirus, se sitúan como escenario ideal en la búsqueda de los nuevos paraísos para teletrabajadores.

La historia es la siguiente: El Economista publicada ayer, lunes 4 de mayo, un artículo firmado por el abogado Xavier Gil Pecharromán, que bajo el título de Los 'okupas' podrán empadronarse para el cobro de la renta mínima. A esa propagación del bulo contribuyeron insignes personajes de la derecha y la ultraderecha como Toni Cantó, Rafael Hernando, el escritor, y otras muchas más cosas, Fernando Sánchez Dragó o el mismísmo Santiago Abascal. Eso, y una cierta confusión jurídica, han alimentado el bulo.

Ya es posible empadronarse en una cueva, en la misma calle o incluso en una caravana que puedes mover libremente. El pasado sábado 2 de mayo de 2020 en el Boletín Oficial de Estado (BOE) Número 122, Sección I, página 31.010 se ha publicados cambios sobre la gestión del Padrón Municipal.

Nadie viene a Madrid para vivir en la exclusión. Este invierno, día sí y noche también, familias con menores de edad, mujeres y hombres solos, han tenido y tienen que ser socorridos por movimientos sociales. La Red Solidaria de Acogida, Sercade, la RSP Latina-Carabanchel, la Parroquia San Carlos Borromeo y otras iniciativas vecinales surgidos en la emergencia, como la red de vecinas del Samur Social, en la Latina, dan cuenta de ello.

El Gobierno local de Rocafort, gobernado por Cs, PP y Vox, aprovecha su pertenencia a la red de ciudades machadianas para promocionar actos en los que separa a sus habitantes del resto y pide el DNI para entrar a las funciones.

Altos cargos de Podemos en el Govern balear procedentes de otras regiones cobran el plus de 22.000 euros por tener su residencia en la península pese a haberse establecido de facto en Mallorca con su familia. La ley es muy clara al respecto: si el político beneficiario se traslada a vivir a la isla, "debe comunicar esta circunstancia (...) y pierde el derecho a percibir la indemnización"