Según ha podido saber este periódico, el agente habría sido el responsable de diversos contratos de obra que se han ejecutado en los últimos años en la Comandancia de la Guardia Civil. Se investiga si ha podido amañar contratos menores para beneficiar a determinadas empresas relacionadas con él mismo.

Un juez investiga si empresarios de lo textil pagaron entradas para el Real Madrid, monterías o viajes a guardias civiles como contraprestación a cambio de manipular las contrataciones públicas. La Agencia Tributaria pone bajo sospecha que el teniente coronel Martín Altube: de 2009 a 2019 ingresó en efectivo en el cajero, con ingresos periódicos, la suma de 38.190 € de origen desconocido. Él y su mujer adquirieron su vivienda en 2011 en Pozuelo de Alarcón por valor de 524.722 € para lo que "no se constituyó ningún préstamo hipotecario"...

Según adelanta 'Cadena SER', ha presentado un escrito de confesión en el que aporta indicios de que Pons adjudicó un contrato ilícito a la trama corrupta y sostiene que medió para la obtención de otro.

Los agentes de la Guardia Civil comenzaron a tirar del hilo en Torredembarra (Tarragona) por la denuncia de dos concejales, pero las pesquisas les llevaron hasta ayuntamientos de toda España donde, según sus averiguaciones, políticos y funcionarios se aliaban con los responsables de la empresa Efial Consultoría para adjudicarle contratos amañados. “Les estamos saqueando, ellos verán qué hacen”, llega a reconocer un delegado comercial de la compañía en una conversación telefónica intervenida.

Un informe de la Intervención General del Estado corrobora que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en 2003 a la empresa donante en negro del PP, Constructora Hispánica, un contrato en Santoña a pesar del informe del interventor que advirtió de la manipulación de las puntuaciones del concurso y del incumplimiento de la ley por los sobrecostes.

La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas. En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque…

Ambos están investigados por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. La juez los envía a prision eludible con una fianza de 50.000 euros para cada uno por su presunta relación con un caso de amaños en contratos de uniformes del Instituto Armado. Los otros cinco arrestados han quedado en libertad provisional.

El Tribunal Supremo ha confirmado la validez de incluir cláusulas en los contratos de alquiler que impidan su prórroga, extendiendo esta decisión también a los arrendamientos rústicos, según la sentencia del 8 de mayo, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE.

La falta de sanitarios se agrava durante los meses de junio, julio y agosto, por lo que algunas regiones han solicitado un Consejo Interterritorial Extraordinario para abordar la problemática. La rama más dañada por este descuadre es la de Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en el ámbito de la atención primaria.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo este viernes en referencia al veredicto de culpabilidad recibido por el exmandatario Donald Trump (2017-2021) que “nadie está por encima de la ley” y consideró “imprudente y peligroso” que este sugiera que la decisión estuvo amañada.“Es imprudente, peligroso e irresponsable que cualquiera diga que esto fue amañado, sólo porque no le gusta el veredicto”, dijo desde la Casa Blanca

El denunciado por prevaricación e investigado por la Fiscalía Europea Javier Ureña, contestó a las preguntas de Mercedes González sobre el contrato de 2.6 millones de euros que el gobierno de Francina Armengol reclamó y que los populares de Marga Prohens dejaron caducar. El chaval "no sabía lo que firmaba", no distingue entre plazos de 3 u 8 meses, no se entera de lo que sentencia la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo...un auténtico pepero pura cepa.

El gobierno castellanoleonés solicitó los servicios de una de las compañías del protagonista de estas líneas por valor de unos 11.565 euros, según se desprende del Informe de la UCO. Se trata de BARRABÉS SKI MONTAÑA SLU, una firma relacionada con la venta de material de montaña y escalada que, en el ejemplo concreto que concierne, concedió material de protección individual a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, capitaneada en la región por los populares. Dicha adjudicación se formalizó en marzo de 2023.

Nueva victoria del Ministerio de Defensa en la Audiencia Nacional por las penalidades impuestas a Indra, Sapa y Santa Bárbara en el marco del ‘macro-programa’ del vehículo de combate sobre ruedas 8x8. Se trata de uno de los grandes contratos asociados al programa vinculado a la construcción de demostradores que sirvieran para comprobar que cumplía con los requisitos previos antes de la construcción de los equipos definitivos.

El Ayuntamiento de Madrid, a cargo de José Luis Martínez-Almeida, contrató en más de una ocasión a las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los señalados por el Partido Popular en el caso judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Para ser más exactos, el montante de estas adjudicaciones asciende a cerca de 2,5 millones de euros, sin IVA.

Las escuchas del caso Koldo desvelan un nuevo supuesto amaño que salpica al actual presidente de Adif, Ángel Contreras. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una nueva conversación telefónica de Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en la que se apunta a una posible maniobra para adjudicar un contrato de emergencia a una mercantil vinculada a la trama.

Amazon tiene el objetivo de deshacerse de un determinado porcentaje de empleados cada año, y tres ejecutivos afirman que sienten tanta presión por cumplir ese objetivo que contratan a personas con el fin de despedirlas. Afirman que contratan a personas a las que pretenden despedir, simplemente para cumplir con su objetivo de rotación anual. Esta práctica se denomina internamente "contratar para despedir", según tres directivos de Amazon. Un portavoz de Amazon ha negado que la empresa contrate a empleados con la intención de despedirlos.

Bélgica, que ya se convirtió en 2022 en el primer Estado europeo -y el segundo del mundo- en despenalizar la prostitución, ha dado un paso más al aprobar su Parlamento que los trabajadores sexuales puedan tener contratos laborales con acceso a la seguridad social, bajas por enfermedad o maternidad y pensiones. "El trabajo sexual es un trabajo (...) Las trabajadoras sexuales también somos personas. Necesitamos y merecemos la misma protección laboral y derechos como cualquier otra persona que trabaje en un restaurante o en una fábrica".

El portavoz del Ejecutivo madrileño señala “el trabajo” conjunto del matrimonio “desde hace muchísimo tiempo”

En la isla de Eivissa proliferan los contratos cortos, a pesar de que la Ley de Vivienda obliga a un mínimo de cinco años de vigencia. "Quieren echarnos para alquilar las casas en plan turístico o para cobrar el doble de lo que pagamos ahora", lamenta Sonia, una de las afectadas

La campaña va dirigida a empresarios que echan a sus empleados justo al cumplirse seis meses de contrato, el final del periodo de prueba. Se ha multiplicado hasta por nueve el número de despidos justificados en no superar la fase de prueba

La comisión de investigación del Congreso de los Diputados analizará a fondo el contrato millonario del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, adjudicado a Priviet Sportive.SL, la empresa que pagó comisiones al familiar de la líder regional por la compra de mascarillas procedentes de Corea del Sur durante lo peor del Covid, que aterrizaron en IFEMA. Por esta operación la mencionada compañía, propiedad de un amigo de Ayuso de la infancia, se embolsó un importe total de 1.512.000 euros (IVA incluido).

La Xunta de Galicia, entre las administraciones de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, adjudicaron al menos 20 millones de euros a la empresa dirigida por el cuñado del hoy líder del Partido Popular, Ignacio Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas. Estos contratos, al menos 44 según ha podido documentar ElPlural.com, se adjudicaron a Universal Support entre 2020 y 2023, y el Congreso de los Diputados los ha puesto bajo la lupa en la comisión de investigación que fiscalizará las contrataciones de mascarillas durante la pandemia.