El abogado Gonzalo Boye prevé que el 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont vuelva a Catalunya antes de acabar el año. "Ni a Clara ni a Toni ni al presidente les atemoriza una detención", ha asegurado en declaraciones a Rac 1. En cuanto a la citación de Ponsatí a declarar ante el Supremo el 24 de abril, ha indicado que la 'exconsellera' "no tiene ninguna intención voluntariamente de comparecer ante un juez que no es lo preestablecido por ley".

Citizen Lab concluyó que los teléfonos móviles y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya fueron atacados con el software Pegasus sin tener acceso directo a ninguno de ellos. Todas las conclusiones del CatalanGate se basa en las informaciones que le hicieron llegar Elies Campo, un activista independentista, y Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Todos los presuntos espiados se han negado a entregar sus teléfonos móviles a las autoridades judiciales para realizar pruebas periciales independientes.

La Fiscalía Antidroga ha pedido 31 años y 6 meses de prisión para José Ramón Prado, aka Sito Miñanco, y 9 años y 9 meses de cárcel para Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado de Carles Puigdemont. La Fiscalía Especializada acusa a más de 50 investigados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales. Ha solicitado también que se aplique una multa de al menos 2,7 millones de euros para Boye y de más de 950 millones para Prado Bugallo

Las comparecencias de los detenidos ante la jueza Lamela son duras. El fiscal del caso es Ignacio de Lucas , precisamente hermano pequeño del senador del PSOE y columnista de El País Javier de Lucas . Lamela informa a los abogados de que sus clientes están acusados de narcotráfico y blanqueo de capitales en relación con 889.620 euros incautados en Barajas el 6 de febrero del 2017. Los letrados se ponen las manos en la cabeza y recuerdan a la magistrada que el delito de blanqueo no podía existir porque se estaba tramitando el expediente...

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que la decisión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que defiende que hace falta demostrar que hay "deficiencias sistémicas" en el sistema judicial del Estado para rechazar las euroórdenes contra los líderes independentistas reclamados por el 1-O, es una "mala noticia".

La estrategia de Boye se basará en pedir la nulidad de todos estos procedimientos en que aparece el juez y exigirá la aplicación de la denominada doctrina Garzón, en referencia a la sentencia que en febrero del 2012 condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez o magistrado por haber ordenado grabar conversaciones de algunos de los presos encausados por el caso Gürtel con sus abogados.

Carles Puigdemont y su equipo preparan ya una ofensiva legal contra el juez del Supremo que se encarga del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de consecuencias imprevisibles. Los abogados del 'expresident' catalán ven en la actuación del magistrado Pablo Lucas, que autorizó las escuchas con el sistema Pegasus, motivos para reclamar su inhabilitación y la nulidad de varias de las resoluciones del Supremo.

La gente tiene la costumbre de confundir al abogado con los clientes a los que defiende, y tiende a criminalizar", especialmente "en los países poco democráticos", dice Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965), que ha pasado esta semana por el Parlamento de Navarra para dar cuenta de la situación de uno de sus defendidos, el periodista Pablo González, preso en Polonia.

El macrojuicio contra los 16 presuntos miembros del clan de 'Los Castañas' se ha reanudado este viernes con las pruebas testificatorias aportadas por parte de la Fiscalía, quien pide 20 años de cárcel para los líderes de la presunta organización criminal, y con la ausencia de Isco Tejón, quien no ha comparecido debido a una cita médica. El pasado viernes, cuando se celebró la segunda sesión del macrojuicio contra el narcotráfico del clan de ‘Los Castañas’, el abogado de Isco Tejón, Gonzalo Boye, aseguró que se trataba de una causa «plagada de…

El expresident se reunió a finales de junio de 2019 con los responsables de los contactos con Moscú para recabar información sobre la marcha de las conversaciones. El entorno del expresident también se citó en secreto esos días con un gestor de patrimonio ruso llamado Yuri Emelin. El objetivo era que este asesor les ayudara a crear una estructura financiera en el extranjero. También asistieron el asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay, su abogado, Gonzalo Boye, y el empresario ruso con residencia en Barcelona Alexander Dmitrenko.

El fiscal del Tribunal Supremo español José Miguel de Rosa Cortina considera que el abogado Gonzalo Boye no tiene el derecho a presentar ninguna demanda por vulneración del derecho del honor, de la intimidad personal y familiar ni de la propia imagen porque, dice, “interviene en muchas causas que se caracterizan por ser extremadamente polémicas y genera debates de alta tensión política como, por ejemplo, el procedimiento contra el señor Puigdemont”. El fiscal dice esto en un informe sobre un recurso que la web Periodista Digital

Mientras en Bélgica se guían por los criterios que van estableciendo los tribunales europeos —Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)— en España se siguen interpretando las normas desde una rancia perspectiva, en blanco y negro, pensando en que los derechos y libertades de los ciudadanos son una suerte de prebenda de la que no todos somos titulares.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una recusación presentada por el abogado Gonzalo Boye --defensor, entre otros de los líderes independentistas Carles Puigdemont y Joaquim Torra-- contra el magistrado de este órgano Pablo Llarena. El letrado pretendía que el juez Llarena se abstuviera de decidir sobre la querella que él ha presentado contra la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato por procesarle en el marco de la causa sobre Miñanco.

El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez ha contratado a los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye para preparar el recurso a su condena por agresión a un agente policial y para las "eventuales acciones judiciales" contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Los mensajes de texto interceptados revelan discusiones intensas e incluso angustiosas entre los asesores superiores de Puigdemont sobre cómo evitar el antagonismo con el gobierno ruso, incluso minimizando el apoyo al líder opositor ruso encarcelado y activista anticorrupción Alexei Navalny. Los mensajes interceptados del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, lo muestran a él y a Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, discutiendo temas que es mejor eludir en declaraciones públicas para evitar molestar al Kremlin.

La Sala de lo Penal ha confirmado el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial, todo ello en el marco de la causa abierta a Jose Ramón Prado Bugallo,'Sito Miñanco' en la que Bugallo está procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero

El intento de incriminar al abogado Gonzalo Boye por un delito de blanqueo de capitales ha provocado una contundente reacción del letrado junto con cuatro asociaciones que forman parte de la Coordinadora de Abogados de Catalunya. La respuesta ha llegado en forma de querella ante el Tribunal Supremo por un delito de encubrimiento de asesinato contra la jueza María Tardón, la letrada Ángeles Monedero y el fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga Ignacio Miguel de Lucas. Asimismo, se atribuye a la jueza Tardón un delito de prevaricación.

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE que el Parlamento Europeo no le ha dado la razón a España "de forma rotunda" tras su decisión de retirar la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, tal y como solicitó la justicia española. El abogado, que ha anunciado recurso a la decisión, ha señalado: "Estamos tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer y teníamos cosas preparadas".

El propio Gonzálo Boye ha reconocido a laSexta que el abogado Alfonso Pazos, compañero de celda de Villarejo, se puso en contacto con él y le entregó esta documentación, aunque le dijo que se trataba de "un índice de temas que podían constituir un guion para una serie de televisión". Relacionada: www.meneame.net/story/juez-prohibe-varios-periodistas-publicar-papeles

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha comunicado este lunes al abogado Gonzalo Boye su procesamiento junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", en una causa por presunta participación en un entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico.

La magistrada que persigue Boye fue concejala del PP y consejera general de Caja Madrid durante la presidencia de Miguel Blesa

Gonzalo Boye es un jurista repleto de sombras. Cabeza jurídica del secesionismo catalán, igual representa a Josu Ternera que al narco Miñanco.

El ex dirigente de ETA se encuentra en Francia pendiente de que la justicia del país vecino se pronuncie sobre la extradición solicitada por España para ser juzgado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza