En esa fecha, el 21 de enero de 2015, el juez Pablo Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no estaba formalmente personada ni acusada en la causa. Un email, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que no estaban personados en la causa.

Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.

Correos electrónicos en poder de un juez de Tarragona ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda trató con el exministro las opciones que podían ofrecer al juez Pablo Ruz sobre la posible imputación de un delito fiscal al PP. Estos ponen de manifiesto que la cúpula de la Agencia Tributaria trasladó al exministro de Hacienda las opciones que podían dar al juez sobre un posible delito fiscal del PP: "Ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez

El banquillo en el juicio del 'caso Erial' reúne a una variopinta colección de acusados que pivotan alrededor del exministro de PP Eduardo Zaplana. Entre ellos, el que fuera su peluquero, Pedro Romero Aguilar. El hombre, que también fue estilista del expresidente José María Aznar e incluso asistió a la boda de su hija, explicó durante su declaración de este miércoles que conoció a Zaplana en uno de los cinco salones de peluquería que posee.

Después de que el PSOE aprobaran la lista de 134 personas que tendrán que comparecer, ahora los socialistas hacen marcha atrás y quieren eliminar los nombres de tres fiscales que se incluyeron a petición de Junts y Bildu. Se trata del fiscal de la Fiscalía Europea que está investigando las presuntas irregularidades en las Baleares y en las Canarias, una comparecencia que pedían los juntaires, el fiscal jefa Anticorrupción de España y de la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, dos citas que ponían sobre la mesa a los abertzales. Los socialistas e

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

Una trama de corrupción de mascarillas señala al que fue ministro de Transportes durante la pandemia, Jose Luis Ábalos, y a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en el peor momento: Pedro Sánchez lidia con este caso a la vez que trata de salvar la legislatura con los independentistas y la ley de amnistía

Reclamará durante el juicio oral por la caja b del PP de Madrid que tanto Esperanza Aguirre como el también expresidente madrileño, Ignacio González, sean considerados partícipes a título lucrativo y abonen 26.000 y 28.293 euros, respectivamente, por recibir trabajos reputacionales personales en redes, abonados por el partido con supuesto dinero ilícito.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de Asturias que investiga el “caso Hulla” por el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de una residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que, entre otras medidas, mantenga el embargo del capital presuntamente desviado por el exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa.

Del juez Juan José Escalonilla no hay fotos, pero no es difícil encontrar decenas de titulares con su nombre. En los últimos años, este togado se tornó en mediático por iniciar hasta diez ramificaciones distintas de la investigación 'Neurona' sobre la supuesta corrupción en Podemos. Todas ellas terminaron archivadas. Ahora, Escalonilla deja su destino al frente del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid para ascender por concurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid

El letrado mayor del Senado lo ha rechazado ya que indica indica que la petición de información relativa a una "presunta organización criminal directamente vinculada con el Gobierno que dirige don Pedro Sánchez Pérez-Castejón" excede el ámbito de la comisión.

El amigo de la infancia y supuesto testaferro de Zaplana declara hoy en el juicio por el caso Erial

Los agentes siguieron al asesor de Ábalos hasta la sede del Centro de Estudios Políticos Globalización y Relaciones Internacionales (CEPGRI), donde entró con Jacobo Pombo.El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta, no solo con el Gobierno del PSOE, sino con el Partido Popular. Según el atestado, del análisis del extracto anterior se observa que, según Juan Carlos Cueto (uno de los empresarios implicados en el cobro de comisiones por la compraventa de mascarillas en lo peor d

Los Servicios Informativos de la televisión pública de Canarias han puesto en el foco que se silenciara al colaborador Paco Pomares por “órdenes de dirección”. cuando el tertuliano Paco Pomares hizo alusión en directo a la denuncia de la Fiscalía a Miguel Ángel Ramírez y tres empresarios más por fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia. Lo que exponen es que en ese mismo momento la presentadora pidió al colaborador “ceñirse al tema” que se estaba debatiendo en ese momento, el caso Koldo. Sin embargo, Pomares quiso seguir ahondand

Un episodio más del bautizado como Caso espías que salpica al PP de Madrid y en el que aparece subrayado en rojo un nombre: el de Alberto González. En esta entrega, las voces denunciantes acusan al hoy concejal del Ayuntamiento de estafar a afiliados, teniendo estos que sufragarle gastos en lo personal y en lo profesional. Así, alcohol, tabaco, jamón o embutido son algunos de los pagos que la persona presuntamente implicada en la trama habría evitado.