El programa mantiene la “vampirización” de las prestaciones por parte de los empresarios, ya que el que contrate a un parado de este programa se queda con su “prestación”. Este fiasco contrasta con el número de personas paradas sin protección. Según la EPA hay 3.035.974 personas paradas que no perciben prestaciones, de las que 2.289.526 estarían inscritas. Hay que ser retorcido en la fijación de los requisitos para que, de los casi 2,3 millones de personas inscritas sin proteger, solamente veintiún mil accedan al programa.
