El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía las actividades de la llamada policía patriótica desde el año 2012, según ha revelado esta lunes el programa de radio El món de Rac1 basándose en dos documentos que atribuye al Ministerio del Interior. Según la emisora de radio, estos archivos confirman que el expresidente y no solo el por entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaban al corriente de las actividades de guerra sucia contra sus enemigos políticos que llevaba a cabo una parte de la policía española.

Una conversación grabada hace una década entre Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez revela cómo el comisario, que se jactó de manejar a Manos Limpias, facilitó al Gobierno de Rajoy datos sobre supuestos negocios del suegro de Pedro Sánchez y que Interior planeó poner a policías a investigarlo para hacer llegar la información a Rajoy y usarla “cuando haga falta”

Una conversación grabada hace una década entre Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez revela cómo el comisario, que se jactó de manejar a Manos Limpias, facilitó al Gobierno de Rajoy datos sobre supuestos negocios del suegro de Pedro Sánchez y que Interior planeó poner a policías a investigarlo para hacer llegar la información a Rajoy y usarla "cuando haga falta"

José María Aznar (Partido Popular), Felipe González (Partido Socialista) y Leopoldo Calvo-Sotelo (primero, Unión de Centro Democrático y, después, independiente) han pasado por los consejos de administración de Endesa, Gas Natural (ahora, Naturgy) y Unión Fenosa (también, Naturgy). Los tres, con sueldos a la altura de los altos cargos que ocuparon. Es lo que se ha venido en llamar puerta giratoria, algo que ha generado un fuerte rechazo en gran parte de la opinión pública. Son "compañías controvertidas", como las apoda el asesor con el que ha h

Tomás González Cueto formó parte de los ministerios de Educación y Cultura, Presidencia y Justicia entre los años 1996 y 2002. Tomás González Cueto, mano derecha de Luis Rubiales, ha sido uno de los detenidos en la operación llevada a cabo este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado este miércoles una operación por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

Después de que el senador de EH Bildu, Josu Estarrona, haya aludido a casos de corrupción del PP, afirmando que el PP "dedica parte de su tiempo a delinquir" y "que lo dicen los tribunales", el senador popular, Miguel Ángel Castellón le increpa con un "Y tú eres un asesino".

De ocupar importantes posiciones en la Administración a asesorar sobre dos de las grandes operaciones empresariales de estos días en España: la oferta pública de adquisición (opa) del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo y la del grupo portugués Bondalti sobre la química catalana Ercros. En ambas va a tener cierta relevancia María Luisa Poncela, alto cargo en los gobiernos de Mariano Rajoy.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un informe ante el Juzgado de Instrucción número 32 de la capital que dio curso a una petición de colaboración judicial remitida desde Andorra para imputar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, entre otros altos cargos de aquel gabinete, en relación a la operación Cataluña. Pide rechazar la reclamación andorrana en todos sus términos porque aprecia una «clara finalidad política» en la querella que está detrás de esta causa y ningún indicio...

La Comisión de Investigación quedará constituida durante el mes de febrero y la mayoría del Congreso da por hecha la comparecencia del expresidente, a quienes fuentes involucradas atribuyen estar al tanto de las investigaciones al margen de la ley a través de sobres cerrados que le hacía llegar a la Moncloa el servicio de escoltas

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy, amparó que diferentes unidades policiales fabricasen dosieres con información falsa para atacar a los rivales del PP. Miró para otro lado cuando estos aparecían publicados en las portadas de algunos diarios de Madrid. Y hasta fingió indignarse mucho cuando le preguntaron en el Congreso de los Diputados si conocía esos atestados apócrifos que atribuyeron falsamente todo tipo de delitos a dirigentes nacionalistas catalanes y también a algunos de la izquierda.

En concreto, el audio está incluido en el sumario de la pieza separada número 34 del caso Tándem, según especifica un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que explica la relevancia del contenido de la conversación que el comisario jubilado mantuvo con el entonces 'número dos' del Ministerio del Interior del Gobierno del PP, Francisco Martínez: "Se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos" a Gómez de Liaño

Es la primera investigación formal sobre la Operación Catalunya. La Fiscalía de Catalunya ha abierto diligencias para indagar en las maniobras de la brigada política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos y cargos catalanes que la cúpula de Interior y el PP vinculaban con el independentismo. El ministerio público pide toda la documentación sobre la guerra sucia que aquellas unidades policiales orquestaron con quien fue el Fiscal Superior de Cataluña hasta 2013, Martín Rodríguez Sol, una exclusiva desvelada a partir de una

El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó a la cúpula de la Policía para investigar al margen de la ley a partidos independentistas y orquestar campañas contra el procés. Mariano Rajoy recibía, un sobre con las pruebas falsas que se iban fabricando contra por ejemplo Artur Mas o la familia Pujol. Jorge Fernández Díaz era quien centralizaba la información y dirigía las actuaciones de los principales mandos policiales con el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, como interlocutor directo del ministro.

Pese a las evidencias que se acumulan sobre el uso de las instituciones contra los rivales políticos del PP en la era de Rajoy, el nuevo líder del partido insiste desde hace meses en que es este Gobierno el que intenta cooptar las instituciones. Lanza esas acusaciones prácticamente desde que aterrizó en Madrid, en abril de 2022. El CIS, el INE, Indra, el Tribunal Constitucional o el Congreso. No hay institución u organismo cuya labor el PP no ponga en duda si no se pliega a sus designios.

El Estado perdió 50.000 millones en el rescate a la banca de 2012, tuvo que engordar su deuda otros 35.000 en 2022 tras el fiasco de la Sareb, ha tenido que pagar sanciones, devolver el canon de las eléctricas y ahora tendrá que restituir las subidas de impuestos a las empresas que las reclamasen. El último revés judicial a la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular (PP) que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera agrava el agujero millonario que dejaron de herencia a los siguientes ejecutivos y a las arcas públicas.

La única referencia que ha hecho ha sido a las comisiones de investigación que aprobó el Congreso de los Diputados hace un mes en relación con la Operación Catalunya, los atentados de agosto del 2017 y el caso Pegasus. Para Rajoy, el PSOE y sus socios lo han impulsado con el objetivo de "ver si sacan alguna cosa para después acudir a los tribunales". "Ya les digo que lo tienen muy crudo", ha dejado claro.

Declara inconstitucional los topes a la compensación de las bases negativas, pero no será retroactivo.

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La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este martes que no descartan que miembros del Ejecutivo del PP de la época de Mariano Rajoy, incluido el mismo, comparezcan en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña'. "No hay que descartar la comparecencia de distintos miembros de la anterior administración del PP", ha avanzado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha tratado este tema en su reunión de hoy por su "gravedad".

Al más puro estilo Villarejo, el Gobierno de Mariano Rajoy dedicó al menos cinco años a investigar al margen de la ley a partidos independentistas y crear campaña de desprestigio. Entre 2012 y 2026 el Ejecutivo del PP se valió de informes falsos que realizaban policías corruptos así como de datos confidenciales que propocionaban ministerios como el de Hacienda. El material preparado se filtraba posteriormente a diversos medios de comunicación para que después se judicializasen para marcar la agenda mediática.