El acuerdo, que tiene puntos positivos a valorar porque el bien mayor es la protección del Parque Natural, no puede convertirse en un premio a los culpables El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía por el que, a cambio de 1.400 millones para medidas de desarrollo socioeconómico y obras hidráulicas en la provincia de Huelva y en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), PP y Vox se comprometen a retirar la ley de regadíos que iba a regularizar pozos ilegales que llevan años regando cultivos de frutos rojos

El Gobierno andaluz subvencionó a jóvenes agricultores para la instalación de invernaderos incluso después de 2004, fecha en la que se estableció la prohibición retroactiva

La entidad argumenta que precisa de un plan que debe ser sometido a las "figuras de prevención ambiental". Acusa a la Junta de "mala fe deliberada" al declarar zonas regables que no tienen derecho al agua, algo "inútil" y un "engaño".

El Ministerio ha cortado el suministro de agua a 8.805 en la cuenca para proteger el acuífero y evitar la contaminación por nitratos.

Eloy Revilla (León, 1971) dirige desde diciembre de 2019 la Estación Biológica de Doñana, organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que monitoriza el día a día de un espacio natural cuya grave situación contrasta con su enorme prestigio internacional. Con una dilatada trayectoria investigadora a sus espaldas, admite que las cosas no están muy bien básicamente por la falta de agua, y advierte de que Doñana es como el canario en la mina: es el aviso de lo que se nos viene encima si no se toman medidas.

Es la segunda sentencia en la que los jueces ordenan restituir áreas de cultivos que afectan al mal estado de la laguna salada.

La derecha dice que esos agricultores cuentan con "derechos históricos" que les legitima a explotar el recurso. El PSOE andaluz reconoce que pudo cometerse una injusticia con ellos. A su izquierda, Unidas Podemos asegura que no hay más recurso. Y los ecologistas contraatacan: ni derechos, ni históricos. "Regar sin ningún tipo de autorización administrativa y realizar una actividad ilegal durante años no otorga ningún tipo de derecho", atacaba WWF esta semana.

En total, son 1.000 las hectáreas que conforman la superficie del Campo de Cartagena inicialmente afectada por expediente de reversión a secano.

DATADISTA accede a los expedientes de investigación a plantaciones agrícolas solicitados por el juez Garrote. Adentrarse en ellos es ver, desde el informe de la primera visita de la Inspección hace años a las fincas, la constatación en cada nueva visita de que los pozos y plantas seguían funcionando y vertiendo rechazo contaminanteal Mar Menor pese a no contar con autorización, y viajar por el tiempo transcurrido hasta la resolución sancionadora, normalmente de baja cuantía.

La Comunidad admitió ayer que a día de hoy todavía no ha desmantelado ni una hectárea de regadío ilegal en la cuenca del Mar Menor ya que, alegan fuentes del Gobierno regional, los propietarios de las parcelas han recurrido esta decisión a la Justicia.

52 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena ya están desmanteladas de las 186 precintadas. Las denuncias presentadas contra los propietarios de parcelas con regadío ilegal en el entorno del Mar Menor no han tenido efecto del todo. De 1040 hectáreas con expediente sancionador, un total de 470 hectáreas siguen regándose de forma ilegal a día de hoy, lo que representa un 45,8% de la superficie denunciada.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha exigido este sábado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y al Ministerio para la Transición Ecológica que se haga una auditoría para determinar cuánta agua del trasvase Tajo-Segura va a regadíos ilegales.

Abre expediente sobre las fincas e informará a la Comunidad por si la ley de protección de la laguna obliga a eliminar los cultivos. Según el informe 'La burbuja del regadío: el caso del Mar Menor', entregado el año pasado por las organizaciones ecologistas Anse y WWF a la Confederación, alrededor del Mar Menor hay más de 12.000 hectáreas de cultivos de regadío ilegales. En el conjunto de la cuenca, según datos de satélite y un trabajo de campo, la superficie fuera de ordenación habría crecido en casi 50.000 hectáreas.

Casi un tercio de las explotaciones están en el Campo de Cartagena.

En total, suponen 21,4 hectáreas de terrenos de secano y forestal, transformadas a nuevo regadío intensivo, en este caso de cítricos, que ya están plantados y con riego.

"Tienen prioridad las inspecciones que afectan a la seguridad de los inmuebles", se justifica el alcalde después de asegurar que la visita al inmueble "se producirá", sin fijar la fecha. El consistorio ordenó el cese de los trabajos y la restitución en diciembre del año 2022, pero ningún funcionario ha comprobado todavía si se cumplió esta orden

Silvia Orriols en una entrevista con Joan Guirado para Ok Diario sobre la inmigración ilegal y las ayudas a esta. Silvia Orriols: “Dentro de Europa no cabe ni toda Africa ni toda Sudamerica”: www.tiktok.com/@8tvcat/video/7357033035004497194 | Silvia Orriols sobre la inmigración y la integración "No hay voluntad política de integrarlos": www.tiktok.com/@8tvcat/video/7360007793409084714 | Silvia Orriols: “Yo si me voy a Marruecos no encuentro carteles en catalán”: www.youtube.com/watch?v=WMAWrBOcwgQ

La cifra de inmigrantes ilegales llegados a Canarias en lo que va de año ha superado todos los récords conocidos. Si 2023 cerró con 40.000 llegadas al Archipiélago, entre enero y abril de este 2024 han llegado 16.000 inmigrantes ilegales y el Ministerio de Interior estima que en los próximos ocho meses pueden llegar unos 70.000 más. Es decir, el presente año cerrará con más de 85.000 inmigrantes ilegales llegados a Canarias.

Hasan (nombre ficticio a petición del entrevistado) cuenta desde el teléfono que llegó a Canarias en patera hace más de 20 años. Dice que ha trabajado de cocinero, en la construcción y en donde ha hecho falta. Que tiene mujer y tres hijos, uno de ellos con una enfermedad grave. Que recibió una herencia de su padre y pudo comprar un terreno en El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y ahí comenzó a construir una casa para su familia. Que eso es suelo rústico. Que él no sabía nada. Que le han condenado a un año de prisión por ell

Manos Limpias debería ser ilegal y sus jefes deberían estar en la cárcel pero al PSOE no le preocupaba cuando no iban a por ellos. La ruptura democrática no empieza cuando la mafia golpea al PSOE; empezó antes.

El Gobierno israelí aún no ha decidido cómo y cuándo responderá al ataque iraní del pasado fin de semana, y Teherán ha reiterado que no busca un conflicto pero que no tolerará ninguna acción contra sus intereses

Los arrendatarios del plan estrella de vivienda en Madrid pagan este impuesto diseñado para los propietarios, pero una sentencia del alto tribunal invalidó esta práctica el año pasado en un caso semejante en Aragón. La OCU y el PSOE madrileño consideran ilegales esos abonos

En 2019, los titulares de la explotación ganadera incumplieron la orden de suspensión de la actividad decretada por la autoridad municipal y desoyeron el requerimiento del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias de proceder a la succión del agua concentrada en la charca mediante una cuba, con el fin de evitar un destaponamiento natural que provoque la entrada en tromba a la cueva, y continuaron con su desarrollo hasta, al menos, el mes de febrero de 2021.

El responsable del almacén pirotécnico ilegal de Paramos, en Tui, que explotó en mayo de 2018, causando la muerte a un matrimonio, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales, aceptará cuatro años de prisión. Ése es el acuerdo alcanzado entre las partes y la Fiscalía, que pedía 14 años de cárcel. Queda por despejar, en la vía civil, quién se hará cargo de sufragar los daños. Relacionada: 1 www.meneame.net/story/alarma-todo-sur-provincia-fuerte-explosion-pirot 2 www.meneame.net/story/antes-despues-explosion-tui-gal

Antonio Giraldo le respondió que a la Junta le compete “hablar de los particulares, especialmente cuando se les atribuyen infracciones urbanísticas” y defendió la relevancia pública del caso. Además, lamentó que hubiera pasado un año y medio “sin que nadie haya ido allí para ver lo que estaba pasando, hasta que la oposición lo denuncia. Hay un trato diferencial”, aseguró antes de preguntar el porqué de esta falta de acción municipal y también por qué las personas implicadas en la denegación de las obras “fueron apartadas” de sus puestos.