La actividad memorialista del Ejecutivo continúa a pleno rendimiento. Sólo un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, en el seno del Gobierno ya se han puesto manos a la obra para diseñar el nuevo armazón jurídico sobre el que se apoyará el futuro próximo de Cuelgamuros. Los trabajos, de los que ahora mismo se está encargando la Secretaría de Estado de Memoria, buscan desmontar y sustituir el excepcional régimen sobre el que se ha asentado durante décadas el complejo monumental. Un marco normativo, construido

El Gobierno quiere pactar la expulsión de los benedictinos para evitar una guerra con los obispos. Se baraja un párroco designado por el Arzobispado de Madrid o una comunidad laica como Sant Egidio. Moncloa busca banderas electorales para movilizar el voto de la izquierda. La llamada Ley de Memoria Democrática es sin duda una de las bazas con que los socialistas pueden sacar rédito. Pedro Sánchez encontró su hito histórico en la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos en 2019.

La organización bajo la que están pidiendo dinero las excomulgadas, en forma de crowdfunding, no figura como tal en el Registro Nacional de Asociaciones y, por lo tanto, no existe como figura jurídica.

El obispo excomulgado, Pablo Rojas, y el cura coctelero, José Ceacero, ya no están en el monasterio de Belorado,en Burgos, después de que las diez monjas excomulgadas hayan solicitado su salida el pasado sábado.

El origen del escándalo se remonta a la llegada a Belorado (Burgos) de un hombre que se hacía pasar por obispo y otro que actuaba como cura coctelero. Ambos lograron ganarse la confianza de la comunidad religiosa y de las hermanas del convento, presentándose como figuras de autoridad eclesiástica. Sin embargo, sus acciones y comportamientos pronto despertaron sospechas.

La Pía Unión Sancti Pauli Apostoli -bajo cuya tutela se han puesto las clarisas de Belorado y Orduña- ha acusado al Arzobispado de Burgos de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la comunidad religiosa a través de la excomunión y quedarse con los conventos, y ha avanzado que no entregarán las llaves ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico.

Las monjas de Belorado y sus directores espirituales han confirmado que solo saldrán del convento cuando un juez se lo ordene. Desde hace dos semanas, Roma decidió intervenir y nombró una comisión para reconducir la situación e instar a las religiosas y los pseudocuras a abandonar un bien que, pese a que dicen es propiedad de las monjas, la realidad es que al abandonar la fe conciliar y abjurar de la jurisdicción romana, pasa de propiedad de la comunidad a ser un bien de la Federación de Clarisas.

El Consejo de Ministros aprueba la creación de una Comisión interministerial para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, que se pondrá en marcha en el plazo de un mes.

“Si no pueden vender los conventos, venderán los cuadros, o los cálices… o el retablo barroco de Belorado”. El temor se ha instalado en amplios sectores del Arzobispado de Burgos, de las clarisas y de la misma Conferencia Episcopal, ante la posibilidad de que, una vez consumado el cisma, las monjas ‘díscolas’ de Belorado y su nuevo ‘Papa’, el obispo excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco, pretenda poner a la venta algunos de los objetos de valor presentes en los conventos de Belorado, Orduña o Derio.