Pasó su infancia en Santurce. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos (Universidad Autónoma de Madrid), especializada en información internacional. Su carrera profesional se inició en el programa matinal Hoy por hoy, de la Cadena SER presentado por Iñaki Gabilondo donde estuvo cuatro años.

Nos estáis preguntado sin parar por un contenido de Público titulado "Infiltrados policiales provocaron violencia en torno a la Delegación del Gobierno en Barcelona", en el que se afirma que eran policías infiltrados los causantes de disturbios y que "estaba claro que los policías les conocían y protegían." Público ha cambiado ya el artículo y ha borrado el tuit. Os contamos qué sabemos sobre el tema:

La noticia, datada el 5 de mayo bajo el titular “Un falso novio de postín camela a una pardilla en Barcelona y se la lleva de esclava a Rumanía”, se ilustraba con la imagen de una mujer realizando prácticas sexuales consentidas, conocidas como BDMS. Asimismo, en el subtitulo calificaba al secuestrador como “lover boy” y llamaba “pardilla” a una mujer víctima de violencia machista, secuestro y violación.

Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.

Modificar el artículo 187 del Código Penal, que recoge las penas por proxenetismo que existen en nuestro país. Hasta ahora ese artículo solo castiga como delito a quien «induzca, promueva o facilite» a un menor de edad o persona incapaz a ejercer la prostitución, y también si quien lo hace es un funcionario público o policial. Ampliar ese fenómeno «en todas sus formas» es, nada menos, lo que pone hoy el PSOE sobre la mesa. Pero en juego hay mucho más. Decidir en qué lado está el país en un debate interno que ha atravesado cada estado europeo.

La sentencia sigue alegando cosas como que facilitarnos el acceso supondría un daño a la propiedad intelectual (pese a que la aplicación se desarrolló por la propia administración), la protección de los datos personales que usa, la seguridad de prácticamente todos los sistemas informáticos de la administración y prácticamente todos los límites a la transparencia de la ley, sin especificar demasiado. Relacionada: www.meneame.net/story/justicia-impide-apertura-codigo-fuente-aplicacio

Pisarello ha aprovechado para cargar contra una parte de la judicatura, asegurando que esta norma permitirá que "la obsesión vengativa de ciertos jueces afines a la derecha no impida impida algo que quiere una parte importantísima de la ciudadanía: pasar página en Cataluña y devolverá a la política lo que nunca debió salir de ella". En este sentido apuntó que "no se puede volver a repetir" que "algunos jueces hayan hecho una interpretación absolutamente incompatible con el derecho europeo de presentar al independenitsmo como terro

La posible identificación de los productos españoles -y los que no lo son- a través del código de barras es un mito falso y persistente que lleva circulando desde hace muchos años y que ha llegado a instalarse en el imaginario colectivo de muchos consumidores. Es rotundamente falso. "Da igual si un código de barras comienza por 841, 843 o 847… Este número no tiene ninguna relación con el país de origen del producto. ¡Sin excepciones!". Así de categóricos se manifiestan desde Aecoc, la entidad certificada en España que genera el código de barras

Según la solicitud del Primer Ministro Pham Minh Chinh, el gobierno recopilará datos biométricos de ciudadanos, como escaneos del iris, grabaciones de voz y muestras de ADN, que se almacenarán en un código QR, reemplazando la huella dactilar, en un esfuerzo para implementar la Ley de Identificación Ciudadana. Estos datos confidenciales se almacenarán en una base de datos nacional y compartirán entre agencias para "realizar sus funciones y tareas". La ley fue aprobada el 27 de noviembre de 2023 y entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2024.

Las más de 2.500 empresas europeas relacionadas con la producción, transformación, transporte o reciclaje de plástico que lo suscriben se comprometen a asumir un manual de buenas prácticas. Entre ellas se encuentra la de “evitar la estiba de los contenedores de granza en cubierta” y, en su lugar, “colocar los contenedores de granza en la bodega del buque” con el objetivo de prevenir el “elevado riesgo de vertido de granza en el medio ambiente”. Entre las adhesiones figuran 98 compañías del sector logístico, pero la gigante Maersk...

Hace tiempo de que se informó de que el código de barras que comenzase por 729 estaba fabricado en Israel, por lo que se recomendaba no comprarlo como forma de protesta a este régimen. Ahora, parece que han optado por cambiar este código para evitar que la gente no compre productos de procedencia israelí.

El COPCYL ya ha sancionado en dos ocasiones anteriores al protagonista del incidente con Óscar Puente, que cuenta con un expediente por cuestiones deontológicas y otro del ámbito administrativo.

Por haber encubierto el uso de falsos autónomos. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo en 2020, que dictaminó la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, la empresa ha persistido en su modelo de negocio. De hecho, la situación se recrudece para ellos. Fuentes de Trabajo han confirmado ya que en los próximos días van a trasladar a la Fiscalía la petición para que actúen y apliquen la reforma del artículo 311 del Código Penal.

En tiempos de populismo punitivo, la visión humanista de la Justicia de la magistrada de la Audiencia de Barcelona Carme Guil supone nadar a contracorriente. Experta en justicia restaurativa y especialista en menores, esta experimentada jueza repasa en esta entrevista los métodos alternativos al proceso penal, al tiempo que advierte contra la tentación de intentar solventar problemas sociales como la violencia sexual a golpe de Código Penal. En asuntos civiles y mercantiles tenemos una ley de mediación desde el año 2012, pero no ha evoluciona

El Código Penal, en su artículo 184, define el acoso sexual como la solicitud de favores de naturaleza sexual en contextos laborales, docentes o de prestación de servicios. Sin embargo, la LOIMH ofrece una definición más amplia del acoso sexual. No se limita únicamente a la petición de favores sexuales, sino que considera cualquier comportamiento de índole sexual como potencialmente discriminatorio y, por ende, constitutivo de acoso.

La mayoría de nosotros necesitamos pedir un préstamo hipotecario cuando compramos una vivienda, ya que nuestro ahorro no suele ser suficiente para afrontar ese gasto. Esa financiación, nuestra hipoteca, suele ser por su importe y plazo, la más relevante que vamos a solicitar en nuestra vida. Por eso, dada su duración, podemos encontrarnos con situaciones financieras cambiantes que nos dificulten en algún momento el pago de las mensualidades.