La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, -actual eurodiputado- y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso ‘Tsunami Democràtic’.

Una de las primeras empresas del amigo de Carles Puigdemont dejó un pufo importante en el Institut Català de Finances (ICF) –la entidad de crédito pública de la Generalitat– de más de 600.000 euros, lo que sería equivalente a los 100 millones de pesetas de la época. El empresario propietario de Linel Industrial se declaró en suspensión de pagos cinco meses después de recibir esta cantidad de dinero público. El escándalo de crétido del ICF se llevó al pleno del ayuntamiento de Girona porque Matamala era concejal de CDC en esa ciudad...

Puigdemont y los consellers no iban a Bélgica, como muchos medios han traducido, a pedir garantías de nada a la Justicia o al Gobierno español sino a asegurarse de que esas garantías existían al forzar que un juez belga tenga que estudiar el fondo del asunto y analizar las pruebas(...) No hacía ninguna maldita falta forzar el sistema. Ninguna. No obstante la Fiscalía, con obvias instrucciones del Gobierno, lo ha hecho y parece que hay jueces dispuestos a seguirles el juego. Les han dado así un relato que no tenían.