La presidenta de la Comunidad controla Telemadrid, el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas y veta la información sobre las residencias, su pareja o cualquiera que pueda comprometerla

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) se gastó 292 millones de euros en fichar productoras externas durante el año 2023, esto supone más que duplicar los 142 millones que se destinaron en 2022 y doblar la media de los últimos tres años. Así consta en la última actualización de los contratos de la cadena pública a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de una pregunta formulada en el Portal de Transparencia.

Oskar Matute ha querido dejar constancia de la lamentable sesión de control llena de crispación que se vivió en el congreso de los diputados, tras los reproches y las faltas de respeto que se pudieron escuchar. El diputado de Bildu, ha citado palabras textuales de algunos miembros del PP, para dejarlos retratados, y ha recordado la hemeroteca del partido, con aspectos como la indemnización en diferido y el "Te lo afina la fiscalía".

Avanzan las causas relativas a los expedientes de los rescates del Gobierno a empresas durante la pandemia. La Audiencia Nacional se ha posicionado del lado del Consejo de Transparencia en su reclamación del "expediente completo" por el que se concedió en 2021 una ayuda al grupo Universo Pachá, un rescate que no estuvo exento de polémica por las dudas sobre el carácter estratégico de una empresa de discotecas, que entonces pertenecía al fondo americano Trilantic.

46 miembros del Parlamento Europeo hicieron hoy un último llamamiento al Ministro del Interior del Reino Unido para proteger al fundador de Wikileaks, Julian Assange, e impedir su posible extradición a Estados Unidos. El día antes de la audiencia judicial final sobre la extradición de Julian Assange, los firmantes enfatizan sus preocupaciones sobre el caso Assange y su impacto en la libertad de prensa, así como los graves riesgos para la salud de Assange si es extraditado a Estados Unidos.

Los 2 parlamentarios del grupo de extrema derecha, llevan al Parlamento de Navarra una moción que pretendía exigir que se publiquen sueldos de altos cargos y subvenciones que otorga el ejecutivo. Lo gracioso es que esa información ya se recoge en el portal de transparencia de la Comunidad Foral de Navarra desde el año 2012

En la página web de Transparency International España puedes consultar desde mediados de diciembre un Policy Paper muy esclarecedor de 31 páginas titulado La adquisición de la Residencia en España a través de ‘Golden Visas’ que arroja luz sobre las debilidades de los programas de obtención de residencia en España mediante este tipo de tarjetas doradas. Estos programas, creados para atraer inversión extranjera, muestran riesgos considerables según el estudio de la organización.

El Gobierno vasco incumple la directiva europea para la protección de los denunciantes. El canal interno para denuncias sobre corrupción en Osakidetza o en las Juntas Generales de Araba está en manos de una empresa cuyos socios se han acusado entre sí de prevaricación, delitos societarios y coacciones. Los partidos que conforman el Ejecutivo han apostado por externalizar la gestión de dos aspectos centrales para la democracia vasca a firmas señaladas por prácticas colusorias y relacionadas con la manipulación de contratos públicos.

La Comunidad de Madrid ha recurrido a la Justicia una resolución del Consejo de Transparencia sobre el expediente académico de Isabel Díaz Ayuso que se había negado a publicar. En esta resolución, Transparencia dice que el Gobierno madrileño debe remitir esta solicitud de transparencia a la Universidad Complutense, no que sea la comunidad la que tiene que hacerlo público. El recurso de la Comunidad de Madrid ante la Justicia dejaría sin efecto la resolución del Consejo para que la Complutense resolviera la petición.

El Tribunal Superior de Madrid estima una petición de medidas urgentes del gobierno regional y suspende de forma cautelar la ejecución del acuerdo del Consejo de Transparencia que obligaba a hacer público su expediente a petición de una ciudadana. La Comunidad de Madrid ha conseguido que la Justicia permita que el expediente académico de Isabel Díaz Ayuso, por el momento, siga siendo un misterio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado una petición de medidas cautelares del ejecutivo regional y ha suspendido la ejecución de la or

Las autoridades de la nación nórdica han publicado información sobre la renta de todos en el país. Esta es la realidad en Finlandia, donde el 8 de noviembre se celebra el Día de la Transparencia Fiscal y el Estado publica toda la información actualizada sobre los ingresos imponibles para que cualquiera pueda consultarla.La exjefa del Ejeuctivo de Finlandia, Sanan Marin, vio crecer sus ingresos imponibles durante el pasado año. Durante 2022, Marin tuvo unos ingresos imponibles de más de 240.444 euros.

El poder total en Telemadrid. El control absoluto de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza la gestión de las administraciones madrileñas. También del Consejo de Transparencia. De un plumazo, Isabel Díaz Ayuso quiere pasar el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar una ley que modificará de golpe hasta 15 textos legislativos. Cada una de estas reformas legales va en la línea de limitar la labor de fiscalización a su gobierno por parte de la oposición y de otros organismos públicos.

Directo al sector privado. Sin esperas ni resolución pública alguna por parte de la Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas de la Xunta ni registro en el Portal de Transparencia de la Administración gallega. El que fuera durante los dos últimos años director general de Xesgalicia, Rubén Aguión, ha fichado por una multinacional tecnológica con base en A Coruña apenas semanas después de dejar el cargo. Aguión se incorporó en septiembre a Denodo, una compañía especializada en gestión de datos que trabaja para grandes grupos empresariales.

Esta decisión se produce después de que este organismo acusara al director general de Emergencias del actual Govern de Baleares de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015. Las investigaciones en marcha se remitirán a la Inspección General, dependiente del Govern, que enviará los expedientes "al órgano que considere".