Hay quien anhela ser Cristiano Ronaldo, otros prefieren trabajar como superestrella de Google, pero si uno lo que quiere es ganar pasta gansa de la buena, tiene que meterse a administrador concursal.

Es lamentable la enorme pasividad de las administraciones competentes ante las numerosas irregularidades que se vienen produciendo en el sector inmobiliario. Desde FACUA hemos denunciado a decenas de agencias por saltarse la ley al imponer el pago de comisiones a los inquilinos como condición para alquilarles inmuebles destinados a vivienda habitual, pero no hemos recibido ni una sola respuesta en la que nos comuniquen la imposición de sanciones. Y ello pese a que buena parte de las denuncias fueron presentadas hace ya casi un año

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha estimado el recurso de Miguel Galán contra el censo electoral de la Federación Española de Fútbol y ha acordado su repetición para "que la Comisión electoral dicte una resolución ajustada a derecho". Pedro Rocha, ahora investigado por la Justicia, resultó ser el único candidato con los avales necesarios para presentarse a presidir la RFEF.

FETAP-CGT lamenta la cobardía del ministro Escrivá, que sigue eludiendo su obligación de legislar, el desacato de buena parte de la judicatura y establece un nuevo protocolo jurídico para que el millón de trabajadoras en fraude de ley que vean peligrar sus puestos de trabajo por los procesos mal llamados de “estabilización” puedan hacer frente al abuso de temporalidad cometido por las administraciones y gobiernos durante décadas.

En 2023, las diferentes administraciones españolas concedieron 897.252 subvenciones a 325.876 beneficiarios. En total, el pasado año se repartieron 33.255 millones de euros a través de ayudas públicas. De todo ello, al menos doce empresas del IBEX 35 acapararon 814 subvenciones por un valor superior a los 600 millones de euros. Así se desprende de una investigación periodística de Civio, que ha analizado las concesiones publicadas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de aquellos beneficiarios que acumularon más

El directivo de Quirón Fernando Camino administra la empresa que compró las mascarillas en el pelotazo de 2 millones de euros que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, dio en 2020. Camino fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude con el que, como reveló elDiario.es, cometió dos delitos fiscales y otro presunto delito de falsedad documental mediante una trama de facturas falsas y testaferros.

Roberto Macías era administrativo en UGT Andalucía. Mexicano, vino a España en 2004. Cuenta que UGT aplicó un ERE "con la misma reforma laboral por la que convocaron una huelga general". Se veía en la calle. Robó un USB con la contabilidad que ha desembocado en el caso de facturas falsas que se enjuicia desde este lunes, por el que el sindicato está acusado de un desvío de 40 millones. Solo hay un condenado : el propio Macías, por filtrar la documentación a la prensa. "Estoy señalado, no puedo trabajar, solo tengo una ayuda de 369 euros"

La “detención administrativa” es el arma legal utilizada por Israel contra los palestinos en los territorios ocupados. Consiste en enviar a los detenidos a prisión sin juicio, ni pruebas, ni defensa, ni delito, por meras “razones de seguridad”, mediante la aplicación de leyes militares de excepción inspiradas en la época colonial británica del Mandato después de la Primera Guerra Mundial.

¿A quién no le ha ocurrido alguna vez, al rellenar un formulario oficial, no ser capaz de elegir una de las opciones por no entender cuál es la que se adecúa a su situación? ¿O tener que leer varias veces un párrafo de un comunicado administrativo hasta dejarlo por imposible? Incluso los expertos y lingüistas están de acuerdo en que el lenguaje administrativo y jurídico destaca por su poca transparencia. A menudo es un lenguaje muy arcaico, altisonante, con formulaciones largas, falta de transiciones lógicas, etc.

Navarra anunció en 2021 la creación de un grupo de expertos para identificar y reintegrar fincas comunales protegidas por la Constitución y las leyes forales. Dos años después, el proyecto duerme en un cajón de la Administración autonómica.

La Sala tercera del Tribunal Supremo ya había “reprendido” a alguna administración local y al Consejo General del Poder Judicial por remitir como “expediente digital” lo que era un “expediente escaneado”, advirtiendo que por imperativo legal debe remitirse según la legislación administrativa: en formato digital, con índice e hipervínculos que enlazan con cada documento, para facilitar la identificación, localización, reproducción y análisis.

La desconfianza llevó a un grupo de opositores a investigar lo ocurrido y, tal y como se dice en la denuncia, averiguaron que la mejor nota corresponde a la mujer de un primo de la opositora que sacó la segunda mejor nota, que además trabaja en un despacho contiguo al de la presidenta del tribunal. Sorprendentemente, en ese mismo despacho trabaja también la tercera de la lista. Y la cuarta, directamente, desarrolla su vida profesional en el mismo despacho de la presidenta del tribunal, al igual que la novena opositora de la clasificación.

El pasado fin de semana 4.377 personas que se presentaron a la primera prueba de acceso para ingresar al cuerpo administrativo (grupo C, subgrupo C1) del Gobierno de Canarias. Una prueba «inusualmente dura» que solo consiguieron aprobar 9 personas, 2 de ellas, las que obtuvieron mayor puntuación, tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública del Ejecutivo regional. A raíz de esta polémica y tras la dimisión del tribunal calificador, el director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, ha decidido suspenderlas.

Tres cambios de gobierno tras las elecciones del pasado 23 de junio han trastocado los planes que el Gobierno tiene comprometidos con la Unión Europea para la construcción de varios centros de acogida para refugiados financiados con más de 230 millones de euros de fondos europeos.En concreto, los trámites para la adquisición de parcelas e instalaciones donde se ubicarían tres de estos centros están actualmente suspendidos en Camargo (Cantabria), Logroño y Valladolid, donde el PP se ha hecho con la presidencia y las alcaldía