Hubo una época en la que los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca eran entrevistados constantemente para contar y actualizar la situación en la que se encontraban personas que estaban a punto de perder su vivienda. Hace más de una década de aquello. Estas coberturas se han ido diluyendo y desapareciendo, mientras los reportajes sobre ocupas han ido ganado presencia en la agenda mediática. Algunos programas de televisión han destinado centenares de minutos a entrevistar a portavoces de empresas de desocupación.

Este jueves 18 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander y un empresario vallisoletano intentarán llevar a cabo el lanzamiento de un veterano activista del movimiento antidesahucios, Roberto Mazorra. En mayo de 2021, un empresario vallisoletano adquiere la vivienda en la que vive legalmente por 50.000 euros sin haberla visto y a pesar de conocer que el inmueble estaba habitado. Pocos días después de la compra, en junio de 2021, dos individuos asaltan la vivienda, destrozando la puerta y entrando al interior del inmueble.

Desde la Plataforma Antirrepresiva denuncian que la juez ha rechazado que miembros de Amnistía Internacional están presentes en el juicio, que se celebrará el 5 de abril.

Las activistas protestan por la celebración de un seminario sobre la “persistencia” de la “okupación” aunque las cifras demuestran que los casos de ocupación han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019. El ICAB es uno de los principales impulsores de la reforma anunciada por el PSOE de modificado la LECrim para facultar a los jueces a poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas.

"En España se está incumpliendo todos los días la Constitución a favor de los grandes tenedores de vivienda". Ya que hoy es día de hablar de la Constitución, échale un ojo al Artículo 47: www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo47CE.htm#:~:text=Todos lo.

“Detrás del lobby inmobiliario no solo se esconden los poderes financieros, sino también amplias capas de la población que aseguran sus estatus económicos a través de sus propiedades inmobiliarias”. Esta es una de las cuestiones que disecciona Pablo Carmona Pascual, doctor en historia y miembro del colectivo Traficantes de Sueños y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas, en el libro 'La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda', editado por Traficantes de Sueños.

Ocho personas se enfrentan a penas de hasta tres años y medio, acusadas de delitos de resistencia a la autoridad y desobediencia, a pesar de que los agentes que los detuvieron hablaron de “resistencia pacífica”. Penélope Cruz se acerca emocionada a un grupo de personas apostado a las puertas de una sucursal bancaria. Las abraza, les agradece el apoyo, y juntos entran a protestar con carteles y cánticos, mientras ella y un par de acompañantes intentan negociar la suspensión del desahucio que la dejará en la calle con su hijo pequeño. Esa escena

Los protestantes, que se manifiestan contra este acto que es como un Foro de Davos del mercado inmobiliario, son activistas que defienden el derecho de la vivienda porque participarán fondos de inversión, grandes tenedores de suelo, promotores y brokers.

Decenas de familias de Valencia y Alicante, organizadas en la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), denuncian acoso inmobiliario por parte de Promontoria Coliseum SL, compañía creada por Banco Sabadell y Cerberus. La mayor parte de las afectadas firmó un contrato de alquiler con el Banc Sabadell después de que la entidad financiera se hiciera cargo de las deudas hipotecarias. Ahora, los contratos han finalizado o finalizan en los próximos meses y Cerberus no quiere renovarlos

"Primero se presentó un hombre en traje y carpeta, que llamaba puerta por puerta para decir que nos teníamos que ir de nuestras casas. Era del fondo buitre. Luego nos empezaron a llegar las llamadas. A mí me llegan cada semana y siempre desde un número distinto, me dicen que tengo las de perder y que me dan 1.200 euros 'para la mudanza'. Y eso que todavía no se me ha acabado el contrato del alquiler".

Las viviendas son de la Sareb, propiedad del Estado desde el pasado mes de enero. El Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración para el día 1 de junio, el programado para el lanzamiento. La Sareb asegura haber solicitado la suspensión temporal del desahucio, pero los vecinos no han sido informados.

Fuentes de la PAH explican que "no se trata de un problema real de impago", sino que responde a las "artimañas de BBVA para no renovar el contrato" a la familia. Fátima "siempre había pagado a destiempo, fuera del día 10 y el BBVA siempre se lo había admitido". Hasta este verano, cuando el banco "indica que no va a renovar el contrato y a partir de ahí no admite los pagos". Entonces, señalan las mismas voces, la entidad inicia una "demanda por impago, mucho más rápida que por extinción de contrato", una modalidad que suele demorarse "un año o a

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado que interviniera en la concesión de subvenciones a entidades afines y ha defendido el interés público de esas ayudas, en su declaración ante el juez a raíz de una querella por malversación que la Fiscalía ve casi idéntica a la que ya archivó el año pasado. Colau ha dicho estar "muy tranquila" tras su declaración y ha asegurado que "no hay caso", pero también ha cargado contra la "mala fe" de los querellantes.

Casi tres años después del día de los hechos, el caso que sentó en el banquillo de los acusados a Diego Catriel Herchhoren se ha cerrado con una sentencia absolutoria, para sorpresa del activista. Aun así, el escrito final contra el que no cabe recurso no es del todo garantista, pues recoge que este integrante de la PAH Guadalajara podría haberse enfrentado a una condena por un delito leve de coacciones al publicar imágenes en las que aparecían los rostros de los funcionarios que estaban ejecutando un desahucio aquel 26 de marzo de 2019.

La Sareb se creó en 2012 para adquirir los activos de las entidades financieras con problemas de liquidez y así sanear sus cuentas. El Consejo Europeo prestó a la Sareb 50.000 millones porque el Estado español avaló que todo lo que no pudiera devolver la Sareb. Años después el Estado tomará control sobre la mayoría de las acciones pero La SAREB seguirá funcionando como una entidad privada. Se calcula que la Sareb acumula cerca de 140.000 viviendas. La PAH reclama: la Sareb es nuestra y sus casas también.

La jueza le impone una multa de 2.680 euros, aunque ya ha recurrido la sentencia

El rechazo de los socialistas y las derechas impide el inicio de la tramitación de la norma elaborada por la PAH, el Sindicato de Inquilinas, CCOO y UGT, y que contaba con más de 120 adhesiones de entidades sociales. El grupo confederal confía en la negociación del anteproyecto del Gobierno

"Vamos a seguir exponiendo a quien abusa". Estas han sido las primeras palabras que ha pronunciado Diego Herchhoren al salir de los tribunales de Guadalajara, donde se le juzga por publicar la fotografía de un desahucio en la que se veían los rostros de los miembros de la Comisión Judicial que estaba llevando a cabo el desalojo.

Decenas de personas de la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han ocupado este viernes la oficina de Carles Puigdemont en la calle del Bonaire número 2 de Barcelona, para pedir al presidente que inste a Junts per Catalunya a retirar las auto-enmiendas presentadas contra la futura "Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional".

El TEDH también ha reiterado que la imposición de una pena de prisión sólo podrá ser compatible con el derecho a la libertad de expresión establecido por el artículo 10 del Convenio en circunstancias muy limitadas, especialmente cuando otros derechos humanos se hayan visto seriamente afectados como, por ejemplo, en caso de discursos de odio o incitación a la violencia. Por todo ello, Amnistía Internacional considera que los hechos objeto de enjuiciamiento se encuentran amparados por el derecho a la libertad de expresión

El fondo buitre que gestiona los activos tóxicos del BBVA ha pedido al juzgado que movilice la Brigada Mòbil de los Mossos d’Esquadra, la unidad especializada en el mantenimiento del orden público, para realizar el desahucio de una madre y sus tres hijos que fue impedido por la PAH.