En 2011, una pareja italiana sacó de Ucrania un bebé que no tenía vinculación genética con ninguno de los dos. El país del Este de Europa, convertido en uno de los destinos predilectos de los vientres de alquiler, abrió entonces una investigación, en la que acaba de entrar España, con la que han detectado más de un millar de posibles casos irregulares en Europa. Las pesquisas de Kiev se basan en posibles delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión de impuestos.

La Audiencia de Barcelona ha impedido a un hombre adoptar a los dos niños de su pareja, nacidos por maternidad subrogada en Tailandia, al entender que no hay garantías de que la madre gestante prestara su consentimiento "en libertad" y porque la ley española impide renunciar a un hijo antes de su nacimiento. La Audiencia ratifica ahora esa decisión al considerar que la documentación expedida aportada para la adopción "no cuenta con la correspondiente legalización" y no consta que la madre biológica haya sido citada, como exige el Código Civil.

Estas 300 organizaciones, que forman parte de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, denuncian que el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU están tratando de influir en algunos gobiernos y en algunos casos asesorándolos para legalizar la gestación subrogada. "No existe una gestación subrogada altruista y por lo tanto no pueden buscar solución fácil. Es una práctica que exige a una de las partes que firme un contrato previo, que renuncie al derecho fundamental a la filiación".