La Junta Electoral Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por el grupo Más Madrid y ha ratificado la obligatoriedad de retirar las lonas que se encuentran en distintos puntos de la capital. En todas ellas aparece el número '7.291', la cifra de los muertos en las residencias de mayores durante la pandemia en la región.

Descendientes de siete fallecidos en dos residencias de la capital relatan al magistrado cómo se les negó el traslado de sus familiares a hospitales y critican que la Fiscalía no haya estado presente este jueves en sus declaraciones. Fuentes presentes en las comparecencias explican a elDiario.es que varios familiares de ancianos fallecidos en estas dos residencias durante la pandemia han roto a llorar ante el juez Marcelino Sexmero mientras explicaban cómo vivieron aquellos días.

La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia es un asunto que, parece, siempre pesará sobre Isabel Díaz Ayuso. Los familiares no olvidan que la líder regional firmó los llamados protocolos de la vergüenza en contra de las voces críticas incluso de su propio Gobierno y que en última instancia la no derivación a hospitales provocó que personas que se podrían haber salvado no lo hicieran. Esto último dicho por expertos.

La Junta ha resuelto favorablemente la reclamación de los conservadores, aunque Más Madrid ha recurrido este domingo, por lo que de momento las lonas permanecerán. Pero el asunto podría volvérseles en contra y provocar otro caso de Efecto Streisand. Desde que saltó la noticia, el número se está volviendo a viralizar en las redes sociales y hay algunas llamadas a que los madrileños lo muestren en sus ventanas y balcones.

Más Madrid ha recurrido la decisión de la Junta Electoral de Zona ante la provincial y acusa al partido de Ayuso de “estar nervioso" y querer "borrar su responsabilidad políticas" relacionada: old.meneame.net/story/pp-maniobra-retirar-lonas-mas-madrid-recuerdo-vi

El magistrado que analiza la muerte de ancianos en la residencia privada Amavir de Arganzuela y la pública Adolfo Suárez de San Blas llama a declarar a siete familiares de ancianos fallecidos después de tomar declaración, entre otros, al exconsejero Alberto Reyero y al ex alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur

En esta ocasión han sido los sollerics, que después de días seguidos de colapso en el municipio se han plantado y exigen soluciones. «Si vives en Mallorca, estarás puteado de mayo a septiembre. Nos venden la moto que vivimos del turismo, pero nos obligan a vivir para él», denunciaba un vecino de Sóller este mismo jueves. «Hace más de cuatro días que se repite la misma situación y todavía no estamos en temporada alta, esto es inasumible», espetaba otro.

La cifra se ha convertido en un símbolo que persigue a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y agrupa a las familias que cuatro años después siguen buscando justicia. El cartel dice: “7.291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”

Además, los servicios de proximidad de atención a personas mayores que viven en sus domicilios apenas se ha instalado en el 51,6% de residencias.

La asociación de familiares de residentes Rede denuncia esta mañana un brote de gastroenteritis vírica que afecta a decenas de residentes mayores y trabajadoras en la residencia Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes II (CRAPD II) en Lavadores, Vigo. La Xunta informó a los familiares con cinco días de atraso, se queja el colectivo, alude a la falta de atención médica durante varios días, acusación que la Administración niega, indica que la atención médica esta siendo constante ante un brote que, en todo caso, tilda de "leve"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».

A su juicio, "no hay razón alguna suficiente" como para que, cuatro años después del confinamiento, la Administración reclame el cobro. "Como parece ser que no nos hizo bastante daño con quitárnoslos de esa forma tan cruel, ahora quieren que colaboremos solidariamente con los asesinatos que cometieron en su día", expresa con indignación.

Este anciano de 80 años, que se jubiló hace siete, está actualmente en la cárcel, donde ha pasado casi toda su jubilación. La razón de su detención: el robo de un poco de sushi. Reincidente, fue condenado a pena de cárcel. «Aquí les dan de comer, tienen un techo, cuidan de ellos... Muchos ancianos cometen pequeños robos para que los manden a la cárcel», explica Akiko Sasaki, trabajadora social en el centro de reclusión de Onomichi, una prisión donde solo hay ancianos.

Ambas asociaciones han hecho entrega del documento al portavoz de cada grupo político, así como a la presidenta de la Cámara Baja. "Sin perjuicio de otras acciones institucionales, creemos necesario que en el Congreso se inicie una comisión de investigación que pueda analizar lo sucedido en las residencias de cada comunidad autónoma, al objeto de esclarecer qué decisiones han sido acertadas y cuáles no", han expresado Marea de Residencias y Verdad y Justicia, en un comunicado.

Al término de los 80 minutos de actuación, los 13 intérpretes subieron al escenario. El público se puso en pie y los despidió con un minuto de ovación y corearon una sola palabra: “¡Justicia, justicia, justicia!”. Con los fondos recaudados este sábado, las dos organizaciones van a traducir al inglés el informe de 148 páginas de la Comisión ciudadana.

Entre las opciones para obtener ese visado, estaba la posibilidad de invertir, por ejemplo, dos millones de euros de deuda pública, un millón en acciones de empresas españolas, depositar un millón de euros en una cuenta bancaria o la opción más económica y preferida por los inversores: comprar vivienda en territorio español valorada en 500.000 euros o más. De todos los visados concedidos desde el año 2013, el 96% de ellos ha sido mediante esa adquisición de inmuebles.

Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.

Para Carlos Sardinero, de la firma Sardinero Abogados, reclamarlo "no tiene absolutamente ningún fundamento". El experto, que ha impugnado la legalidad y constitucionalidad de los "protocolos de la vergüenza", opina que la decisión del Gobierno de Ayuso "va contra la teoría de los actos propios. No tenían opción de salir de allí". "Es un acto incongruente con la precedente forma de proceder", insiste.