El asunto de las capillas financiadas por fondos públicos hunde sus raíces en la muy católica historia de España y tiene un soporte legal en los acuerdos firmados por el Estado con el Vaticano, que luego, se desarrollan, mediante otro pacto del Gobierno con la Conferencia Episcopal en 1985, con Felipe González de presidente.Después, se traslada a legislación andaluza durante la etapa de José Rodríguez de la Borbolla (PSOE), quien autorizó en 1986 a su consejero de Salud a conveniar con los obispos la asistencia religiosa en los hospitales