Juan Manuel Corchado, experto en inteligencia artificial de la Universidad de Salamanca, ha hinchado artificialmente su currículum hasta colocarse por encima de los líderes mundiales en Google Académico.

Puede verse en el párrafo 100 de la sentencia : “No se puede considerar un tribunal establecido por la ley, en el sentido del artículo 6, apartado 1 [del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, sobre el derecho del juez imparcial], un tribunal supremo nacional que resuelva en primera instancia y en última instancia sobre un asunto penal sin disponer de una base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados.” Y, a propósito de ello, cita dos sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos...

La sentencia que considera inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para combatir la crisis sanitaria prescindió de varios párrafos de la ponencia inicial que se mostraban comprensivos con la voluntad del Gobierno para salvar vidas, si bien eso no afectaba al sentido final del fallo del Tribunal Constitucional.

No son pocas las ocasiones en las que los periodistas, que rara vez tienen conocimientos profundos sobre materias específicas si no se han especializado, confunden términos jurídicos o presentan erróneamente los aspectos propios de alguna figura regulada por la normativa. Sin embargo, hay determinados casos en los que se llega a destrozar con un exposición fallida el régimen jurídico de instituciones que deben ser conocidas por la población teniendo presente su gran utilidad social.

El PSOE ha hecho una ampliación al programa que ayer avanzábamos en eldiario.es para incluir un párrafo sobre política territorial tras las críticas recibidas por el retroceso frente al texto presentado en abril. Así, han incluido el siguiente matiz: "Al menos desde 2003, en Santillana del Mar, el PSOE se ha comprometido a las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno, luego concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de 2017".

La institución considera que, "al margen de la consideración sobre el origen y el fundamento de la concesión del título,..lo que se plantea es la tramitación de un procedimiento administrativo" dentro de la norma. La ARMH pidió la anulación de la sucesión por considerarlo discriminatorio hacia las víctimas de la dictadura y el "genocidio" del dictador..