La contratación que rodea al proyecto para soterrar la autovía de Extremadura a su llegada a Madrid suma un nuevo punto negro. Esta vez tiene que ver con una de las adjudicaciones para preparar su proyecto: el Ayuntamiento de Madrid contrató a una empresa para que le redactara los pliegos del concurso público para enterrar la A-5 y, el mismo día en el que se firmó oficialmente, publicaba el resultado de este trabajo.

Los pliegos de tres concursos públicos de administraciones catalanas ya contenían el nombre de quien, antes incluso de presentarse a la convocatoria, terminaría ganándola. En concreto, se trata de licitaciones abiertas de contratos de servicios y suministros de los ayuntamientos de Santa Susanna y Llinars del Vallès y del Consorci d'Atenció Primària de Salut de Barcelona Esquerra. Los contratos, que oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros, se realizaron en el año 2019.

Los pliegos fueron creados por "Indra" cuatro meses antes de que se anunciara la licitación. Fue la única oferta y obtuvo "la mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración".

Durante los últimos días varias webs como El Debate, Periodista Digital o El Español han publicado contenidos haciendo referencia a “la lista de la compra del Ministerio de Trabajo”, aparecen los extractos de un pliego de la Junta de Contratación del Ministerio con una lista de alimentos valorada en 824.395 euros. El personal susceptible de usar el servicio de cafetería-comedor suma aproximadamente un total de 600 empleados públicos. La licitación de 2017 fue por un valor de 785.501 euros y en 2019 por 822.957 euros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado al Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una deuda de 2.636 millones de pesos que arrastra desde hace 15 años. Además, Twitter ha bloqueado temporalmente su cuenta por incumplimiento de las reglas que prohíben el abuso y el acoso, indicando al dueño de Banco Azteca y TVAzteca que no puede participar en campañas de acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo, lo cual incluye desear o esperar que alguien sufra dañ

El Ayuntamiento de Alicante ha notificado el pliego de cargos al agente de la Policía Local del turno de noche que se negaba a llevar mascarilla durante su jornada laboral y en el que el instructor del expediente propone hasta seis años de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave. El consistorio abrió un expediente informativo el pasado mes de diciembre al agente por negarse a llevar mascarilla durante su jornada.

La plantilla de Emergencias 112 reclama a la Junta que vigile a la concesionaria del servicio, Ferrovial, para que cumpla con el pliego de condiciones, rebaje las horas anuales y equipare los salarios - “Este trabajo agota y cansa mucho”, dice una trabajadora de Emergencias 112 Andalucía. El servicio, dependiente de la Junta de Andalucía aunque de gestión privada, lleva años deteriorándose, como informan fuentes de la plantilla consultadas por lavozdelsur.es. Ferrovial Servicios SA, actual concesionaria, incumple sistemáticamente...

La Mesa del Congreso ha decidido este martes por unanimidad corregir el pliego de condiciones técnicas del concurso que convocó el pasado mes de marzo para la adjudicación del contrato para sus servicios de restauración para eliminar un apartado en el que se hablaba del establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga y que había sido impugnado por UGT y Comisiones Obreras.

La compañía Cofely, adjudicataria de concursos hasta en 11 ayuntamientos de Madrid gracias a la mediación del 'conseguidor' de la trama Púnica, David Marjaliza, redactó y entregó los pliegos de sus propias adjudicaciones a los consistorios. Así lo ha explicado el director de Desarrollo de la compañía, Constantino Álvarez, al instructor del caso Púnica. Los miembros de Cofely diseñaban los pliegos de los concursos de proyectos de eficiencia energética, se los presentaban a los ayuntamientos a través de Marjaliza y quedaban con la adjudicación.

La STS 12 de diciembre 2017 (rec. 668/2016), contrariamente a la doctrina consolidada de la jurisdicción social, acaba de establecer que el art. 120 TRLCSP no puede imponer la subrogación de empresa, sino que simplemente establece una obligación informativa. Supone un cambio muy importante antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha elaborado y publicado la “Guía para la definición de actividades de evaluación de la conformidad en pliegos de contratación pública” para asistir a los poderes adjudicadores en la redacción de los requisitos relativos a los Organismos de Evaluación de la Conformidad y los certificados o informes que estos emiten, así como a reconocer cuándo los requisitos mencionados se cumplen.

Una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha hecho que Fomento eche marcha atrás en más de 40 licitaciones de obras, todas ellas relacionadas con la mejora de la red de carreteras, por un valor conjunto de 598 millones de euros. El mecanismo hace que el valor de la puntuación económica se diluya en favor de la técnica, que no cuenta con fórmulas automáticas de evaluación.

La víctima, identificada como Lina Zapata, se aproximó a la aeronave cuando estaba descendiendo en la orilla del río Tumbes, en la región norteña del mismo nombre, fronteriza con Ecuador. La subgerente de imagen de la Municipalidad Provincial de Tumbes, Katty Izquierdo, explicó que la joven pretendía aproximarse a Cateriano para presentarle un pliego de reclamos.

La Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”. ¿Se cumple? En lo que respecta a los ministerios y, en los últimos dos años, no. Tanto en 2013 como en 2014, el 60% de los contratos se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad.El ministerio que más contratos otorgó fue Defensa, casi el 71% de ellos sin concurso.

El Partido Popular ha aprobado en solitario el martes en el Congreso que el Código Penal Militar sea aplicable a la Guardia Civil. El partido del Gobierno ha contado con la complicidad en este despropósito del PSOE, que se ha puesto de perfil acogiéndose a una calculada abstención, traicionando el espíritu de la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que los propios socialistas aprobaron con el Gobierno de Zapatero.