El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, ahora socio de la firma J&A Garrigues, ha manifestado que el Código Penal como un texto "muy deficiente" y difícil de cumplir. Se trata de un texto "hipertécnico" que, además, está lleno de "blancos penales" que habría que rellenar y que presenta "desconexión" entre conductas y sanciones. Ha experimentado 30 modificaciones desde 1995, batiendo un récord Guinness "negativo", es "el peor de toda Europa" y presenta un "enorme desorden". Ha calificado las filtraciones de "enfermedad sistémica".

Las grabaciones destapadas por el diario Público entre el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, desvela cómo el dirigente del PP trató de utilizar a la Fiscalía en determinados procesos contra dirigentes políticos de Cataluña

La asociación profesional Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado este martes la entrada en vigor la componenda impulsada por el Gobierno que permite al ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ejercer la abogacía tras dimitir en diciembre de 2014.

Asociaciones de fiscales protestan en contra de la decisión del Gobierno por permitir su incorporación sin respetar el plazo de dos años de incompatibilidad que contempla la Ley tras el cese de altos cargos.

El ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, empezó su intervención con la reflexión de que el Código Penal es un indicador del Pacto social. En este sentido afirmó que es un test de las garantías y libertades de nuestra sociedad pero en el caso que nos ocupa, el legislador ha pasado de ser garante a gestor, con un aspecto autoritario. Además, añadió la mayoría de cambios se han producido por razones mediáticas y sencillamente no existe el principio de proporcionalidad a la hora de imponer la sanción.

El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, que dimitió de su cargo el pasado día 18 de diciembre por "razones personales" tras sus desencuentros con el Ministerio de Justicia, ha vuelto a su plaza de fiscal de sala del Tribunal Supremo, según han informado este domingo a Efe fuentes fiscales.

A veces no es fácil el ejercicio periodístico. Coinciden hoy casi todos los medios de comunicación en que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó este jueves su dimisión por la falta de sintonía (versión amable), cuando no por su abierto enfrentamiento (versión más dura), con el Gobierno. Pero casi ninguno de ellos repara en que esa explicación, en cualquiera de las dos interpretaciones, no justifica una renuncia de este tipo. En realidad, el jefe del Ministerio Fiscal abandona forzado por un Ejecutivo que busca un respiro

El responsable de la Secretaría Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha lamentado este jueves que la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, es "una noticia preocupante", que muestra una "tendencia autoritaria" del Gobierno "a la concentración de poder".

El exfiscal general del Estado afirmó en febrero del año pasado que abandonaría el puesto en caso de presiones.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado en RNE que ni desde el PP ni desde el Gobierno ha habido presiones para forzar la dimisión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pero sí ha criticado las "enormes presiones de otras formaciones políticas", en referencia directa al PSOE y a partidos nacionalistas.

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, actualmente al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores, sustituirá a Eduardo Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado, según informa 'La Razón' en su edición en papel de este viernes.

Lo normal, cuando marchan mal las cosas con la ley, es cambiar de abogado, aunque en España, si tienes mayoría absoluta, es más sencillo cambiar de juez. No obstante, para que no se le escape ni una coma, el PP ha decidido también cambiar de fiscal. Al Capone tenía que conformarse con comprar a los jurados, una táctica burda que no le valió de gran cosa, ya que es más efectivo tener controlado todo el cotarro judicial. Si todo esto fallara siempre les quedaría el procedimiento de cambiar de país y que los juzguen en Suiza o en Andorra.

Como les molestaba este fiscal, pues lo cambian por otro. Eso sí;, envolviendo su dimisión con solemnes declaraciones sobre las bondades de Torres Dulce. Curiosa manera esta del PP de colaborar con la justicia. Y luego se sorprenden de que haya tantos ciudadanos que no se creen su intención regeneradora. No deben darse cuenta de que los hechos pesan mucho más que la verborrea y son tan contundentes que por más esfuerzos que hagan por ocultarlos, acaban por emerger. Más aún cuando no se cortan un pelo y cambian jueces,fiscales y policías...

No, Torres-Dulce no es precisamente un rojo peligroso. Su gestión en casos como el 'Faisán' –donde obligó a los fiscales de la Audiencia, contra su criterio, a acusar de pertenencia a banda armada a la misma policía que llevaba años jugándose la vida con ETA– deja claro que, en muchos asuntos, el PP encontró en él un aliado fiel.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su respeto a la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de dimitir de su cargo "por razones exclusivamente personales" y ha desdeñado las acusaciones del PSOE de que ha sido consecuencia de presiones del Ejecutivo.

El fiscal general el Estado, Eduardo Torres-Dulce, hizo públicas el pasado 26 de noviembre en sede parlamentaria sus diferencias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante la comparecencia por la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Más, por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.

La querella contra Artur Mas fue el último de los desencuentros entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno. A lo largo de estos tres años de mandato, Torres-Dulce ha discrepado en distintas ocasiones, y sobre los más variados temas, de la opinión "oficial" del Ejecutivo.

Así lo ha comunicado ya al Gobierno que lo nombró hace tres años y que, a su juicio, no ha dado el trato debido al Ministerio Público.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado su dimisión, una información que ya avanzaban este jueves algunos medios, tras la decisión de ayer de paralizar el nombramiento de el jefe de la Inspección y el jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido en una entrevista en la COPE que tiene hilo directo con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. "Hablo con el fiscal general del Estado cotidianamente, no diré todos los días, pero hablamos mucho. De Cataluña hemos hablado", indicó. Y ha reconocido que en ocasiones han hablado de Cataluña. Sin embargo, el ministro no cree que presione Torres Dulce para que actúe judicialmente contra el presidente Artur Mas y la Generalitat por haber puesto urnas el 9-N.

Para el Gobierno, no existe contradicción alguna entre la política y el cumplimiento de la ley. "Todos podemos hacer política, pero hay que hacerla en el marco de la ley. La ley no es ni más ni menos que la voluntad política de los ciudadanos y, al menos, este Gobierno no se considera por encima de esta voluntad", expuso la vicepresidenta, que se ayudó de un ejemplo: imaginar que los catalanes dejaran de pagar impuestos o cumplir las leyes de tráfico utilizando como gancho que la Generalidad no hace la política necesaria en estas materias.

La cúpula fiscal arropó ayer a Torres-Dulce y no evitó lanzar reproches a la actuación de sus colegas catalanes, a los que acusaron de incurrir en comportamientos asamblearios al margen de lo que dicta el estatuto del Ministerio Fiscal.

La propuesta del fiscal general del Estado incluye también a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y a la consejera de Educación, Irene RigauLa Junta de Fiscales estudia desde las 10 de la mañana las medidas a adoptar

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha atribuido este martes el rechazo de los fiscales catalanes a presentar una querella por la consulta soberanista del 9-N a las presiones de la Generalitat de Artur Mas y a la "contaminación" del "ambiente que el nacionalismo radical ha generado en Cataluña"