Su envío al Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las CCAA es obligatorio. Una amplia mayoría de los municipios infractores son de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Al menos diez municipios no se han sometido a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, o el órgano de control externo autonómico correspondiente, desde 2012. Eso supone que estos consistorios se han saltado durante casi una década la legislación en materia de control externo de las cuentas públicas.