Según ha podido saber este periódico, el agente habría sido el responsable de diversos contratos de obra que se han ejecutado en los últimos años en la Comandancia de la Guardia Civil. Se investiga si ha podido amañar contratos menores para beneficiar a determinadas empresas relacionadas con él mismo.

Un juez investiga si empresarios de lo textil pagaron entradas para el Real Madrid, monterías o viajes a guardias civiles como contraprestación a cambio de manipular las contrataciones públicas. La Agencia Tributaria pone bajo sospecha que el teniente coronel Martín Altube: de 2009 a 2019 ingresó en efectivo en el cajero, con ingresos periódicos, la suma de 38.190 € de origen desconocido. Él y su mujer adquirieron su vivienda en 2011 en Pozuelo de Alarcón por valor de 524.722 € para lo que "no se constituyó ningún préstamo hipotecario"...

Según adelanta 'Cadena SER', ha presentado un escrito de confesión en el que aporta indicios de que Pons adjudicó un contrato ilícito a la trama corrupta y sostiene que medió para la obtención de otro.

Los agentes de la Guardia Civil comenzaron a tirar del hilo en Torredembarra (Tarragona) por la denuncia de dos concejales, pero las pesquisas les llevaron hasta ayuntamientos de toda España donde, según sus averiguaciones, políticos y funcionarios se aliaban con los responsables de la empresa Efial Consultoría para adjudicarle contratos amañados. “Les estamos saqueando, ellos verán qué hacen”, llega a reconocer un delegado comercial de la compañía en una conversación telefónica intervenida.

Un informe de la Intervención General del Estado corrobora que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en 2003 a la empresa donante en negro del PP, Constructora Hispánica, un contrato en Santoña a pesar del informe del interventor que advirtió de la manipulación de las puntuaciones del concurso y del incumplimiento de la ley por los sobrecostes.

La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas. En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque…

Ambos están investigados por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. La juez los envía a prision eludible con una fianza de 50.000 euros para cada uno por su presunta relación con un caso de amaños en contratos de uniformes del Instituto Armado. Los otros cinco arrestados han quedado en libertad provisional.

Las escuchas del caso Koldo desvelan un nuevo supuesto amaño que salpica al actual presidente de Adif, Ángel Contreras. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una nueva conversación telefónica de Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en la que se apunta a una posible maniobra para adjudicar un contrato de emergencia a una mercantil vinculada a la trama.

Amazon tiene el objetivo de deshacerse de un determinado porcentaje de empleados cada año, y tres ejecutivos afirman que sienten tanta presión por cumplir ese objetivo que contratan a personas con el fin de despedirlas. Afirman que contratan a personas a las que pretenden despedir, simplemente para cumplir con su objetivo de rotación anual. Esta práctica se denomina internamente "contratar para despedir", según tres directivos de Amazon. Un portavoz de Amazon ha negado que la empresa contrate a empleados con la intención de despedirlos.

Bélgica, que ya se convirtió en 2022 en el primer Estado europeo -y el segundo del mundo- en despenalizar la prostitución, ha dado un paso más al aprobar su Parlamento que los trabajadores sexuales puedan tener contratos laborales con acceso a la seguridad social, bajas por enfermedad o maternidad y pensiones. "El trabajo sexual es un trabajo (...) Las trabajadoras sexuales también somos personas. Necesitamos y merecemos la misma protección laboral y derechos como cualquier otra persona que trabaje en un restaurante o en una fábrica".

El portavoz del Ejecutivo madrileño señala “el trabajo” conjunto del matrimonio “desde hace muchísimo tiempo”

En la isla de Eivissa proliferan los contratos cortos, a pesar de que la Ley de Vivienda obliga a un mínimo de cinco años de vigencia. "Quieren echarnos para alquilar las casas en plan turístico o para cobrar el doble de lo que pagamos ahora", lamenta Sonia, una de las afectadas

La campaña va dirigida a empresarios que echan a sus empleados justo al cumplirse seis meses de contrato, el final del periodo de prueba. Se ha multiplicado hasta por nueve el número de despidos justificados en no superar la fase de prueba

La comisión de investigación del Congreso de los Diputados analizará a fondo el contrato millonario del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, adjudicado a Priviet Sportive.SL, la empresa que pagó comisiones al familiar de la líder regional por la compra de mascarillas procedentes de Corea del Sur durante lo peor del Covid, que aterrizaron en IFEMA. Por esta operación la mencionada compañía, propiedad de un amigo de Ayuso de la infancia, se embolsó un importe total de 1.512.000 euros (IVA incluido).

La Xunta de Galicia, entre las administraciones de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, adjudicaron al menos 20 millones de euros a la empresa dirigida por el cuñado del hoy líder del Partido Popular, Ignacio Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas. Estos contratos, al menos 44 según ha podido documentar ElPlural.com, se adjudicaron a Universal Support entre 2020 y 2023, y el Congreso de los Diputados los ha puesto bajo la lupa en la comisión de investigación que fiscalizará las contrataciones de mascarillas durante la pandemia.

Una empresa gallega que imponía a los vigilantes de seguridad jornadas de 24 horas durante 15 días seguidos se ha hecho con el contrato para vigilar un centro de menores migrantes no acompañados y otro de niños y niñas tutelados

A pesar de las acusaciones y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el caso fue archivado, no encontrando indicios de irregularidades. Sin embargo, pese a que se dio carpetazo a esta polémica, el tema ha vuelto a la actualidad después de que este martes la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitaria en pandemia -que echará a andar el próximo lunes- haya solicitado tanto a Room Mate, como a Enrique Sarasola todos los contratos de este proceso

El Concello de Ferrol ha dado marcha atrás en su decisión de redactar «exclusivamente» en castellano todos los contratos que licite y deban ser publicados para su adjudicación. Tras conocerse el contenido de la instrucción municipal en la que, por razones de agilidad administrativa y para reducir los plazos, se establecía esa medida, el gobierno local ha rectificado y garantiza ahora que también se traducirán al gallego.

Aaron Cortés, tenista español que llegó a ser el 955 del ránking, ha sido suspendido 15 años tras admitir 35 quebrantamientos del programa anticorrupción del tenis. Cortés cometió estas irregularidades entre 2016 y 2018 y entre ellas se incluye amañar el resultado de partidos, aceptar dinero por ello, no avisar a las autoridades de los intentos de soborno, apostar en partidos y dar dinero a los organizadores de los torneos para que le dieran invitaciones.

La empresa de telemarketing vinculada al cuñado de Alberto Núñez Feijóo a la que la Xunta adjudicó contratos por 19,2 millones de euros entre 2020 y 2023 por los servicios de call center, información telefónica sobre el covid y rastreo de casos durante la crisis sanitaria, pagó 1,16 millones de euros anuales en salarios los trabajadores y trabajadoras a los que destinó a cubrir esas tareas. Rel: www.meneame.net/story/empresa-cunado-feijoo-gano-oferta-mas-cara-otro-

Es el 77% del presupuesto anual de la Xunta para sanidad, más de tres veces lo que se gasta al año en políticas sociales o algo más del 30% del dinero del que dispone en cada ejercicio. Desde 2018 hasta 2023, el Gobierno gallego, dirigido por el Partido Popular ha gastado 4.000 millones de euros en contratos sin concurso público, en licitaciones menores. Es decir, en contratos a dedo de hasta 15.000 euros para servicios y de hasta 40.000 euros para obras, que son los máximos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para que un en