La celebración de estos encuentros y la reforma del protocolo es consecuencia de la declaración institucional en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad difundida el pasado 15 de marzo de 2024 por el Consejo General de la Abogacía Española.

“La entrada masiva del colectivo de personas que ejerce la abogacía en la Seguridad Social conllevaría no solo un avance en la satisfacción de sus propias necesidades sociales, sino que también influiría positivamente en la imagen social de la profesión”

La Sala tercera del Tribunal Supremo ya había “reprendido” a alguna administración local y al Consejo General del Poder Judicial por remitir como “expediente digital” lo que era un “expediente escaneado”, advirtiendo que por imperativo legal debe remitirse según la legislación administrativa: en formato digital, con índice e hipervínculos que enlazan con cada documento, para facilitar la identificación, localización, reproducción y análisis.

[Leer en modo lectura] El abogado del Estado ha presentado un recurso de amparo en nombre de Irene Montero, para que el Constitucional anule la sentencia en la que el Supremo la condenó a indemnizar con 18000 euros a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, al que atribuyó públicamente la condición de maltratador, sin serlo. El servicio jurídico del Estado ha llevado la representación de la titular de Igualdad durante todo el pleito, por lo que Montero no ha tenido que costearse un abogado.

La Abogacía General del Estado es contraria a que Fertiberia ejecute la clausura de balsas de fosfoyesos en Huelva hasta que la Audiencia Nacional no lo autorice; pide que haga una nueva evaluación ambiental. Expresa serias dudas sobre la idoneidad del proyecto para cumplir la Ley de Costas y devolver la marisma a su situación original. Recoge las conclusiones del informe de la Universidad de Huelva: funcionamiento hidrogeológico, estabilidad de los depósitos, efectos en la cadena trófica, preocupación ciudadana, posibles efectos en la salud.

Los delegados de Seguridad y del Distrito Triana comparecen el martes en la reunión extraordinaria del Consejo Municipal LGTBI “para informar sobre el incidente” en la Velá de Triana.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Abogacía de Madrid muestran su apoyo al exdecano de Málaga tras su condena. La Sentencia condenatoria denota una absoluta ausencia de capacidad de diálogo de la magistrada denunciante, la nula empatía con la Abogacía de Oficio y la plena abstracción del contexto dramático de pandemia y muerte que padecía España", según han señalado a través de un comunicado el Colegio e Abogados de Madrid.

Esta práctica, que no cuenta con respaldo científico, está siendo utilizada para "resolver" problemas jurídicos (como divorcios o herencias) y consiste en "evaluar" los "conflictos vinculados a antepasados

Desestima el recurso de casación que interpuso el abogado, salvo en la pena de multa correspondiente al delito de falsedad documental.

Desvelan que aportó en la causa y defendió en la vista oral un documento sobre seguridad en la vía anterior al que estaba vigente cuando se decidió eliminar el sistema automático que habría frenado el tren por exceso de velocidad. Según las víctimas, lo que aportó la Abogacía del Estado durante la instrucción y lo que consta en autos es la versión 2.4.0. del documento, datada en 2009, que no estaba por tanto en vigor. La versión vigente de las reglas de ingeniería era la de 2011.

Este hombre que ven aquí, orgulloso propietario de un Citroën AX matrícula de Barcelona serie OT, es Dionisio Moreno, el abogado que en el año 2013 ganó en el TJUE la ya mítica sentencia del Caso Aziz, ese que ha permitido que los ciudadanos españoles puedan reclamar a los bancos parte de los latrocinios que estos han llevado a cabo durante años merced al uso de cláusulas abusivas en las hipotecas. Dionisio vive en Martorell y es quizá uno de los mejores ejemplos de cómo funcionan las cosas en la abogacía y en España

En abril de 2020 el abogado general concluyó que las residencias privadas tenían muy limitado el derecho a una compensación, pero aun así Sanidad las indemnizó por conceptos que los servicios jurídicos de la Comunidad no avalaban. En un razonamiento jurídico extenso, de 22 páginas, al que Radio Madrid ha tenido acceso tras preguntar a través del Portal de Transparencia, los letrados expresan en varias ocasiones sus reservas hacia una vía que no está “suficientemente debatida, ni con el sosiego necesario por la doctrina científica y, mucho menos