En este caso, el trío arbitral ha condenado a España al pago de más de 80 millones de euros (77 millones de indemnización más 3,3 millones en costas) más los intereses acumulados al fondo de capital riesgo Bridgepoint, asesorado por el bufete internacional Allen & Overy, quien elevó el litigio a la corte arbitral del Banco Mundial tras verse perjudicada por los ingresos de ocho plantas eólicas que suman una potencia de 333 MW. Dicha inversión se produjo en 2011.
