José Luis Ábalos ya no está en el Gobierno, pero la polémica en torno al rescate de la compañía aérea Plus Ultra continúa. El hasta hace días ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad actuaba como una especie de cortafuegos, pues hacia él, como encargado de las relaciones con Latinoamérica, apuntaba la oposición cuando se hablaba del rescate a la empresa. Sin embargo, ahora los focos apuntan a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La patronal concertada había presentado un recurso contra esta decisión de la administración, que implica que para el curso que viene los centros públicos y concertados de estos municipios ofrecieran 23 puestos en lugar de los 25 que como máximo recoge la ley. En esta ocasión, el efecto de la suspensión temporal es que obliga a rehacer parcialmente la admisión en las 34 localidades pues todas sus escuelas vuelven a tener 25 plazas. La organización ya hizo lo mismo con las órdenes que permitieron la bajada de ratio para el 2017-2018 y el 2018...

El TSJM ha dado la razón a CCOO en la pugna judicial que mantiene con la Comunidad de Madrid tras la denuncia que el sindicato presentó en los juzgados por la masificación en las aulas de los centros educativos públicos del sur de la región en el curso 2015-2016. Según la denuncia del sindicato ese curso más del 30% de las aulas de los colegios públicos de la dirección de área territorial sur estaban masificadas.CCOO explica que a pesar de que la Consejería de Educación contestó que el asunto de las ratios no era incumbencia del sindicato..

Nuevo revés judicial al gobierno de Manuela Carmena por la sustitución del callejero franquista. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha dado la razón a la Fundación Francisco Franco y obliga a que ocho calles de la capital mantengan su denominación al no estar suficientemente justificado el cambio adoptado por el Ayuntamiento. Será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el órgano que tendrá que fijar el criterio final.

CIUDAD REAL.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado el acuerdo adoptado en julio de 2014 por el pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en el que se adjudicó la gestión y se seleccionó a Aqualia como socio privado para la gestión de la empresa pública Aguas de Alcázar. Una decisión para la que se precisaba mayoría absoluta, pero que fue adoptada únicamente con el apoyo del Partido Popular y la formación municipal Ciudadanos por Alcázar (CxA), que sumaban una mayoría simple.

La Audiencia Nacional sentencia en firme que los sindicatos deben tener acceso a los expedientes que justifican la concesión de estas condecoraciones, que llevan aparejada una pensión: Interior y el Consejo de Transparencia se habían negado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nula la reordenación de facultativos especialistas llevada a cabo por el Partido Popular en los hospitales de Almansa y Villarrobledo. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.

El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar esta semana el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso contra la ley que amplió en 2012 las tasas judiciales, provocando las mayores protestas del mundo de la Abogacía que se recuerdan en años. El ponente del caso, el magistrado Santiago Martínez-Vares, propone declarar la inconstitucionalidad de las tasas fijas más elevadas y de todas las cuotas variables, al considerar que suponen una restricción indebida del derecho fundamental a acceder a la Justicia..

El denunciante, denunciado. Juan Carlos Bueno, presidente de la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial, el colectivo que lleva años combatiendo al entramado religioso y empresarial surgido en torno a la vidente de El Escorial, al que califica de secta, ha sido condenado por el juzgado de lo penal número 16 de Madrid a tres meses y medio de cárcel por un delito de falsedad documental.

Los funcionarios creen que la alarma no funciona y piden que se contrate un vigilante de seguridad

La potestad para establecer los impuestos corresponde exclusivamente al Estado y la Agencia Tributaria o Hacienda es el encargado de recaudarlos para posteriormente redistribuirlos. Pero, ¿son legales todos ellos? Pues cuando un ciudadano cree que son injustos, reclama y la justicia le da la razón, es cuando se abre la puerta a cambiar las leyes que regulan esos impuestos.

Las medidas se explorarán o plantearán en las próximas semanas; Sánchez no las concreta, pero deja migas de pan en el camino. Está decidido a acabar con el bloqueo en la renovación del Poder Judicial. No hay visos de acuerdo entre el Ejecutivo y el PP. «Creo en la separación de poderes y la Justicia y creo que es el momento de fortalecerlo». En cuanto a los medios, el otro sector en el que el presidente del Gobierno pone el foco, su propósito es poner coto a lo que llama «pseudomedios».

Tomar el Poder Judicial e intervenir los medios de comunicación ha sido a lo que ha instado Laura Arroyo, periodista de Canal Red, en el programa de RTVE La Hora de La 1 ante el silencio de Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, presentadores y directores del programa. Ha sido el tema de conversación de todos los informativos y de todas las tertulias de actualidad de televisión: la carta de Pedro Sánchez. Durante esta mañana muchos programas han analizado las razones y las consecuencias de la carta enviada este miércoles por Pedro Sánchez anunciando

Desmantelan la mayor fábrica de 2 euros ilegales de Europa, escondida en salones de masajes y naves industriales

"Le hemos dado a ciertos jueces, a ciertas personas del poder judicial, un poder tan grande, tan omnímodo y tan falto de control, que nos han cambiado nuestra democracia". "García Castellón es un hombre que ha alterado una democracia". Estamos hablando de algo muy parecido a un dictador. No puede ser que el PSOE no tenga una posición clara a la hora de decir: "tenemos un poder judicial corrupto". Lo vemos todos los días.

El procedimiento tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias por las ventajas obtenidas por empresas a las que estaba vinculada Begoña Gómez