El magistrado que analiza la muerte de ancianos en la residencia privada Amavir de Arganzuela y la pública Adolfo Suárez de San Blas llama a declarar a siete familiares de ancianos fallecidos después de tomar declaración, entre otros, al exconsejero Alberto Reyero y al ex alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur

La asociación de familiares de residentes Rede denuncia esta mañana un brote de gastroenteritis vírica que afecta a decenas de residentes mayores y trabajadoras en la residencia Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes II (CRAPD II) en Lavadores, Vigo. La Xunta informó a los familiares con cinco días de atraso, se queja el colectivo, alude a la falta de atención médica durante varios días, acusación que la Administración niega, indica que la atención médica esta siendo constante ante un brote que, en todo caso, tilda de "leve"

Este anciano de 80 años, que se jubiló hace siete, está actualmente en la cárcel, donde ha pasado casi toda su jubilación. La razón de su detención: el robo de un poco de sushi. Reincidente, fue condenado a pena de cárcel. «Aquí les dan de comer, tienen un techo, cuidan de ellos... Muchos ancianos cometen pequeños robos para que los manden a la cárcel», explica Akiko Sasaki, trabajadora social en el centro de reclusión de Onomichi, una prisión donde solo hay ancianos.

El celador, ya detenido, trabajaba en una residencia de San Sebastián de los Reyes, Madrid, y sus víctimas tenían 90 y 100 años. La residente de 100 años fue la primera en denunciar la agresión y fue entonces cuando tan solo se actuó cambiando al presunto agresor de planta. Poco después, otra residente de 90 realizó otra denuncia por el mismo motivo, y el centro puso en alerta a la Policía de lo que estaba ocurriendo. Los agentes no descartan que todavía se puedan conocer más víctimas y por ello repasan toda su vida laboral.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena a una trabajadora de la residencia Arganda del Rey por un delito leve de lesiones por haber "propinado dos bofetadas en la cara" a una residente de 93 años, María Honorato, que le causaron "lesiones por las que tardó siete días en curar". El magistrado impone el pago de una indemnización de 210 euros para la anciana, además de una multa de tres meses con cuota de 6 euros diarios. Relacionada: www.meneame.net/story/madre-levanta-cara-marcada-nadie-nos-avisa-denun

Tres mujeres murieron en el incendio declarado el pasado domingo en la residencia de mayores Juan XXIII, en el barrio madrileño de Aravaca. El centro, concertado con la Comunidad de Madrid, había pasado dos inspecciones en abril y agosto del año pasado. El relato de los agentes de la Policía Municipal de Madrid, plasmado en el acta policial incorporada a la investigación, revela numerosas deficiencias en prevención de incendios en el centro. En el documento, los agentes relatan el primero de los problemas con el que se encontraron.

Otras diez personas han resultado heridas leves en el incendio en la residencia Juan XXIII

Los bomberos se encuentran extinguiendo el incendio y rescatando a los demás residentes con ayuda de la policía

Nuevos documentos a los que ha accedido ElPlural.com exponen el abandono por parte de la administración que sufrieron estas personas, que necesitaban con carácter "urgente" material y personal

Ni se os ocurra retuitear este acta de la Policía Municipal en la que se refleja que no se recogían los cadáveres en las residencias y se dejó morir a los ancianos en condiciones infrahumanas. Al fin y al cabo salvamos la hostelería.

El gigante francés DomusVi ha puesto el cartel de "se vende" a la mayor cartera de residencias de ancianos de España. Presionado por sus compromisos financieros, el grupo ha encargado la venta de una treintena de centros y geriátricos repartidos por toda España, operación que fuentes consultadas estiman que podría rondar los 350 millones de euros. Los planes de DomusVi pasan por deshacerse del activo inmobiliario, pero continuar gestionando las residencias. El año pasado, el grupo francés ya vendió 10 residencias por 65 millones de euros.

No había visto este testimonio de una hija de un familiar asesinado en una residencia de Madrid. Es espeluznante, es atroz, es desesperante que te digan que lo van a dejar morir como un animal, sin saber si padece o no.

El juzgado que investiga la muerte de un anciano en una residencia de la localidad madrileña de Torrelodones ha escuchado el testimonio de una facultativa que ha dicho, claramente, que el afectado falleció en una residencia pero que ella reclamó hasta en tres ocasiones que fuera derivada a un hospital, algo que rechazaron los geriatras en aplicación de los protocolos que había establecido la Comunidad de Madrid.

Doce trabajadores del geriátrico están siendo investigados. La cronología de los hechos se inició a medianoche cuando la mujer, que debía encontrarse durmiendo en su habitación, desapareció. Al parecer, los empleados la estuvieron buscando hasta bien entrada la madrugada, momento en el que la hallaron ya sin vida en el aparcamiento de la residencia. Los indicios obtenidos han permitido averiguar que, con la supuesta intención de ocultar a la familia esta circunstancia, trasladaron el cadáver hasta su habitación y lo asearon.

Arde de madrugada una planta de la residencia de ancianos de Leceñes, en Siero: muere una mujer de 76 años y hay 27 hospitalizados, tres graves El fuego comenzó en una habitación por circunstancias que todavía no han podido aclararse. La herida de mayor gravedad es una trabajadora de 46 años

Descendientes de siete fallecidos en dos residencias de la capital relatan al magistrado cómo se les negó el traslado de sus familiares a hospitales y critican que la Fiscalía no haya estado presente este jueves en sus declaraciones. Fuentes presentes en las comparecencias explican a elDiario.es que varios familiares de ancianos fallecidos en estas dos residencias durante la pandemia han roto a llorar ante el juez Marcelino Sexmero mientras explicaban cómo vivieron aquellos días.

Entre los fallecidos, todos ellos palestinos, había presuntamente personas mayores, mujeres y heridos, mientras que otros cuerpos fueron encontrados atados de manos, según ONU Derechos Humanos, que pide una investigación independiente sobre lo que puede constituir un nuevo crimen de guerra.

La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia es un asunto que, parece, siempre pesará sobre Isabel Díaz Ayuso. Los familiares no olvidan que la líder regional firmó los llamados protocolos de la vergüenza en contra de las voces críticas incluso de su propio Gobierno y que en última instancia la no derivación a hospitales provocó que personas que se podrían haber salvado no lo hicieran. Esto último dicho por expertos.

La Junta ha resuelto favorablemente la reclamación de los conservadores, aunque Más Madrid ha recurrido este domingo, por lo que de momento las lonas permanecerán. Pero el asunto podría volvérseles en contra y provocar otro caso de Efecto Streisand. Desde que saltó la noticia, el número se está volviendo a viralizar en las redes sociales y hay algunas llamadas a que los madrileños lo muestren en sus ventanas y balcones.

Más Madrid ha recurrido la decisión de la Junta Electoral de Zona ante la provincial y acusa al partido de Ayuso de “estar nervioso" y querer "borrar su responsabilidad políticas" relacionada: old.meneame.net/story/pp-maniobra-retirar-lonas-mas-madrid-recuerdo-vi

En esta ocasión han sido los sollerics, que después de días seguidos de colapso en el municipio se han plantado y exigen soluciones. «Si vives en Mallorca, estarás puteado de mayo a septiembre. Nos venden la moto que vivimos del turismo, pero nos obligan a vivir para él», denunciaba un vecino de Sóller este mismo jueves. «Hace más de cuatro días que se repite la misma situación y todavía no estamos en temporada alta, esto es inasumible», espetaba otro.

La cifra se ha convertido en un símbolo que persigue a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y agrupa a las familias que cuatro años después siguen buscando justicia. El cartel dice: “7.291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”

¿Por qué aumentan las cifras de maltrato a ancianos en España? Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el 16,8% de las personas mayores sufrieron algún tipo de maltrato en 2023. La Organización Mundial de la Salud ha alertado en repetidas ocasiones sobre el creciente número de casos de maltrato a personas de edad avanzada.

Además, los servicios de proximidad de atención a personas mayores que viven en sus domicilios apenas se ha instalado en el 51,6% de residencias.

El descontento con el portero, que graba la ropa interior y lo sube a redes, fue el detonante. El edificio de la refriega está en el barrio del Pilar

La mujer, que buscaba a hombres de avanzada edad como objetivo de sus estafas, ha quedado en libertad con cargos. El operativo establecido por la Policía Nacional permitió identificar a un cómplice, pareja de la detenida, quien ejercía labores de vigilancia sobre la misma, para asegurarse de la perpetración del delito a través del control del entorno en el que sucedían los hechos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».

A su juicio, "no hay razón alguna suficiente" como para que, cuatro años después del confinamiento, la Administración reclame el cobro. "Como parece ser que no nos hizo bastante daño con quitárnoslos de esa forma tan cruel, ahora quieren que colaboremos solidariamente con los asesinatos que cometieron en su día", expresa con indignación.