El cadáver de un hombre que no ha sido identificado ha sido encontrado esta noche carbonizado en el interior de un coche que ha ardido en el aparcamiento de unas instalaciones de la empresa Abengoa en Sevilla capital.

El cadáver de un hombre que no ha sido identificado ha sido encontrado esta noche carbonizado en el interior de un coche que ha ardido en el aparcamiento de unas instalaciones de la empresa Abengoa en Sevilla capital.

La multinacional, que ha estado a punto de protagonizar la mayor quiebra de la historia empresarial española, imponía el miedo entre sus empleados para controlarlos. Hoy trata de pasar página y olvidar que su sede, Palmas Altas, era conocida como Palmatraz.

El lío inmobiliario de venta de conventos que subyace tras el reciente cisma anunciado por las clarisas del monasterio burgalés de Belorado y que ratifican que “el último Sumo Pontífice válido fue Pío XII” parece que tiene entre sus instigadores al obispo cismático Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado de la Iglesia en 2019 precisamente por Mario Iceta –entonces obispo de Bilbao y hoy arzobispo de Burgos– y que residía en el propio convento.De Rojas, originario de Jaén, ya dio que hablar entonces cuando fue acusado de cisma tras haberse...

Las personas que se muden a la Comunidad desde fuera de España se podrán desgravar un 20% si invierten en la región. La bautizada ‘Ley Mbappé' que prepara el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso propone desgravar un 20% del tramo autonómico a nuevos contribuyentes que fijen su residencia en la Comunidad, siempre y cuando inviertan en la región. En España, en IRPF se paga en dos tramos: uno nacional, el mismo para todos los españoles, y otro autonómico, que depende de la comunidad en la que vivas. El tramo nacional para rentas superiores a 300.000 eu

El primer motivo que señala este experto es el impacto de la ruta migratoria canaria, que tiene como uno de sus principales destinos el litoral de la isla de Lanzarote. Muchos de los menores no acompañados que logran alcanzar territorio español acaban tutelados en centros de acogida del Gobierno regional, donde es “habitual” que se registren fugas o desapariciones temporales. “El mismo menor puede desaparecer varias veces en un mismo año. Todos esos casos engrosan las cifras”, explica Félix Ríos.

Un hombre de 70 años que se disponía a llevar a su nieto de dos años a la guardería, y que portaba al niño en brazos, fue apuñalado en un codo a primera hora de la mañana de este miércoles en Palma por un ladrón magrebí al que pilló robando en su coche. La víctima, en compañía de su hijo, salieron tras el delincuente y lo retuvieron hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional. Era su tercer arresto en unos pocos días.

El surfista de 66 años A. R. M. ha reconocido en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Las Palmas los abusos sexuales a una menor en 2014, cuando esta tenía 10 años. Al haber conformidad por ambas partes, y tras reconocer los hechos, la Fiscalía ha rebajado la pena que solicitaba de seis años de cárcel a dos. A. R. M. tendrá que indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales ocasionados, además de cumplir con el alejamiento y libertad vigilada. También deberá pagar las costas judiciales de abogacía.

El Ministerio Público sostiene que realizó tocamientos "de manera ininterrumpida" a las 26 denunciantes "en el transcurso y con ocasión de la prestación de sus servicios a las mujeres beneficiarias de asistencia sanitaria". La mayor parte de los encuentros se produjeron en la consulta del doctor y las denunciantes refirieron, como recoge el escrito de acusación, que se acercaba a ellas simulando que les iba a hacer un masaje o que les iba a examinar el cuerpo.

El TSJC ha desestimado el recurso del Consejo Insular de Aguas de La Palma contra la sentencia que obliga a entregar la información sobre las analíticas y las medidas adoptadas frente a la contaminación por bacterias fecales en el agua para consumo humano.En 2 ocasiones los tribunales determinaron que la negativa de este organismo público a facilitarla constituye una ilegalidad y así lo ratifica el TSJC que tacha de «inadmisible que en un Estado de Derecho, una Administración pública se queje de que un colectivo ciudadano pretende fiscalizarla»