Vicente Guilarte sostiene que el PSOE “no puede tomar en serio” esa propuesta que, a su juicio, supone “destrozar la separación de poderes”

El magistrado emérito del Tribunal Supremo dice que ello nace de una “resistencia numantina” de PP y PSOE “para no renunciar a esa sustanciosa tarta de los tres quintos que les permite repartirse los vocales” del órgano de gobierno del poder judicial, que lleva cinco años y cinco meses caducado por el bloqueo del PP con la aquiescencia del PSOE.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, considera que los vocales no son responsables de la situación de bloqueo en la que se encuentra desde hace cinco años el órgano de gobierno de los jueces y que, en consecuencia, no deberían renunciar a sus cargos para forzar la renovación que impide el Partido Popular.

Aunque el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) lleva cinco años y cinco meses con su mandato caducado, esta anomalía constitucional no ha impedido que el presidente y sus vocales hayan seguido con sus funciones y gastando parte del presupuesto de la institución en viajes y alojamientos. De hecho, la Unidad de Gestión Presupuestaria y Contabilidad del CGPJ ha facturado 6.422.658 euros en desplazamientos en solo tres años, 2018, 2019 y 2022

La principal novedad es que no se va a contar, para nada, con el parecer de las asociaciones judiciales conservadoras las cuales han sido beligerantes con la izquierda y a las que se consideran responsables del bloqueo del CGPJ por parte de la derecha conservadora durante cinco años y medio por la postura maximalista que mantienen tendente a que sean los jueces los que designen a los vocales en elección directa. Se manejan otras alternativas parecidas a las vigentes en los países europeos.

El informe de la vocal progresista será el voto particular de los cinco vocales que han votado a favor de la constitucionalidad de la ley. El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por una amplia mayoría de nueve votos a favor, cinco en contra y dos votos en blanco el informe del vocal, Wenceslao Olea, que ve inconstitucional en todos sus términos la ley de amnistía. En blanco han votado el presidente en funciones, Vicente Guilarte, y el vocal elegido a propuesta del PNV, Enrique Lucas.

La obsesión del juez Marchena con Puigdemont está arrastrando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es casi lo mismo que decir a toda la Justicia española, a un desastre similar al que el capitán Ahab arrastró a la tripulación del Pequod por su obsesión con la ballena Moby Dick..

Una derecha radical y poco centrada que utiliza goebbelianamente la mendacidad como estrategia política sin pudor alguno. En España hay jueces y fiscales que ven terrorismo en una manifestación cívica y son incapaces de averiguar quién era M. Rajoy en los papeles de Bárcenas; donde existe una comisión de ética de los jueces que concluye que no se incumple nada, porque jueces y magistrados se manifiesten en la vía pública como tales contra la posibilidad de que el Congreso, sede de la soberanía popular, apruebe una ley sin que haya injerencia...

El acuerdo de la autoridad disciplinaria, aprobado por unanimidad por la Comisión Permanente, afirma que "mostrar preocupación por la separación de poderes y la independencia judicial carece de trascendencia disciplinaria"

Fin de la primera reunión para la mediación de la Comisión Europea para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 90 minutos de toma de contacto tras cinco años de bloqueo y dos acuerdos fallidos de los que el PP se retractó en el último momento. La Comisión Europea ha reiterado sus conclusiones habituales: que se debe renovar el Poder Judicial como “prioridad” e “inmediatamente después” iniciar los trámites para cambiar el modelo. Ese marco no le gusta al PP.

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario por los ataques de los socios parlamentarios del Gobierno en el debate de la ley de amnistía, “ante la aquiescencia y mutismo” de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los socios del Ejecutivo cargaron ayer contra los magistrados que juzgaron o investigan actuaciones del procés con tres nombres propios: Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fue la más dura...

El comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, recibe este miércoles en Bruselas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, en la primera reunión de la mediación asumida por Bruselas para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó a finales de 2018.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha suscrito por unanimidad un acuerdo en el que advierte de que no autorizará las comparecencias de jueces en las comisiones de investigación parlamentarias en las que ERC y Junts pretenden esclarecer supuestos casos ‘lawfare’ o persecución judicial contra líderes independentistas.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido a los jueces de que se podrían enfrentar a “consecuencias penales” si no comparecen ante las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, ya que su asistencia es “de obligado cumplimiento”. En pleno debate sobre el 'lawfare', Junts ha insistido en el Código Penal para proseguir su enfrentamiento institucional con los jueces. Rius ha recordado el artículo que castiga como desobediencia a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejen de comparecer ante

Vicente Guilarte, advirtió el viernes pasado del “efecto devastador” que tienen los “frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial”, protagonizados en ocasiones por “representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba”, como “vimos el martes en el Congreso y en el Senado”. Y ha añadido que “ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios”.

Tras la Sentencia relativa a la Fiscal de Sala Delgado, la nueva Sentencia sobre la idoneidad de la Presidencia del Consejo de Estado es, a mi juicio, no sólo un paso más en la guerra de una parte de los Jueces (los alineados con la derecha judicial), sino lo que podemos considerar la declaración formal de guerra de esa derecha judicial a la que habrá que responder con todos los medios constitucionales de que dispone el Gobierno. Hasta ahora se había dado la guerra de guerrillas, pero con la Sentencia relativa a la Presidencia del Consejo de...

Ione Belarra (Podemos) afirma que el reconocimiento de Palestina como Estado es insuficiente y exige romper relaciones con Israel.

El abogado de Eduardo Zaplana, el fiscal en excedencia Daniel Campos, considera que el caso Erial ha sido "un montaje desde el primer minuto. Se creó una verdad artificial mantenida hasta hoy. No se ha buscado la verdad. Sólo apuntalar la versión que la Guardia Civil daba desde noviembre de 2015", cuando se inició la causa que se juzga desde el 21 de marzo en la sección cuarta de la Audiencia provincial de València. Y que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con José María Aznar

Se mantiene además en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos, al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura. Con esta decisión, se allana el camino para que la reforma reciba el visto bueno en el Parlamento.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado este martes la decisión del Gobierno de retirar de manera definitiva a su embajadora en Buenos Aires tras las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Belarra ha reprochado que las declaraciones del presidente de Milei contra Sánchez y su mujer sean suficientemente graves para romper relaciones con el país sudamericano, mientras que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas israelíes en Palestina no lo sean.

Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que la duración mínima de los contratos de alquiler sea de diez años y de doce cuando el propietario sea una persona jurídica, con el objetivo de garantizar la vivienda como un derecho. Entre las medidas que incorpora la propuesta figuran la congelación de los alquileres durante toda la legislatura.

Según el barómetro de 40 dB para la Cadena SER y El País el PP ganará los comicios sacándole tres europarlamentarios de ventaja al PSOE. La lista encabezada por Dolors Montserrat se adjudicaría un 33,5% de los votos y los socialistas dirigidos por Teresa Ribera se apuntarían un 30,1% de los sufragios válidos. Ya a mucha distancia al tercer cajón del podio se subiría Vox con un 12,6% de las papeletas en su zurrón. Sumar se quedaría en un 5,7% de estimación de voto, seguido de Ahora Repúblicas (4,6%) y Podemos (4%).

Montero ha anunciado las principales medidas de este programa. Una de las más destacadas es la implementación de la jornada laboral de 30 horas en toda Europa sin reducción salarial. Junto a esta medida, se proponen permisos mínimos de 36 semanas, (de 72 semanas para familias monomarentales) para que "pueda Europa ayudar a los estados a construir un sistema público de cuidados para que las personas tengan tiempo para vivir y puedan conciliar". En materia de servicios públicos, Montero ha propuesto poner un "suelo de inversión del 5%" en todos..

Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que plantea que las sociedades o personas que sean titulares de medios de comunicación audiovisuales, de radio o de prensa escrita o digital, o que posean al menos el 10%, estén obligadas a presentar una declaración de bienes e intereses. También deberán hacerlo quienes presenten o conduzcan «programas informativos o que traten de actualidad política». El partido que lidera Ione Belarra propone que esas declaraciones sean depositadas en un registro de intereses.

La Consellería de Economía e Industria ha publicado en los últimos días sendos anuncios en los que se procede a suspender expropiaciones en relación con el parque eólico de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda, proyectado por Naturgy en la zona tras el cierre de la central térmica.

¿Qué ha pasado? Que un grupo de religiosas de Belorado y Orduña han provocado un seísmo en la Iglesia española. Uno lo suficientemente fuerte como para colarlas en el prime time televisivo, viralizarse en redes e incluso provocar una airada respuesta del arzobispo de Burgos y el obispo de Vitoria. ¿El motivo? Muy sencillo: hace unos días las monjas, un grupo de 16 clarisas famosas hasta entonces por sus trufas y lideradas por sor Isabel de la Trinidad, publicó un mensaje en el que anunciaban su ruptura con la Iglesia de Roma y el Papa.

En su auto, el magistrado explica que, tal y como informa la Fiscalía, la denuncia está basada en hechos conocidos a través de los medios de comunicación sin documentación fidedigna que la acompañe, por lo que se llega a la conclusión de que es genérica y no aporta siquiera indicios de criminalidad fundamentados y bastantes para justificar otra decisión distinta que no sea su inadmisión.

Los 'morados' han presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con la que buscan cambiar el Estatuto de los Trabajadores para recortar la jornada laboral a 35 horas y tratar este cese como disciplinario.