Se llama María Muñoz y tiene 87 años. El próximo 26 de junio, como máximo, será desahuciada de la casa en la que ha vivido 57 años, desde 1967, en alquiler. Con el barrio lleno de carteles y una creciente indignación vecinal, el Ayuntamiento trata de buscar alternativas imposibles. Su impacto, incluso en televisión, con colaboración municipal y una mención en el Parlamento de Andalucía, ha sido tan fuerte que ha causado una pequeña revuelta vecinal. "Será legal pero no es decente."

Cayó al patio de luces del edificio. Fue rescatado por los bomberos e ingresado en un hospital.

Hace dos semanas STOP Desahucios informó a Público del fallecimiento de Francisco de Regis, conocido como Patxi, uno de los desahuciados sin alternativa habitacional del Edificio Dignidad de Móstoles. Durante casi ocho meses, Patxi estuvo durmiendo en la calle pese a presentar un informe a la Administración que mostraba su estado de vulnerabilidad. "Tenía una incapacidad del 65%, varias enfermedades graves, cobraba una pensión de 480 euros al mes y aun así no lo consideraron vulnerable", lamenta José María Torralbo, portavoz de la plataforma.

Si no cumples con las imposiciones que te hacen, por ej., limpiar los baños, te castigan durmiendo fuera en la calle durante días, te quitan el abono de transporte que te subvencionan o no te dejan acceder al ordenador con el que buscas empleo. Estos son los castigos que sufren las personas vulnerables desahuciadas en los albergues que les ofrece la administración como alternativa habitacional. J. Mª Torralbo, portavoz de STOP Desahucios, asegura que los centros de acogida maltratan a las personas y son lugares "donde se vive muy mal".

José Antonio y Manolo llevan ocho meses alojados en el parque Cuartel Huertas de Móstoles tras haber sido desahuciados sin ninguna alternativa habitacional del Edificio Dignidad.

Stop Desahucios Córdoba han entregado en Madrid escritos a diversas firmas que tienen procesos abiertos con amenazas directas de lanzamiento de sus viviendas a familias cordobesas. La plataforma ha logrado iniciar conversaciones con alguno de los fondos e incluso algún compromiso por escrito para ello

El 17 de julio de 2023, 18 familias fueron desahuciadas de un edificio de Móstoles, propiedad del fondo buitre Midtown Capital SL. Sin alternativa habitacional y con la presencia de múltiples niños y enfermos, los vecinos decidieron acampar en un parque de la localidad madrileña de Móstoles, donde sufrieron, en forma de multa y amenazas, el hostigamiento y la persecución del Ayuntamiento y las fuerzas del orden. Aún así resistieron. Nueve meses después, tras vivir en a calle, sin luz ni agua, una de las 48 personas que fueron desalojadas

El hombre de 58 años vivía en Móstoles en el edificio La Dignidad, pero acabó en un parque a pesar de su mal estado de salud.

Abraham y Alejandra nacieron en Eivissa. Su hija y sus dos hijos también. Residen en la localidad de Santa Eulària des Riu de toda la vida. Toda su existencia pivota alrededor de este enclave del este de la isla, donde ahora estudian las menores, al igual que lo hicieron ellos. La familia se quedó en la calle de un momento a otro el día 22 de febrero, aunque los habían avisado el 30 de enero de que los iban a desahuciar si los servicios sociales del Ayuntamiento no expedían un certificado de vulnerabilidad. El informe se mandaba al juzgado el d

Ligia, una mujer al borde de la jubilación, pelea contra el fondo de inversión Cerberus y el Banco Sabadell para no ser expulsada de la casa que compró y tuvo que dar al banco tras problemas económicos.

En 2023 se produjeron más de 26.000 desalojos con orden judicial y la mayoría fueron casos de personas que vivían en alquiler, sin embargo no hay datos de los inquilinos que tienen que dejar sus casas después de que les exijan subidas de precios que no pueden asumir. Hay caseros que, de forma unilateral, deciden subir las rentas, bajo la premisa de “son lentejas”. Es decir, si quieres seguir en la vivienda que alquilas, te toca pagar más porque siempre habrá otro inquilino que sí esté dispuesto a pagar lo que se pide.

Hubo un tiempo en el que los desahucios eran la gran prioridad política de un país que se había prometido cambiar. Y ha cambiado. Pero sigue pasando: donde antes había hipotecas ahora hay especulación con el alquiler

Asun tiene 67 años y nunca imaginó que su jubilación sería tan complicada. A pesar de que ha tratado de negociar un alquiler social, el fondo buitre dueño de la vivienda en la que vive, Cerberus, se niega a llegar a un acuerdo.

El juicio por la demanda de desalojo solicitada por la diócesis se dirimirá un año después del anuncio de la compraventa del monasterio de las Capuchinas en San Fernando para construir viviendas y una residencia de mayores. El Obispado de Cádiz y Ceuta pide el desahucio de la vivienda que ocupan un matrimonio mayor, de 68 y 72 años, desde hace 49 años en el convento de las Capuchinas de San Fernando, un alojamiento del que disfrutaban a cambio de su trabajo como encargados de la portería, limpieza y mantenimiento del edificio.

Eva, de 49 años, subsiste en una tienda de campaña tras ser desahuciada y no tener ni techo ni trabajo

La justicia andorrana ha desestimado la demanda de desahucio que Grefito, la empresa inmobiliaria del popular streamer The Grefg, había presentado contra una mujer de 80 años. En una resolución a la que ha accedido EL PAÍS, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra ha anulado la sentencia que, el pasado agosto, dictó un juez a favor de The Grefg. La nueva resolución paraliza el desahucio y da la razón a la mujer. En el verano de 2020, después de trasladarse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos, The Grefg compró a través de la socieda