Este 16 de mayo se cumplirán cuatro años de la muerte del exalcalde de Córdoba y líder político de la izquierda española Julio Anguita. Y, en su memoria, la capital cordobesa acogerá unas jornadas que abordan los conflictos bélicos actuales en el mundo, situaciones como las de Gaza o Ucrania, en un análisis por la búsqueda de la paz.“Malditas sean las guerras” -la ya célebre frase que pronunció en público Anguita al conocer la muerte de su hijo, el periodista Julio Anguita Parrado, en la guerra de Irak-, es el lema de estas jornadas

La memoria histórica del PP está un poco escorada. Parecen tenerlo muy claro con respecto a ETA, pero no tan claro con respecto a Franco. La ONU ha pedido a España que tome “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos”.

“Lo que dice ese informe es mentira, debería haber más seriedad. Esto deja en mal lugar a la ONU, que no ha contado con Aragón para hacer este informe”, señala Azcón. Naciones Unidas a lo que hace referencia en su texto es a la norma que el Gobierno de Aragón aprobó para derogar la ley de memoria que estaba vigente. El PP ha optado por cargar con dureza contra la ONU frente al duro informe de este organismo contra la decisión del PP y Vox de derogar las leyes de memoria histórica en varias comunidades donde gobiernan juntos ―Castilla y León, A

Naciones Unidas responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes aprobadas por PP y Vox en Aragón y en trámite en Castilla y León y Comunitat Valenciana "Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe.

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir”.

Los gobiernos autonómicos de PP y Vox han encontrado un nuevo enemigo contra el que atizar en lo que ellos consideran una "guerra cultural": las leyes de memoria democrática. Tras las elecciones del pasado 28M, los populares entraron en seis parlamentos regionales de la mano de la extrema derecha. La formación ultra puso como condición derogar todos los avances cosechados en el reconocimiento de las víctimas del franquismo. El País Valencià, Aragón, Illes Balears y Castilla y León tramitan ahora por la vía urgente unas "leyes de la concordia".

En conmemoración del aniversario de la II República, la ARMH de Valladolid ha enterrado los restos de 199 víctimas del golpe de Estado tras un importante ejercicio de exhumación de fosas comunes.

El ministro de Derechos Sociales pidió perdón a la comunidad por la violencia y la discriminación que sufren

La plataforma de asociaciones por el derribo del Monumento a los Caídos de Pamplona considera que "no existe ninguna resignificación posible de este símbolo" y que su demolición "es la mayor y mejor acción humana, social y educativa en favor de la memoria democrática y de la de quienes aún continúan enterrados en las cunetas".

El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a las Naciones Unidas, al Parlamento europeo y el Consejo de Europa su ofensiva contra gobiernos autonómicos de PP y Vox por la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón y las llamadas leyes de concordia presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Aunque derogar las leyes es una de las medidas estrella de los pactos rubricados por las derechas, los populares siempre han defendido sustituir la norma estatal por una ley de “reconciliación” y han llegado a equiparar la dictadura y la Segunda República obviando que lo que se produjo fue un golpe militar contra la democracia. El modus operandi está siendo el mismo en todos los casos: las derechas defienden que las normas vigentes reabren heridas, “dividen en bandos” a la sociedad y promueven “una visión sesgada” de la historia.

La comunidad de propietarios del piso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su novio, Alberto González Amador, propiedad de la pareja sentimental de la responsable de Sol, incumple la Ley de Memoria Democrática, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com. Concretamente, en el inmueble hay una placa del Ministerio de la Vivienda de la dictadura y la vivienda social, haciendo así caso omiso a la normativa vigente.

La Comisión Cívica de Alicante considera que este proyecto "desvirtúa" por completo la intención que tiene el busto de Dickson de preservar la memoria histórica de los alicantinos "represaliados por la dictadura franquista".

La mayoría absoluta que el PSdeG-PSOE ostenta en el municipio coruñés de Neda ha sido suficiente para denegar una moción del BNG que pedía la eliminación de la Cruz de los Caídos franquista de una de las plazas centrales del ayuntamiento. De hecho, solamente el Partido Socialista se negó a que se echase abajo uno de los restos más visibles de la dictadura en esta villa marinera: hasta el Partido Popular votó a favor junto al BNG y Moveneda

Hay masivas movilizaciones en todo el país contra la postura del gobierno sobre la dictadura cívico-militar. La concentración en la Plaza de Mayo es multitudinaria, una de las mayores de los 40 años de democracia. Nutrida presencia de jóvenes. Los organismos de Derechos Humanos dieron a conocer un documento.

El hijo de Antonio Luis Baena Tocón pedía que se borraran 18 enlaces en los que aparecía su padre porque sostenía que contenían informaciones inexactas. La Audiencia Nacional rechazó la petición y ahora el Tribunal Supremo confirma la decisión. Dice el alto tribunal que las personas fallecidas también tienen derecho al olvido, pero que ese derecho hay que ponderarlo con otros que hay en juego como son "libertad de expresión e información, cumplimiento de una obligación legal y datos referidos a archivos o investigaciones científicas e histórica