Estudiantes de la Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz han desarrollado una aplicación revolucionaria destinada a facilitar la comunicación para personas con discapacidad auditiva. La aplicación, que se destaca por su capacidad de traducir el lenguaje de signos a texto sin la necesidad de un intérprete, es el resultado de un proyecto estudiantil que ha alcanzado la final del ‘X Talento Challenge’, un programa nacional promovido por la Fundación ONCE.

Las colaboraciones o concesiones público-privadas (CPPs), aplicadas principalmente en la sanidad o la educación, se han disparado en los últimos años en España. Bajo el mantra de que lo privado es “más eficaz”, apuntan en el último informe de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), “hay que invitar y facilitar al sector privado a su participación en los sectores que tradicionalmente han sido de dominio público para que vayan funcionando mejor”.

Más de medio millón de contratos sanitarios –570.031– de la Comunidad de Madrid en 2017 para suministros, servicios y obras. Y otra cifra casi idéntica –458.317– al año siguiente. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero de todas esas adjudicaciones, el 99,7% se otorgó a dedo el primero de los dos años con el argumento de que se trataba de "contratos menores", es decir, los de escaso importe. En 2018, el porcentaje fue del 99,6%.

El sindicato Ustea Enseñanza de Granada ha informado de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA favorable a una maestra con discapacidad auditiva que solicitaba como adaptación de su puesto de trabajo una persona intérprete de lengua de signos.

A pesar de los avances, las personas con discapacidad auditiva todavía cargan con importantes dificultades para trabajar en el cine y la televisión, así como para disfrutar como espectadores

A través de su partido Fuerza Popular (derecha), Fujimori pidió "una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales", cuyo recuento pone a Castillo (izquierda) con una ventaja estrecha pero casi irreversible de 48.000 votos. La razón esgrimida para reclamar esta auditoría es que "se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos" entre el acta y el sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada del escrutinio oficial.

El Covid-19 puede causar una pérdida auditiva repentina y permanente, han descubierto los expertos, y agregaron que tales problemas necesitan una detección temprana y un tratamiento urgente. Se ha descubierto que el coronavirus afecta al cuerpo de innumerables formas, desde la pérdida del gusto y el olfato hasta daños en los órganos.

En la carta, los firmantes explican que España es uno de los países con mejor sanidad del mundo, situándose en el número 15 del ranking de Health Security. Sin embargo, reportan, en el país hubo "más de 300.000 casos, 28.498 muertes confirmadas y cerca de 44.000 muertes adicionales"Lejos de querer que la petición se entienda con carácter negativo, el grupo de científicos acerca que "esta evaluación no debe ser concebida como un instrumento de búsqueda de culpabilidad, si

El Congreso rechaza la propuesta del PP para que se audite la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia - PSOE, Podemos, nacionalistas y separatistas han votado en contra.

Es ROTUNDAMENTE FALSO, que el 43% de los seguidores de Sánchez sean bots y de los últimos 90 días. ABC no aporta ninguna prueba, yo sí

Manuel Gabarre, con su libro ‘Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler’, describe cómo operan los fondos de inversión con la vivienda y cómo ha influido el Estado. "Se podrían hacer muchas cosas con el patrimonio de la Sareb. Primero habría que saber qué ha quedado y en qué situación está. Y luego auditar y revisar lo que ha pasado ahí..Luis de Guindos, que fue el máximo responsable de esto, dijo primero que no iba a costar ni un euro, pero lo que no se enteró tanta gente es que la Sareb tiene un aval del Estado español

Se trata de una campaña especial llevada a cabo por la Policía Municipal desde este lunes para controlar los vehículos de transporte escolar

Audita Sanidad, Grupo de Trabajo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, ha formalizado una denuncia contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Según explicó el portavoz de Audita Sanidad, Vicente Losada, la denuncia se dirige contra la cúpula de la Consejería los responsables de la mayor parte de los hospitales madrileños por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude, cometidos mediante el fraccionamiento en numerosos contratos.

En concreto, la demanda alude a presuntos delitos de prevaricación,malversación de caudales públicos,tráfico de influencias y fraude "por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016. "La plataforma considera que se está haciendo un "uso y abuso" de estos contratos menores y estudia si este tipo de relación laboral se está realizando para "adjudicar a dedo" recursos públicos.La Cámara de Cuentas detectó durante 2017 diversas prácticas de fraccionamiento de contratos menores en diversas consejerías

La entidad recurrió al comisario en julio de 2016 para pedirle que averiguara si la zona del Egeo por la que González planeaba navegar ese verano durante sus vacaciones entrañaba algún tipo de amenaza. La auditoría de riesgos que efectuó el presunto cabecilla de la operación Tándem se abonó con dinero de la entidad financiera.El encargo confirma que la relación de BBVA con Villarejo se prolongó al menos durante los 12 años siguientes a la operación Trampa, el macroespionaje que ejecutó el banco en 2004, con la ayuda del comisario..

Una mujer en China despertó una mañana sin ser capaz de escuchar a su novio. De camino al hospital pudo comprobar que tampoco oía voces masculinas, solo la de las mujeres.

Durante 14 años, el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de la Comunidad de Madrid (Deprecam) ha sido un programa fundamentalmente de gestión privada. Y no solo eso, sino que su desarrollo y gestión ha estado plagado de irregularidades, incompetencias, desigualdad y sobrecostes, según un informe del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad).

El órgano que vela por el cumplimiento de la transparencia renuncia a auditar a las empresas subvencionadas, como ordena la ley, por falta de medios. En su último informe reclama al Gobierno, con el que mantiene varios pleitos, que lo dote de más plantilla y presupuesto para poder llevar a cabo sus funciones. El organismo lamenta que, tres años después de entrar en vigor, el 49% de la población española desconozca la ley y los derechos que reconoce..

Uber, empresa tecnológica americana que proporciona una red de transporte a través de una aplicación móvil, se ha hecho conocida en España por acumular numerosas denuncias.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha convertido en el gran controlador de las cuentas de la Generalitat catalana antes y después de la aplicación del artículo 155; sobre todo en lo que respecta a la gestión de cada gasto de su presupuesto, como a la organización y movilidad del personal al servicio de las instituciones públicas dependientes del ‘Govern’.

En 2016 se firmaron 485.119 contratos menores en la Comunidad de Madrid por un importe de 698 millones de euros. Estos contratos no requieren de licitación pública para salir adelante, según la Ley de Contratos del Sector Público, y representan un 49,8% del importe de contratación público-sanitaria de la región. Son datos que recoge el Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) en su último informe: "Los lobbies y la contratación pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en 2016".

El organismo autonómico ha notificado a los responsables de esta empresa pública que iniciará próximamente una auditoría sobre las cuentas que presentó la televisión pública entre 2008 y 2015. En ese período, se firmaron los polémicos contratos de explotación de los derechos de imagen del Atlético de Madrid y del Getafe C.F., por valor de 300 millones de euros. También se analizará elExpediente de Regulación de Empleo (ERE) que aprobó en enero de 2013 el consejo de administración de la cadena..