La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé alcanzar a finales de 2023 la cifra de 1.065 pozos clausurados en el entorno de Doñana en los últimos 5 años, 450 por regularización y 615 por ejecución subsidiaria, de los que 208 ya están cerrados. Para ello, el organismo ha iniciado el cierre de 13 nuevos pozos por ejecución forzosa en Almonte (Huelva), donde ya se ha supervisado y constatado el cierre de 3 sondeos y el inicio de trabajos para el sellado de otros 10; además se prevé la clausura de otros 400 de aquí a diciembre.

La entidad argumenta que precisa de un plan que debe ser sometido a las "figuras de prevención ambiental". Acusa a la Junta de "mala fe deliberada" al declarar zonas regables que no tienen derecho al agua, algo "inútil" y un "engaño".

En el marco de las investigaciones de la Operación Ambitus, llevadas a cabo por el Equipo de Investigación del Seprona de la Guardia Civil de Sevilla, se ha procedido a la detención de dos guardas del Servicio de la Guardería Fluvial, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir e investigación de seis empresarios, la mayoría del sector del cítrico, que desarrollan sus actividades en la Comarca de La Vega, como consecuencia de la extracción ilegal de agua en el río Guadalquivir, agravado por el periodo de sequía.

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla han detenido a cuatro miembros e la Comunidad de Regantes El Viar de Alcalá del Río (Sevilla), dos miembros de la Cooperativa Productores del Campo de tal municipio y tres funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por presuntos delitos societario, de cohecho, prevaricación, fraude a la contratación, contra la seguridad colectiva, tráfico de influencias, falsedad documental, amenazas y coaccione

Según ha informado en un comunicado la Policía, esta operación, que ha contado en todo momento con la colaboración del organismo de cuenca, ha indicado que se falseaban actas de inspección e informes de actuación afirmando la inexistencia de uso de pozos o de riego.

Bruselas considera que el Gobierno de España “no ha adoptado las medidas necesarias” para proteger Doñana, lo que supone “incumplir las obligaciones” relativas a la conservación ambiental y a la política de aguas, lo que podría acarrear graves sanciones económicas al Estado español. El dictamen motivado de la Comisión Europea da un ultimátum al Gobierno de España para que “adopte las medidas necesarias” que impidan el deterioro del acuífero de Doñana y sus ecosistemas asociados, se cumple el próximo 27 de junio.