La semana pasada comenzó el juicio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, la última gran causa dentro del caso Brugal, el macroproceso de corrupción que ha marcado la actualidad provincial de la última década y que mantiene a la comarca sin un plan integrado de gestión de su basura

En la mayoría de las llamadas telefónicas seleccionadas por la Fiscalía , Ortiz se dedicaba a concertar encuentros con Castedo o con Díaz Alperi con la intención de que le explicasen algunas cosas, o que atendiesen algunas de sus peticiones relacionadas con actuaciones urbanísticas desarrolladas por sus empresas. La sala también pudo escuchar cómo prácticamente en todos esos contactos telefónicos, se trataba de concertar reuniones en lugares en los que se contase con cierta privacidad, sin que pudiesen ser vistos por terceros.

La Fiscalía Anticorrupción confirma que los planes trazados por Villarejo y Cospedal en aquella reunión de julio de 2009 para proteger al PP, se llevaron a cabo. El Ministerio Público sostiene que "en septiembre y octubre" de 2009, Villarejo advirtió por teléfono al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, sobre la existencia de "dos investigaciones penales amparadas por el secreto sumarial". Se trataba de la Operación Brugal, que afectaba al PP de Alicante, y sobre la trama valenciana del Caso Gürtel

La Fiscalía ha defendido la validez de toda la instrucción frente a los intentos de desacreditarla formulados hasta ahora por las defensas de los nueve procesados: los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; el empresario Enrique Ortiz; los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; el constructor Ramón Salvador; así como Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz, asociados a las empresas de Ortiz.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial debe dilucidar si los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, concedieron un trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el diseño del planeamiento urbanístico de la ciudad, durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009. Y si lo hicieron a cambio de las presuntas prebendas facilitadas por el empresario: entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta, según el sumario.

El tribunal debe dilucidar, al término del proceso, si los exalcaldes del PP Díaz Alperi y Sonia Castedo concedieron un trato de favor el promotor Enrique Ortiz en el diseño del planeamiento urbanístico de la ciudad, durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009. Y si lo hicieron a cambio de las presuntas prebendas facilitadas por el empresario: entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta.

Anticorrupción aduce que el promotor, su hermano y otro acusado vinculado a sus empresas ya ratificaron su conformidad por lo que es "impecable" si no se alega un vicio en el consentimiento. La Fiscalía expone que esos escritos de renuncia "no son acordes a derecho" y sostiene que "la conformidad prestada" ya ratificada ante el letrado de la Administración de Justicia "es irrevocable, no condicionada a ningún otro trámite y no estando prevista legalmente ninguna otra ratificación".

Vuelco en el caso del PGOU de Alicante a falta de 7 días de que comience el juicio. El principal investigado, el empresario Enrique Ortiz, se ha desentendido del acuerdo firmado con fiscalía y acusaciones para eludir la cárcel (le reclamaban ocho años y se quedaría en dos) a cambio de pagar más de 1,6 millones de euros en multa y responsabilidad civil a cambio de confesar los intentos de amaño del PGOU durante los gobiernos locales de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, del PP.

El promotor Enrique Ortiz selló este miércoles en la Audiencia Provincial el acuerdo de conformidad por el que reconoce su culpabilidad en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU). Con esa rúbrica, el empresario certifica su confesión sin dar un paso atrás, lo que traslada toda la presión sobre el resto de los procesados. Entre ellos, los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Rel: www.meneame.net/story/piden-comision-investigacion-determinar-hasta-do

La iniciativa, que llega tras el acuerdo con la fiscalía del empresario para librarse de la cárcel aboga también por esclarecer las responsabilidades del actual alcalde, Luis Barcala y de la regidora María del Carmen de España, del PP y Adrián Santos, de Cs, como antiguos miembros del equipo de gobierno de la imputada Sonia Castedo

El empresario Enrique Ortiz, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta el grueso de los hechos recogido en la acusación inicial. Básicamente, que negoció cambios en el planeamiento urbanístico de Alicante con la intención de lograr un beneficio en terrenos de su propiedad a cambio de la entrega de diversas dádivas (entre ellas, dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper o viajes a Creta, Ibiza y Andorra) a los dos exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

La Audiencia de Alicante fija para abril de 2020 el juicio contra Javier Morató, su mano derecha, Juan Roselló, su cuñado, Francisco Artacho, el exedil de Contratación Fernando Penella, el empresario Ángel Fenoll y su hijo Entre los ocho encausados se encuentran también la mujer de Roselló y un técnico municipal: el fiscal pide en total 58 años de prisión por haber defraudado 11,9 millones de euros a Calp y se les acusa de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo.

Romero apuntó que "aunque (Lorente) ni figura ni interviene directamente en conversaciones o reuniones grabadas, los indicios permiten concluir que era conocedora, patrocinaba y respaldaba" las facilidades para dejar desierto el concurso de basuras anterior (que daban por ganadora a Urbaser) y las posterior adjudicación a la UTE de Sufi, Liasur y Gobancast.

El juez García Castellón ha reactivado la investigación sobre las grabaciones que relacionan a José Manuel Villarejo y María Dolores de Cospedal; ha requerido a MONCLOA.COM las grabaciones que constatan la relación entre Cospedal y Villarejo.También indaga sobre el papel jugado por Ignacio López del Hierro y el comisario José Luis Olivera.El magistrado está interesado en las grabaciones que tratan sobre los casos Gürtel y Brugal..

Se leyeron declaraciones de varios empresarios de la UTE que recibió la adjudicación contrata de basuras formada por Gobancast, Sufi y Liasur, que ganó el concurso de basuras en 2009, durante el mandato de Mónica Lorente. De esas declaraciones a las que se dieron lectura, se desprendía que los empresarios reconocían, de forma más o menos directa, que Fenoll estaría detrás de la gestión de esa UTE.

Cuarto y último día de declaración del inspector de a UDEF en Alicante, en el juicio del Caso Brugal. La última intervención del que fue supervisor y coordinador de las pesquisas para averiguar posibles amaños en los contratos de la gestión de las basuras de Orihuela: " A veces, ni ellos entendían. Estaba claro que no era un lenguaje habitual entre ellos".

Una cámara de vídeo oculta en una alarma que se activaba desde la mesa del despacho de Ángel Fenoll en la empresa Colsur, con la que él podía controlar y grabar a quien entrara a su despacho; sobres preparados y billetes de 500 euros; supuestas cartas de extorsión bautizadas como "gaviotas"; cintas, muchas horas de grabaciones a personas influyentes que esperaban para ser usadas, audios descifrados o sin poder desbloquear.

"No, no y no" es, en un resumen muy sucinto, la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción a las cuestiones previas de la defensa que pedían la nulidad de las escuchas en la rama oriolana del Caso Brugal en un litigio que vive esta semana su tercera y cuarta sesión de juicio oral.

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) ha recusado a las tres magistradas del tribunal de la Audiencia Provincial designado para juzgar el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, donde está investigada y donde se cree que benefició al promotor Enrique Ortiz. Se trata de una de las 17 piezas separadas de la denominada operación Brugal.

Entre los fraudes de los que Hacienda acusa a Luis Díaz Alperi está que declarara en 2007 ingresos por 113.000 euros, cuando realmente superó el millón. Además de los tres delitos fiscales, la Fiscalía acusa a Díaz Alperi de un delito de cohecho impropio derivado del amarre gratuito de su barco en el puerto deportivo de Alicante, una infracción que esta parte atribuye también a Javier Palacio; está también a la espera de un juicio por supuesta corrupción, en el marco de una rama del "caso Brugal" relativa al Plan General de Ordenación Urbana

Un tribunal ha confirmado el procesamiento de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) por beneficiar a cambio de diferentes dádivas, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz, también procesado, con el diseño del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, juzgará a dos exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, además de al empresario Enrique Ortíz y a otros imputados por el llamado caso Brugal.