ELA, LAB, CCOO, Steilas, SATSE y ESK llaman a la huelga a los 150.000 trabajadores del sector público en la Comunidad Autónoma Vasca los días 25 de octubre y 19 de diciembre, según han informado representantes de dichos sindicatos en rueda de prensa esta mañana en Bilbao. Según han explicado, exigen a Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos que garanticen el poder adquisitivo y consoliden el empleo público en la comunidad hasta reducir la temporalidad al 8%.

"La patronal española, CEOE, habla de forma muy positiva de los sindicatos españoles: dicen 'ellos son responsables', etc. Cuando hablan de los sindicatos vascos, dicen 'son irresponsables, no quieren negociar, solo quieren hacer huelga '. Incluso han dicho que deberían prohibirse."

Un total de 22 grandes empresas obtuvieron en 2019 beneficios que ascendieron a 1.295 millones. Solo abonaron 98,7 millones a las arcas públicas. ELA solicita una reforma fiscal.

Los sindicatos docentes denuncian que los profesores no sólo han perdido más de un 20% de poder adquisitivo entre los recortes aplicados en el 2010 y las sucesivas congelaciones salariales que se produjeron después, sino que además se enfrentar a desigualdades de más de 600 euros en los sueldos según trabajen en una comunidad u otra.

El gijonés, afincado en Buenos Aires, denunció en 2020 a Pedro Sánchez por "alta traición" y en la actualidad trabaja para el gobierno de Javier Milei.

Según la resolución del Superior vasco, la cantidad sutraída alcanza los 213.115 euros

El sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) persigue la “plena libertad sindical” en el Cuerpo con posiciones controvertidas.

Más de 500 inquilinos en un bloque del suburbio de York South-Weston, en Toronto, Canadá, comenzaron una huelga total de alquileres en protesta por los excesos en los incrementos de renta por parte de la empresa propietaria del edificio, Dream Unlimited. Un mes más tarde, el 1 de julio, 100 vecinos más de un bloque aledaño, en 22 John St, se sumaron a la huelga. A un año de aquel hito, los vecinos continúan en huelga, con victorias en su haber y sin ningún desahucio de huelguistas. La unión, y los números de gente participando, hacen la fuerza.

La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Vodafone España se ha intensificado. Los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y STC, han anunciado la convocatoria de huelgas y paros parciales en todos los centros de trabajo de la operadora en julio, en respuesta a la propuesta del fondo británico Zegona, que consideran «injustificable».

Delegados sindicales de CCOO, UGT, CSIF, SIAT y CIG llevan acampados varios días en la sede de la Agencia Tributaria reclamando que se descongele el acuerdo de carrera profesional que les impide mejoras retributivas y de promoción de escalas

Hablamos de una situación demasiado tiempo enquistada, lleva más de dos años prácticamente en punto muerto. De una situación provocada por la falta de una verdadera voluntad de las organizaciones patronales por mejorar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores, así como, por la tibia postura de los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) durante la negociación del convenio.

Solo Navarra y País Vasco superan al Principado como territorios con mejor valoración. A continuación las CCAA con servicios sanitarios deficientes son: Cataluña (80), Canarias (79), Castilla-La Mancha (79), Madrid (79), Murcia (78), Baleares (77), Andalucía (66) y Valencia (62).

La negociación entre la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos por la reducción de la duración de la jornada laboral aspira a ser uno de los grandes cambios legislativos del año en materia laboral. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, permitió una negociación a dos bandas a sabiendas de la complejidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. No obstante, según revelan fuentes cercanas al diálogo social a elEconomista.es, en las escasas reuniones mantenidas durante los últimos meses no se

La legalización del cannabis es un debate viejo entre la ciudadanía que sigue vigente. También en otras instancias, pues no ha llegado a la mesa política ni al debate público. Sin embargo, numerosos grupos sociales y sindicatos reivindican su legalización. Uno de ellos es el sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP), que señala que con ello "se mejoraría la calidad y se acabaría con el mercado negro, además de liberar a muchos policías".

Decenas de miles de estudiantes pasarán por la pesadilla de presentarse a las pruebas de la EBAU las próximas semanas. Desde el Sindicato de Estudiantes, un año más, queremos denunciar estos exámenes injustos, arbitrarios, clasistas y que perpetúan una Universidad para la élite. El estrés al que nos enfrentamos las y los estudiantes que nos presentamos a la EBAU es más que conocido. Esta ansiedad puntual por los exámenes se suma al ya de por si dramático crecimiento de los trastornos y enfermedades mentales entre la juventud.

Diversas organizaciones exigen acabar con la ley que les prohíbe afiliarse a sindicatos interprofesionales y de clase porque no están formados exclusivamente por policías. En ARP sostienen que más del 90% de las organizaciones sindicales de la Policía Nacional ya están vinculadas a la extrema derecha. "Hay que cambiar esto con la presencia de los sindicatos de clase para que haya neutralidad y una responsabilidad sindical. Hay una necesidad imperiosa de reformar esto por el bien del país, de los contribuyentes.

El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha manifestado en su informe final del juicio contra la cúpula de UGT-A que el sindicato usó de modo «genérico» su «mecanismo de facturas falsas» hasta convertirlo en una herramienta «transversal».Soto dice que hay «indicios sobrados» de que implantaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza y critica que una organización destinada a «defender y ayudar a trabajadores y desfavorecidos actuasen de esta manera y costeasen incluso «fiestas» con cargo a fondos públicos