La Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla se ha querellado contra el empresario y extorero Miguel Báez El Litri por supuestamente expoliar el entorno del acuífero de Doñana al regar sus 360 hectáreas de olivar con cuatro pozos ilegales.

La encargada de la tarea es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Tiene las competencias de la llamada Policía de Aguas y es además el encargado de dar autorizaciones de riego en su demarcación. En la actualidad mantiene abiertos los procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de estos 407 pozos, después de que a mediados de agosto se clausuran 13 y otros 25 en julio.

Hasta 51 pozos ilegales orientados a la captación de agua para uso agrícola ha logrado destapar la Guardia Civil en la 'Operación Underwater', que ha llevado a cabo en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El golpe culmina con la investigación de 18 personas como supuestas responsables de esas extracciones, en la mazarronera rambla del Ramonete, que habrían superado los 2,5 millones de metros cúbicos de agua con un valor aproximado de dos millones de euros, según especificaron fuentes del cuerpo.

En España se perfora la tierra sin control para extraer agua. Los pozos ilegales se adueñan del campo. La opacidad de la Administración contribuye al caos porque no publica datos oficiales desde 2006, cuando el Gobierno reconoció la existencia de 510.000 excavaciones irregulares. En 2017, el Ministerio de Medio Ambiente admitió que la cifra de esas construcciones ilegales podía ascender a más de un millón, como señala Greenpeace.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitó al juzgado el cierre cautelar de los pozos en un terreno situado en las lindes de Doñana. En la finca Aljóbar propiedad de la Casa de Alba en las lindes de Doñana, denunciada por extraer agua de forma ilegal para el riego agrícola, se han recogido más de 60.600 toneladas de naranjas desde 2010, según una contabilidad interna de la producción.

Técnicos de la Confederación del Guadalquivir, escoltados por la Guardia Civil, han obligado a los regantes a extraer los equipos de bombeo instalados en las captaciones ilegales para después precintarlas. La orden la ha dado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Gobierno central, que está llevando a cabo estas intervenciones en colaboración con el Seprona. La presencia de agentes de la autoridad es necesaria ante las situaciones de tensión que se suelen vivir cuando se clausura un pozo.

Sólo en 2022, Eurotecnica Agraria consiguió 15 ayudas del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Andalucía. En Aljóbar se cultivan naranjas que después se utilizan para la confección de productos gourmet a través de la marca Casa de Alba. Ya en 2013, la entonces alcaldesa de Aznalcázar, Dolores Escalona (PSOE), denunció su temor ante la posibilidad de que la gran balsa de agua de la parcela estuviese recogiendo agua de manera ilegal del acuífero 27 de Doñana, actualmente en el centro del debate político debido a la propuesta del...

Una propiedad destinada a la recolección de naranjas selectas para el mercado 'gourmet' está pendiente de la petición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al juzgado para sellar cautelarmente nueve tomas de agua sin autorización. Presuntamente, se extrae sin autorización agua del subsuelo en una finca agrícola de los herederos de la Casa de Alba, la mayor propietaria de tierras de España. Para que la naranja pueda ir al mercado gourmet hay regar con más frecuencia y abundancia. "Es incalculable el agua que han podido sacar de ahí".

La NASA ha publicado una demoledora imagen por satélite donde se aprecia el impacto que los pozos ilegales, la sequía y el turismo están ocasionando en el mayor humedal de Europa, el Parque de Doñana. Con la intervención de la agencia aeroespacial estadounidense se completa un círculo global de instituciones a todos los niveles (Unión Europea, comunidad científica, Gobierno español, Unesco, Naciones Unidas…) que se opone de facto al plan que promueve en la Cámara autonómica el ejecutivo andaluz con el apoyo de la ultraderecha de Vox.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado a lamarea.com que intentó precintar ocho captaciones pero la propiedad impidió la entrada del...

La Guardia Civil (SEPRONA), ha localizando y sellando 14 pozos ilegales en uno de los parajes de mayor valor ecológico de la Sierra de La Almenara, y con los que se han estado extrayendo importantes volúmenes de agua para regar ilegalmente campos de golf

Localizados en la finca en la finca Aljóbar de Aznalcázar, están camuflados con lonas de color verde para no ser visibles de forma área o a pie de parcela. Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una serie de captaciones de agua subterránea (9 pozos) cuya concesión administrativa no se ha podido acreditar. Los pozos se localizan dentro de la finca Aljóbar, situada en el término municipal de Aznalcázar, y están menoscabando la sobreexplotada masa de agua subterránea de Doñana

La Guardia Civil ha detenido a 15 personas en la Región de Murcia por sendos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente tras 54 inspecciones en explotaciones porcinas de Alhama de Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Totana presuntamente relacionadas con extracciones ilegales de aguas subterráneas y vertidos irregulares, informa este cuerpo.

Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10.000.000 euros, según han detallado desde el instituto armado en un comunicado, a tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía.

Desde 2018 el Gobierno central ha cerrado 1.129 captaciones piratas en el entorno del Parque Nacional y planea la clausura de al menos otras 420, procesos que se alargan gracias a una legislación garantista. Es difícil cerrar un pozo ilegal: puede transcurrir hasta una década desde que se denuncia hasta que se consigue hormigonar. Un tiempo que, en la mayoría de los casos, es rentable para el infractor, ya que durante estos años obtiene unos beneficios con sus cosechas que superan con creces la sanción que después se le impone.

Este miércoles se vota en el Parlamento andaluz la nueva ley para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana, algo que podría provocar un desastre medioambiental ya que "el consumo de agua del acuífero está muy por encima de la capacidad que tiene para ofrecer ese recurso del agua", describe Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, a Andrea Ropero en esta entrevista, donde también le explica las consecuencias negativas que tendría para la fauna y flora la aprobación de esta ley.

El riego ilegal se queda con el 5% de los recursos que se consumen al año del acuífero, una cifra superior a la que se evita con la regularización de 815 hectáreas que ha permitido clausurar 443 extracciones con permisos de aguas subterráneas.

Pedro Arrojo es profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Trabaja como Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, desde donde alerta sobre los riesgos de privatizar el agua potable. Afirma que "se estima que hay más de un millón de pozos ilegales [en España].""Se siguen haciendo pozos ilegales...en muchos casos para la modernización de regadíos apoyados por los gobiernos autónomos correspondientes.". También habla de otros aspectos de los recursos hídricos

Los robos de agua amenazan con poner aún más en peligro este preciado recurso natural en España, en acelerado proceso de desertificación y el país de Europa que sufre una mayor sobreexplotación de sus acuíferos, según un amplio estudio de la World Wildlife Fund (WWF). En el Día Mundial de los Humedales, una macrooperación del Seprona, el servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así lo atestigua: 133 personas detenidas y 1.533 pozos ilegales detectados.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'MIZU', ha procedido a la detención e investigación de 107 personas como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de distracción de aguas-usurpación y de defraudación de agua, según ha informado el cuerpo.

El vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, exparlamentario andaluz y exalcalde de Ayamonte, protagoniza un vídeo en el que jalea a los agricultores de la comarca de Doñana en sus movilizaciones contra el cierre de pozos ilegales.

La empresa de la Casa de Alba investigada en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por extraer agua sin autorización en una finca del entorno de Doñana está tratando de legalizar la situación de los ocho pozos que utilizaba para regar naranjos y que carecían del permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ecologistas en Acción pide a la Conf. Hidr. del Guadalquivir que paralice el expediente con la solicitud de la empresa hasta que no se resuelva la querella de la Fiscalía por extracción ilegal de agua en la finca Aljóbar.

La Junta de Castilla y León, cuyos dirigentes se han mostrado públicamente en contra de la protección del lobo, está obligada por imperativo legal a asumirla, lo que incluye proporcionar información ambiental al respecto y la protección efectiva del cánido “presentando la correspondiente denuncia en Fiscalía cuando tenga los informes de necropsias de lobos que presenten indicios de muerte por causas ilegales (caza, venenos, lazos, capturas de ejemplares, etcétas)”.

Son extraídos en su mayoría por buques españoles-británicos, chinos, coreanos y taiwaneses, sin ninguna acción política ni diplomática por parte del gobierno nacional, con un evidente perjuicio biológico al ecosistema y a las economías provinciales. La FAO estima, que al menos el 30% de las capturas son ilegales, generándose unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06) en forma irregular y, una competencia desleal con quienes pescan y comercializan cumpliendo las normas nacionales e internacionales.

Los pescadores gallegos que persiguen las presuntas irregularidades de la vivienda de la mujer del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, en Moaña (Pontevedra), piden al Consistorio de la localidad cortar los suministros de la misma -agua potable, saneamiento o mantenimiento-.La plataforma destaca presunta “captación ilegal de agua”, entre otras cosas

La norma, que ya no está vigente, fragmentaba el mercado interior y ponía en riesgo la libre circulación de mercancías, según el TJUE

Eva Cárdenas compró la vivienda en 2019 por un valor superior a 600.000 euros, sumando así propiedades a su ya extenso patrimonio

También se deja constancia de que la persona que se encuentra en la vivienda en el momento de la inspección prefiere no identificarse y que no dispone de ningún “título administrativo que habilite las actuaciones realizadas”. En ese momento ya se le advierte de que la realización de obras sin ningún tipo de permiso podría suponer una infracción urbanística y en su caso un ilícito penal. Al finalizar la visita esa persona, que rehúye identificarse, insiste en que hay registrada una declaración responsable

Preparan una querella contra la mujer de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, por una de las últimas viviendas que ésta ha adquirido. Se trata de la que se sitúa en Moaña (O Morrazo, Galicia), una casa de piedra de 150 metros cuadrados y a la que acompaña una gran parcela compuesta de 700 metros. Tiene acceso directo al mar, varias alturas y su coste en el momento de la adquisición superó los 600.000 euros.

El edificio había pasado una ITE (Inspección Técnica de Edificios), que identificó pequeñas patologías que no comprometían la estructura y que alertaba que la cubierta (luego usada como terraza del chill out) era «no transitable». Parece que la cubierta no podía soportar grandes pesos y, por consiguiente, no podía utilizarse como una terraza de un restaurante. Parte de la estructura estaba hecha de losas de marés y materiales anticuados. Las sillas, mesas y los clientes añadieron un peso que no pudo absorber y colapsó.

Evaristo Soler Cardona, al que el Seprona acusa de un delito contra el medio ambiente por fondear sobre una planta marina protegida. Pasó a amenazar tanto a la concejala de Medio Ambiente como a dos funcionarios.“Te espero con la escopeta reforzada que tengo”, “pasaré por tu casa, pero iré de noche”, “tengo muchos amigos mafiosos rusos y a los políticos corruptos se los manda a la mafia”, “Sant Josep tiene muchos bosques y la maleza es un combustible excelente”. También está condenado por intimidar a un grupo de voluntarios.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de publicar el mapa con la ubicación de las viviendas de uso turístico legales de la ciudad, que ascienden a 1.008 inmuebles, la mayoría de ellos ubicados en el centro. Según los datos aportados por el propio Consistorio, el 92% (13.502) de los 14.699 establecimientos turísticos que operan a día de hoy en Madrid son VUT; sin embargo, tan solo 941 operan con licencia municipal (contando con los 151 que se encuentran en fase de tramitación). De este millar de VUT que funcionan con licencia, el 15,67 % se localiza

Los polémicos jinetes que llevan días escandalizando a la opinión pública de Mallorca han decidido, de nuevo, encaramarse sobre sus majestuosos caballos y, ataviados con sus mejores galas deportivas, jugar un partido de polo ilegal en sa Barralina. elDiario.es ha comprobado que este viernes varios jugadores han disputado otro encuentro en el campo de polo ilegal construido en suelo rústico cuyas instalaciones fueron precintadas en 2017.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2023 que limitan a 15 años el plazo de actuaciones contra obras ilegales en la costa. De este modo, estima el recurso de inconstitucionalidad promovido por Gobierno central contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley gallega (Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas). La magistrada Laura Díez Bueso ha sido la ponente.

Las obras de construcción de un hotel de lujo junto a la playa de La Tejita, una de las últimas sin masificar de la isla de Tenerife y que cuenta con un espacio protegido para salvaguardar su paisaje dunar, han estado acompañadas de polémica desde que el Ayuntamiento de Granadilla anunció, el día de Navidad de 2015, que iba a concederles licencia. En aquel momento el alcalde era Jaime González Cejas, del PSOE, que después fue procesado por varios delitos relacionados con la corrupción.

La comunidad de un bloque en la calle Toronga denuncian la "pasividad" en el control del Ayuntamiento de Madrid, en una planta de 800 metros cuadrados que no admite el uso residencial, después de elevar varias denuncias a distintos organismos de control municipal: "Es pura especulación"

En la isla de Eivissa proliferan los contratos cortos, a pesar de que la Ley de Vivienda obliga a un mínimo de cinco años de vigencia. "Quieren echarnos para alquilar las casas en plan turístico o para cobrar el doble de lo que pagamos ahora", lamenta Sonia, una de las afectadas